El ajuste con el FMI recaerá sobre las familias en 2026 y 2027, economista pide renegociar el acuerdo

El Gobierno difundió el memorándum que sustenta su programa de tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El plan concentra el peso del ajuste en 2026 y 2027, cuando la economía seguirá en contracción, y sus efectos recaerán, sobre todo, en las familias a través de los precios y el crédito.

El documento parte de una situación fiscal y externa deteriorada, con un déficit cercano al 11% del PIB en 2025, financiado por el Banco Central en un monto equivalente al 7% del producto, una deuda pública que superó el 80% del PIB y reservas internacionales en niveles críticos. A eso se suman la escasez de divisas y combustibles, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, una caída del PIB real de 1,6% en 2025 y el descenso sostenido de la producción de gas.

Para corregir esos desequilibrios, el programa compromete un ajuste fiscal de alrededor de 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. Fija en cero el nuevo crédito neto del Banco Central al sector público no financiero y utiliza la base monetaria como ancla. Avanza hacia un tipo de cambio más flexible y retira de forma gradual la subvención a los combustibles. También racionaliza la inversión pública y refuerza la supervisión bancaria.

El propio memorándum ubica la fase más dura al comienzo. La consolidación se concentra en los primeros años y coincide con la recesión. El documento proyecta que la actividad seguirá cayendo en 2026 y tocará su nivel mínimo en 2027, antes de recuperarse recién en 2028.

Por eso, 2026 y 2027 serán los años de mayor presión sobre los hogares, con inflación elevada, combustibles más caros, un ajuste cambiario que encarece los bienes importados y condiciones de crédito más restrictivas.

El combustible, centro del ajuste

La subvención a los combustibles es uno de los ejes del programa. Los precios quedan congelados durante 2026 y, desde enero de 2027, deberán avanzar hacia la recuperación de sus costos. El cambio golpeará primero al transporte y, por esa vía, a los alimentos, a las familias y a otros bienes.

El memorándum admite precios diferenciados por tipo de consumidor durante la transición. El análisis advierte que esa fórmula puede sostener incentivos al desvío y al arbitraje mientras coexistan varios precios para un mismo combustible.

La protección social es el mecanismo previsto para amortiguar el golpe, con un registro social unificado y ayudas focalizadas en los hogares de menores ingresos. El análisis identifica un desfase relevante, la subvención se retira en 2027 y el registro social unificado está proyectado para 2028.

El shock de precios llegaría antes que el sistema de focalización previsto para compensarlo, por lo que queda abierta la pregunta: ¿cómo se protegerá a las familias durante la transición?.

Crédito más caro y menos inversión

El programa eleva de forma progresiva los topes a las tasas de interés, con el objetivo de eliminarlos, y avanza también hacia la eliminación de los cupos de crédito. La medida puede alinear las tasas con el riesgo y la liquidez, pero también encarecer el financiamiento y restringir el acceso de microempresas, productores rurales y trabajadores independientes.

El Gobierno racionaliza la inversión pública y prevé cancelar proyectos de baja prioridad. El análisis advierte que un recorte indiscriminado puede profundizar la debilidad de una economía en recesión.

El programa confía en que el sector privado impulse la recuperación, algo que dependerá de que existan demanda, crédito, seguridad jurídica e infraestructura suficiente.

Renegociar el memorándum

El economista e investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, sostiene que el memorándum debería renegociarse antes de que el Congreso lo apruebe. Su reparo de fondo apunta a cómo se distribuyen los dólares escasos.

Colque sostiene que el acuerdo restringe el uso de reservas del Banco Central para importar combustibles y traslada esa compra a YPFB y al sector privado, mientras mantiene el pago de la deuda externa.

Según sus cálculos, la salida de divisas para la deuda aumentó y el uso para combustibles cayó, y en esa restricción ubica buena parte del desabastecimiento de diésel, por encima del precio por litro. La pregunta que deja planteada: ¿por qué el ahorro de dólares recae en los combustibles y no alcanza al servicio de la deuda?

Colque añade que el memorándum elimina la banda que impedía a los bancos vender dólares más de diez centavos por encima del tipo oficial, en línea con el régimen cambiario flexible del programa.

Otras de sus afirmaciones no figuran en el texto oficial analizado. Los ratios que compara sobre el uso de divisas son estimaciones propias y el retiro del arancel cero para importaciones agroindustriales que atribuye al acuerdo no aparece confirmado en el memorándum.

Colque atribuye el resultado a que el Gobierno negoció poco y aceptó condiciones demasiado exigentes. En su evaluación, la administración de Rodrigo Paz “le dio flojera negociar”, “dijo sí a todo” con tal de obtener el desembolso de 1.900 millones de dólares y lo hizo “sin entender la gravedad de lo que se puso por escrito”.

Por ello considera que aprobar el documento tal como está sería “un error histórico” y sostiene que el Fondo “debe estar esperando una contrapropuesta”.

El Gobierno, en cambio, presenta las reformas como decisiones soberanas. El acuerdo a nivel técnico fue alcanzado después de negociaciones con el Fondo entre mayo y julio de 2026, y su aprobación definitiva depende de las instancias correspondientes.

La primera etapa, la más exigente

El memorándum y Colque coinciden, desde ángulos distintos, en que la primera etapa del programa será la más dura. El documento proyecta contracción hasta 2027, inflación elevada, combustibles más caros y condiciones de crédito más estrictas, y el análisis concluye que el riesgo social de corto plazo es alto y que las garantías de protección quedan poco detalladas.

Colque va más allá y cuestiona la viabilidad de las condiciones, por lo que pide renegociarlas antes de su aprobación.

El uso de los cerca de 1.900 millones de dólares del programa requiere aprobación de la Asamblea Legislativa, mientras el cumplimiento del acuerdo estará sujeto a revisiones periódicas del FMI. La primera evaluación está prevista para diciembre de 2026. En ese proceso se pondrá a prueba si el programa puede cumplir sus metas sin trasladar una carga desproporcionada del ajuste a los hogares.