EE.UU. quita visa a Mariaca por facilitar el narcotráfico; el fiscal denuncia injerencia por caso Cerimedo y otros

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó el lunes al fiscal general del Estado, Róger Mariaca, de abusar de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

En el mismo anuncio revocó las visas de otros 12 bolivianos y de sus familias. Esa misma noche, Mariaca atribuyó la medida a presiones externas contra sus investigaciones, sin responder a la acusación de soborno. El Gobierno de Rodrigo Paz no lo defendió ni pidió su salida, anunció que solicitará a Washington las pruebas de los señalamientos.

La medida contra Mariaca es de otra naturaleza que la aplicada a los demás. El Departamento de Estado lo designó públicamente bajo la sección 7031(c) de su ley de asignaciones. Ese mecanismo está reservado para funcionarios sobre quienes existe información creíble de corrupción significativa o de violaciones graves de derechos humanos.

Como consecuencia, Mariaca y su familia inmediata quedan, en general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos. Se trata de acusaciones del Gobierno estadounidense, no de una determinación judicial de culpabilidad.

El comunicado recuerda que Mariaca fue elegido en 2024 para un periodo de seis años, durante el gobierno de Luis Arce, y que antes dirigió la Fiscalía de Santa Cruz. Según AP, estaba al frente de esa fiscalía cuando el presunto capo uruguayo Sebastián Marset escapó de un operativo policial en 2023. La agencia añade que desde entonces Mariaca ha tenido choques con Paz.

Las otras 12 revocaciones se basan en el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa norma permite negar el ingreso a personas cuya entrada pueda tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

En el ámbito judicial, la lista incluye a los fiscales Martín Irusta, Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y Álvaro Nava. También figuran las juezas Albania Caballero y Rosario Flores, el juez Rodrigo Vedia, el magistrado constitucional Israel Campero Méndez y el exmagistrado suplente Iván Campero Villalba.

El resto de la lista incluye al exministro de Justicia Iván Lima, al expresidente interino de la Aduana Alberto Soto de la Vía, al coronel Frans William Cabrera, exdirector de la Felcn, y al empresario José Luis Iriarte.

Otros nueve bolivianos sin visa quedaron impedidos de obtenerla. Sus nombres no se publicaron. Las restricciones alcanzan también a Colombia, Ecuador y Perú, socios de la iniciativa Escudo de las Américas. Según AP, suman 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares en los cuatro países. Bolivia es el país con más personas señaladas.

Dos de los señalados ya habían sido apartados por el propio gobierno de Paz en las dos semanas previas. El 17 de septiembre, Paz dejó sin efecto por resolución suprema la designación de Soto de la Vía al frente de la Aduana, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. Cabrera fue relevado de la Inspectoría General de la Policía el 23 de septiembre, menos de un mes después de asumir.

Mariaca responde

Mariaca habló desde la sede de la Fiscalía General, en Sucre. Dijo respetar las decisiones soberanas de Estados Unidos. En el mismo mensaje advirtió que no aceptará que su trabajo «sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior».

También defendió su reputación personal: «No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes».

No respondió a la acusación de haber pedido y recibido sobornos. En su lugar sostuvo que su gestión «no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país».

Como ejemplo principal citó el caso Cerimedo, que según él «ha generado preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos». Después enumeró las investigaciones que seguirán abiertas.

En el caso Cerimedo mencionó el presunto intento de feminicidio, la presunta legitimación de ganancias ilícitas y una presunta relación con el narcotráfico. Añadió los casos Narcomaderas, Combustible Basura y El Crudo.

Para situar la decisión estadounidense, recordó la cancelación de la visa del expresidente Jaime Paz Zamora en 1996 y la crisis de 2008, tras la expulsión del embajador de Estados Unidos. Resumió su posición con una consigna, «Cooperación sí, injerencia no», y descartó dejar el cargo: «No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión».

Posición del Gobierno

El Ejecutivo fijó su postura en una conferencia de tres ministros. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó los señalamientos de «muy graves» y pidió que se esclarezcan con evidencia, cooperación internacional y debido proceso.

Propuso analizarlos por separado según se refieran a la defensa de la democracia, a la corrupción o al narcotráfico. Recordó que fue la Asamblea Legislativa la que designó al fiscal. Dijo que el Ejecutivo esperará información antes de pronunciarse sobre él.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se pedirá a Washington «información complementaria» y que se intensificarán las investigaciones sobre los afectados. Sobre Cabrera fue más concreto, confirmó que el coronel fue retirado de la Policía la semana anterior y que deberá someterse a la investigación que abre la institución.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo que el Gobierno respeta la política migratoria estadounidense. También afirmó que las actuaciones de la Fiscalía deben desarrollarse de forma independiente y conforme a la normativa. Describió el episodio como «un examen para nuestra institucionalidad democrática» y evitó referirse a casos concretos.