Jerjes Justiniano acusa a Rodrigo Paz de violar la Constitución para frenar el caso Cerimedo

El abogado Jerjes Justiniano Atalá afirmó la noche del miércoles que la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se ejecutó sin orden judicial ni flagrancia. A su juicio, el Gobierno de Rodrigo Paz actuó para frenar la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo. Justiniano defiende a Nadia Beller, denunciante en ese proceso.

“En Bolivia no existe Estado de Derecho. En Bolivia no existe un Estado de legalidad”, declaró en una entrevista telefónica con Gigavisión. Dijo que el caso Cerimedo “venía calando muy hondo en el gobierno” y que por eso el Ejecutivo “ha decidido vender la soberanía legal de nuestra patria para que no se continúe investigando”. No aportó pruebas. Lo planteó como convicción personal: “Creo que había un caso judicial que lo estaba estorbando”.

Tampoco mencionó que, dos días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y lo acusó de recibir sobornos para facilitar el narcotráfico. Hasta la madrugada, ni el Gobierno ni la Policía habían explicado los motivos de las aprehensiones.

Sin orden ni flagrancia

Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru al llegar desde Sucre. Luego, efectivos policiales intervinieron la Fiscalía General en Sucre y se desplegaron en las sedes del Ministerio Público en Santa Cruz y La Paz.

El abogado sostuvo que la Policía solo puede aprehender sin orden judicial en flagrancia, es decir, cuando sorprende a alguien cometiendo un delito, y que ese no era el caso. Fuera de esa excepción, dijo, el Código de Procedimiento Penal exige que la Policía actúe «siempre» bajo control jurisdiccional, con aviso previo a un juez.

Ese aviso corresponde al Ministerio Público, la institución intervenida. Por eso descartó que hubiera órdenes de allanamiento: «No creo que Roger Mariaca o el Ministerio Público hubiese pedido al juez que se pueda allanar el propio Ministerio Público y la casa del Fiscal General».

Es una deducción del abogado. Claudia Pardo, jefa de comunicación de la Fiscalía, dijo a la AFP, ya arrestada, que los policías entraron sin orden de allanamiento y aprehendieron a todos los presentes.

Justiniano insistió en que no defiende a los fiscales. “Hay una lesión más allá de la persona del Fiscal General, es decir, más allá de Roger Mariaca, es una lesión a la institucionalidad”, afirmó.

Calificó el ingreso a las oficinas como allanamiento cometido por autoridad, un delito agravado. Añadió que, por la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, lo que la Policía obtenga en esos operativos carecería de validez como prueba.

Las pruebas del caso Cerimedo

El proceso contra Cerimedo comenzó con una denuncia de tentativa de feminicidio presentada por Beller. Justiniano acusó al Gobierno de estar “haciendo todas las cosas absolutamente mal para tapar actos de corrupción”, sin precisar cuáles. Infobae informó que el propio Mariaca mencionó el caso Cerimedo entre sus procesos tras la sanción estadounidense.

Durante la transmisión, el presentador leyó una publicación de Beller en redes sociales: “Policías allanaron la fiscalía sin orden judicial, van a desaparecer las pruebas contra Cerimedo”. Es una advertencia de la denunciante. En la entrevista no se presentaron elementos que indiquen que alguna prueba del caso haya sido eliminada o alterada.

El abogado relató que Beller le envió ese día un video grabado frente a su casa, sin custodia policial. “Cualquiera puede venir y tirarme cualquier cosa”, le habría escrito.

La cadena de mando y la soberanía

Justiniano extendió la responsabilidad penal a toda la estructura de mando: el presidente, el ministro de Gobierno, los comandantes nacional y departamental de la Policía y los agentes que participaron. “El señor Rodrigo Paz en este momento se ha transformado en un violador de la Constitución Política del Estado”, dijo.

Su acusación de cesión de soberanía descansa en un dato que no confirmó: “Dicen por ahí que vino la DEA”. No hay información oficial sobre la participación de esa agencia. En Viru Viru se reportó la presencia de efectivos de Inteligencia, de la unidad Delta y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

El abogado comparó el operativo con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Sostuvo que entonces la Policía entró a su casa sin orden judicial y lo entregó sin solicitud de extradición. La prensa boliviana describió aquel traslado como una extradición a Estados Unidos.

También contrastó la rapidez del operativo con la orden de aprehensión contra Evo Morales, que el actual Gobierno no ejecutó en casi once meses. “¿Tiene que venir la DEA para hacer cumplir eso?”, interrogó.

Gigavisión informó, sin poder confirmarlo, que el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo también habría sido detenido. Justiniano respondió: “Hasta el peor de los acusados merece un debido proceso”.

El abogado preguntó bajo qué figura legal “se los van a llevar”, porque no existe solicitud de extradición y la ley no permite expulsar a ciudadanos bolivianos.