Legislativo avanza en $us 2.400 millones en créditos del FMI y el BID; Gobierno alista el fin de la subvención

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, por más de dos tercios y en sus dos estaciones, el crédito de DEG 1.369 millones, unos $us 1.900 millones, del Fondo Monetario Internacional (FMI). La votación tomó menos de media hora y no hubo debate. La norma pasó al Senado, cuyo presidente convocó a sesión para el viernes al mediodía con el fin de completar el trámite de revisión.

El desenlace exprés contrastó con la jornada previa. El ministro de Economía y Finanzas, Christian Morales, permaneció más de cinco horas ante el pleno, donde explicó el acuerdo y respondió preguntas de los diputados de los siete partidos con representación. Su participación concluyó a las 20:46.

Después, la consideración formal fue mecánica. Los diputados escucharon la lectura, aprobaron en grande, releyeron el texto y lo aprobaron en detalle. El presidente Rodrigo Paz había pedido la sanción antes de viajar a Estados Unidos, donde asistirá al 81 periodo de sesiones de Naciones Unidas.

Objeción constitucional

La única objeción de fondo no prosperó. El diputado Carlos Alarcón advirtió un posible conflicto legal y citó el artículo 320 de la Constitución, que impide al Estado aceptar imposiciones de organismos o bancos nacionales o extranjeros. Propuso modificar el proyecto. El pleno no consideró la observación y aprobó el texto como llegó del Ejecutivo.

El crédito del FMI llega por la Facilidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y se suma a otra operación externa cerrada esta semana. El Senado sancionó un préstamo de hasta $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social, cuyo contrato se firmó el 12 de marzo.

La norma pasó al Ejecutivo para su promulgación. Según el Ministerio de Economía, esos recursos buscan proteger el consumo energético de los hogares más vulnerables.

Desmentido a viceministro

El destino de los recursos del FMI recibió tres explicaciones. El viceministro del Tesoro, Oscar Navarro, dijo que servirían para pagar obligaciones salariales de fin de año. Morales lo desmintió en público y sostuvo que reforzarán las reservas.
El texto aprobado fija un tercer uso: respaldar «el programa integral de reformas económicas», según las condiciones del SAF.

Morales defendió el préstamo como base para «la reconstrucción de la economía» y ligó la estabilidad a la llegada de capitales. «Cuando afuera vean el sello del FMI, atraerá inversión extranjera», afirmó. Legisladores de oposición pidieron transparencia sobre el uso de los recursos.

Fin de la subvención

El paquete coincide con una medida que el Ejecutivo prepara por decreto, el retiro de la subvención al diésel que es escaso en Bolivia y en la mayoría de las ciudades se ven largas filas de camiones de alto tonelaje que esperan por días cargar el combustible.

Según lo anticipado, el fin de la subvención eliminaría el precio diferenciado, mantendría el IVA y el IT, y vendría con bonos de compensación. El objetivo declarado es frenar el contrabando. El decreto todavía no se emitió.

Riesgo económico y regresivo

El economista Gonzalo Colque describió los compromisos con el FMI como un ajuste de gran alcance, «fiscalmente necesario, pero económicamente riesgoso y socialmente regresivo».
Calcula que el programa busca reducir el déficit fiscal en 8,5 puntos del PIB en tres años, una meta que considera excepcional y «altamente inviable», con el mayor impacto en 2027.

Sostiene que el ajuste se concentraría en dos instrumentos: un alza de combustibles de entre 70% y 100% y una devaluación de la moneda.

En su lectura, el programa depende casi por completo de la eliminación de la subvención prevista para enero de 2027, y advierte que, si la medida fracasa, «no hay un plan B».

El costo recaería sobre los consumidores de diésel y gasolina, el transporte, la minería, la agroindustria, las familias de menores ingresos, los sectores informales y los trabajadores públicos.

Colque prevé una espiral inflacionaria, una recesión profunda y una pérdida de poder adquisitivo, y cuestiona que el programa fije límites explícitos para el desempleo, la pobreza o la recesión.
También sostiene que, aunque el acuerdo se presenta como estabilización macroeconómica, sentaría las bases de un modelo de libre mercado, con mayor participación del sector privado y de la inversión extranjera y un Estado reducido a un papel facilitador.

El excandidato a la Gobernación de Santa Cruz Otto Ritter llamó al crédito «un salvavidas para el Gobierno». Sostuvo que no es de libre disponibilidad y que llegará en desembolsos escalonados sujetos a condiciones.

Anticipó protestas del transporte si se levanta la subvención, puso en duda que los bonos compensen al sector y pidió que el Gobierno reduzca su gasto corriente.

El Senado tratará el crédito del FMI el viernes. Su presidente, Diego Ávila, dijo que la comisión de Planificación ya tiene la información para preparar el informe.