Santistevan admite que el operativo contra el fiscal general se hizo sin fiscales: «Se rompe la norma»

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, reconoció que el operativo en el que fueron aprehendidos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se ejecutó sin fiscales.

“Se estaban yendo contra el Ministerio Público”, explicó en una entrevista en Gigavisión, la madrugada del jueves. Y lo justificó: “Hay situaciones en el que se rompe la norma, pero para preservar el bien mayor, que es el objetivo”. Sin embargo, no dijo cuál es ese bien mayor.

Policías de inteligencia interceptaron a Mariaca y a Zeballos en el aeropuerto de Viru Viru la noche del miércoles 30 de septiembre, cuando llegaban de Sucre. Horas después, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue detenido en Sopocachi, La Paz. El Deber reportó además las aprehensiones del fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores y del capitán Rubén Aparicio Villarroel.

Santistevan es funcionario de la Gobernación, no de la Policía ni del Ministerio de Gobierno. Según Red Uno, atribuyó la ejecución a los sistemas de inteligencia nacional. En la entrevista dio por hechas esas aprehensiones y la de tres policías en servicio activo: Aparicio, Morales y Cabrera.

El Deber informó por separado sobre el coronel Ángel Morales, exdirector nacional de la Felcn, sin que conste que se trate de la misma persona. Sobre el exviceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera, admitió que no se sabía si estaba detenido.

Sin orden a la vista

La Fiscalía denunció el procedimiento mientras ocurría. En una transmisión en vivo, sus funcionarios afirmaron que Mariaca fue retenido de manera informal, sin que se presentara documento ni orden de aprehensión.

Esa misma noche, efectivos del Centro Especial de Inteligencia Policial entraron a la Fiscalía General en Sucre y declararon aprehendidos a quienes transmitían. Fueron liberados horas más tarde.

El secretario defendió también esos arrestos. Según dijo, quien obstaculiza un operativo de interés del Estado queda sujeto a ser detenido, aunque sea autoridad. Explicó que la Policía resguardaba en las oficinas fiscales los elementos que pudieran servir como prueba, “porque si no las cosas desaparecen”. Comparó el procedimiento con la captura de Sebastián Marset, que según él tampoco contó con fiscales.

El Gobierno y la Policía no habían difundido al amanecer los motivos de las aprehensiones. Una fuente del Ministerio de Gobierno que pidió reserva confirmó a AFP la detención de Mariaca. Tampoco se conocía oficialmente qué autoridad dispuso el operativo ni adónde fueron llevados los aprehendidos. Santistevan dijo que el Ministerio Público debía contar de inmediato con un fiscal interino, no se ha informado si ya fue designado.

Dos días antes, el Gobierno había hablado de pruebas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que las acusaciones de Washington eran serias y debían sustentarse con evidencia. El Ejecutivo anunció que pediría a Estados Unidos los elementos que las respaldan. Se desconoce si llegaron.

Extradiciones sin solicitud conocida

El Departamento de Estado acusó a Mariaca de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades del narcotráfico, y le revocó la visa. El Fiscalcalificó la medida como “injerencia” y “presión política”.

Santistevan anticipó que algunos aprehendidos serán “extraditables”, requeridos por “el juez de Nueva York o de Washington”, y que otros serán investigados en Bolivia. No se ha divulgado ninguna solicitud formal.

Recomendó que el trámite no supere las 72 horas, sin explicar de dónde sale ese plazo. No existía confirmación oficial de que algún aprehendido fuera a ser entregado a Estados Unidos.

La base pública del caso son las declaraciones de Marset tras su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo. Santistevan afirmó que el uruguayo admite haber pagado 500.000 dólares mensuales a un fiscal y a un ministro.

Las versiones publicadas no coinciden en la periodicidad. Según La Razón, Marset dice que pagó 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y que contactó a Del Castillo mediante un policía.

Otro reporte recoge que el uruguayo habla de pagos mensuales a Del Castillo a través de un intermediario. Son afirmaciones del propio narcotraficante y deberán contrastarse con otras pruebas.

En la misma entrevista en que admitió que “se rompe la norma”, Santistevan advirtió que una extradición debe cumplir los procedimientos “para que no impugnen más adelante”.