Oviedo, se puede estar contra su Gobierno y con la ley

Ministro Marco Antonio Oviedo: Su advertencia tuvo dos partes. La que circuló fue esta: “Tienen dos opciones. O están con la ley, con el desarrollo de nuestra patria, con la convivencia pacífica entre los bolivianos, o están con el delito, con el narcoterrorismo y otro tipo de delitos de deshumanidad”.

La segunda pasó casi inadvertida: “A los que están del lado bueno, nosotros trabajaremos junto a ellos para tratar que nuestra patria salga del momento económico tan difícil que está. A los que se quedan del lado del delito, los vamos a combatir incesantemente hasta lograr nuestros objetivos”.

Si usted hubiera dicho sólo: “la ley o el delito”, habría poco que objetar. Quien no delinque está con la ley aunque vote contra su Gobierno, lo critique cada semana o marche contra sus decretos.

El problema está en lo que agregó. En el bando de la ley colocó “el desarrollo de nuestra patria” y, a quienes estén en él, les prometió trabajar juntos para salir de la crisis. Dicho por un ministro, suena a una invitación a sumarse a su Gobierno. Si se lee así, cumplir la ley y apoyar al Gobierno quedan del mismo lado. Del otro lado están el delito y el narcoterrorismo, y ahí puede terminar cualquier ciudadano que no se sume.

Esa división borra una posición que la Constitución protege: estar contra el Gobierno y estar con la ley. Los bolivianos tenemos derecho a expresarnos libremente, a reunirnos y organizarnos con fines lícitos y a controlar a quienes ejercen el poder (artículos 21 y 26). Controlar el poder incluye oponerse a él. Usted, como cualquier ministro, está sometido a esas mismas normas.

La cadena que falta

La advertencia tiene antecedentes. En mayo usted denunció que los bloqueos se movían con “plata” para que “caiga el Gobierno”. En junio atribuyó la violencia a personas enviadas y financiadas por Evo Morales. Después afirmó que los 53 días de bloqueo fueron financiados por el “narcoterrorismo” y que la Policía había encontrado más de Bs 8 millones vinculados a ese financiamiento.

Esa conclusión exige probar tres pasos. Encontrar dinero no prueba su origen ilícito. Probar el origen ilícito no revela quién financió una protesta. Y demostrar un financiamiento ilegal no convierte una movilización en terrorismo. Cada paso necesita su propia prueba, y la cadena completa se sostiene ante un juez.

Nada de esto exime a quien delinque durante una protesta. Quien agredió, destruyó bienes o financió ilegalmente un bloqueo debe responder por lo que hizo. Lo que no cabe es colgar a toda una movilización la etiqueta más grave del repertorio y esperar que cada participante demuestre que no la merece. La responsabilidad penal es individual: hay que probar quién hizo qué, con qué dinero y para qué.

Un delito que no existe

El Código Penal castiga el terrorismo y su financiamiento. Otra ley castiga el narcotráfico. El “narcoterrorismo”, como tal, no figura como delito en ninguna de ellas.
El Gobierno podrá responder que usa la palabra para describir una alianza entre narcotráfico y terrorismo, y que acusará por cada delito por separado. Es una respuesta válida, pero tiene un costo, cada delito debe probarse por sí mismo.

Para hablar de terrorismo no basta un bloqueo, por largo que sea, porque la ley exige demostrar una finalidad concreta, como sembrar alarma en la población o alterar el orden constitucional. El mismo artículo aclara, además, que no son terrorismo las acciones que buscan defender o ejercer derechos humanos, sociales o constitucionales. Usar la etiqueta antes de tener esas pruebas invierte el orden del proceso.

Ese orden está en la Constitución. Toda persona se presume inocente, y nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado y juzgado con todas las garantías, ni castigado sin una sentencia firme de un juez (artículos 116 y 117). Ninguna de esas garantías depende del lado en que su Gobierno ubique a una persona.

Lo que queda por probar

El caso del fiscal general muestra por qué esas garantías importan. Según su versión, el operativo del 1 de octubre dejó 14 aprehendidos, entre ellos Roger Mariaca, y la Policía incautó más de Bs 3 millones y 10.000 dólares en una ambulancia que salía de su casa.
Si las acusaciones se confirman, la institución encargada de perseguir el narcotráfico lo habría protegido desde adentro. Es un caso grave y debe investigarse hasta el final.

Pero usted afirmó en conferencia de prensa, horas después de las aprehensiones, que “Roger Mariaca encabeza una organización criminal”. Lo dijo como un hecho, antes de cualquier acusación formal ante un juez y mucho antes de una sentencia.

Nada de eso obliga a elegir entre su Gobierno y el delito. Se puede pedir cárcel para los culpables y debido proceso para los acusados. Se puede respaldar la lucha contra el narcotráfico y rechazar, al mismo tiempo, sus decretos y su manera de nombrar a quienes protestan.

La pregunta que deja su advertencia es otra: ¿Qué delito atribuyen, qué pruebas tienen y qué juez determinará la responsabilidad? Porque en democracia nadie tiene que estar con el Gobierno para estar con la ley.