Encrucijada: el anzuelo salvavidas de Trump

El gobierno de Trump, muy al estilo prepotente al que está acostumbrado, acaba de lanzar una lista de “desvisados” en la que incluye (entre otros), nada menos que al Fiscal general de la nación Roger Mariaca; un corrupto que hacía de las suyas en total impunidad, precisamente porque se sentía protegido e intocable por su alto cargo.

Tal decisión ya ha sido interpretada de muy diversas maneras, no solo porque afecta múltiples intereses, sino también por el mensaje y las consecuencias que implica y contrae.

Es por ello que, al margen de causar un gran revuelo; adicionalmente ha provocado un gran remezón en la justicia, la política, la democracia y hasta la gobernabilidad en nuestro país.

En otras circunstancias, un anuncio de este tipo quizás hubiera pasado desapercibido. Pero producido en el estado de crisis y desasosiego en el que nos encontramos, con un gobierno profundamente incompetente, improvisado y corrupto que no tiene norte ni perspectiva, y una situación económica cada vez peor que está afectando y degradándose aceleradamente en el empobrecimiento y la pérdida agobiante del valor adquisitivo de los ingresos familiares, el desempleo creciente y el encarecimiento brutal a bienes esenciales de subsistencia para la mayoría nacional; resulta que tal anuncio norteamericano resulta precursor de insospechadas consecuencias.

No hay que olvidar que el anuncio del Departamento de Estado en contra del Fiscal general quién, como todos sabemos, estaba poniendo contra las cuerdas al gobierno de Paz Pereira por su vinculación evidente con el narcotráfico, el tráfico de influencias, el tráfico ilegal de oro, etc., que emergieron con mayor virulencia como consecuencia del caso Cerimedo; resulta indudablemente que (a título de “luchar contra el narco terrorismo”), haya terminado siendo un enorme salvavidas que el gobierno de Trump le ofrece al gobierno de Paz Pereira, porque le da una gran oportunidad (pero al mismo tiempo una poderosa arma), para librarse de semejante amenaza que puede (o pudo) haberse constituido en el principal factor de desestabilización y hasta derrocamiento del actual gobierno, por esos evidentes y muy claros indicios de corrupción que lo ligan y derivan del caso Cerimedo y sus ramificaciones.

Al mismo tiempo (y al margen de que tal “desvisado” también pueden ser leído como una feroz sacudida por la total falta de acción en contra de la impunidad reinante, la corrupción y el desempeño de fiscales, policías y jueces que delinquen a la luz del día, sin que ninguna autoridad gubernamental e incluso legislativa ponga coto); también dicha decisión puede ser entendida como un anzuelo para secuestrar y terminar asegurando una total subordinación y dependencia del gobierno de Paz Pereira a sus directrices e intereses (mismos no precisamente tan vinculados a la justicia o algún valor moral destacable, sino a los recursos estratégicos y de dominio colonial que se busca imponer por medio del llamado “escudo de las américas” recientemente creado).

No por nada, luego de tan prepotente decisión, no tardó en hacer conocer “su firme respaldo” a la insospechada decisión del gobierno de Paz Pereira al detener y poner tras rejas al fiscal Mariaca. Es decir, se exteriorizó un hecho que para un gobierno cipayo y servil como públicamente ya se ha mostrado el régimen de Paz Pereira, lo traduce como “un gran espaldarazo” a su debilucha situación, siendo que en realidad no es otra cosa que un pequeño botellón de oxígeno, a ver si puede servir para transitar en la cada vez más débil cuerda floja en la que se encuentra.

Ahora bien, aquella decisión norteamericana que ya ha sido aprovechada por el gobierno para detener al fiscal Mariaca y descabezar el ministerio público (con cuyo operativo surge en el imaginario nacional la legítima sospecha de que se trate de un astuto acto preventivo y precautorio para evitar, anular y evadir la justicia y toda posibilidad de que prospere ningún enjuiciamiento contra la corrupción gubernamental cuyos graves antecedentes cursan y que la fiscalía tenía en sus manos); resulta que el gobierno ha decidido hacerlo ver como si se tratase de un momento histórico de lucha contra la corrupción, que le permite mostrarse como un gobierno probo que pretende recrearse como un referente de legalidad y justicia.

Lo cierto (y hay que decirlo), tan controvertida como enrevesada situación que (como se ha podido advertir) puede derivar en muchas y diversas salidas, y que seguramente entrañará una furibunda disputa de intereses encontrados; evidentemente contrae una gran oportunidad nacional (quizás única) para que efectivamente se produzca (en el país y no solamente en la cartelera inventada), aquella larga e histórica tarea para renovar y transformar el ministerio público, la policía y la propia justicia; comenzando por esclarecer, alumbrar y resolver los gravísimos casos de narcotráfico y corrupción que nos aquejan y están convirtiendo al país en un Estado corrupto. Para que ello suceda, en vez de convertirse únicamente en un instrumento de sustitución de mafias empoderadas (tal como puede terminar derivando y cuya tentación e inclinación ya comenzaron a mostrarse en el gobierno, el poder Legislativo, e inclusive la Vicepresidencia); es evidente e indispensable que será necesaria una gran dosis de coraje (no de cipayismo porque la salvación nunca vendrá de afuera), pero sobre todo de dignidad, independencia y sentido de soberanía nacional, que lamentablemente (seamos sinceros) han estado totalmente ausentes del escenario político y gubernamental, donde más bien prevalecen intereses y disputas de las más miserables.

Los intereses y fuerzas en juego son tan grandes, que no se puede dejar de ver que inclusive han propiciado la acción nada menos que del gobierno de los EE.UU.

Por de pronto, la amenaza lanzada por el ministro de gobierno, no sólo refleja una advertencia contra todos los bolivianos quienes ellos, unilateral y discrecionalmente, deciden que “no están con la justicia y la legalidad”; sino que es una clara develación de un carácter autoritario excluyente muy peligroso que puede inclusive traducirse como antidemocrático y dictatorial.

Mientras tanto, todo el resto del país ha quedado pendiente y muy atento, puesto que para encarar y deshacerse de las graves tentaciones e intenciones que nos alejen de la oportunidad histórica que surge, evidentemente existe una oportunidad inapreciable que cumpla con los valores y principios anteriormente descritos. La clase política y el gobierno tienen la palabra. El pueblo espera.

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba Octubre 2026