Abogado denuncia presión de la secretaria privada de Rodrigo Paz y deja la defensa de Cerimedo
Ramiro Vega, abogado de Fernando Cerimedo, dejó de atender oficialmente su defensa después de denunciar que Gilda Céspedes, secretaria privada del presidente Rodrigo Paz, pidió a su exesposa, Roxana Lizárraga, que él abandonara el caso, según contó en una entrevista en el programa “Bolivia en Contacto” con las periodistas Prisicila Quiroga y María Delgado.
“Me recomendó que tu prestigio se está arruinando al defenderlo al señor Cerimedo y que dejes ese caso”, relató Vega al referirse a lo que su exesposa, Roxana Lizárraga, le contó sobre la llamada que recibió el 9 de septiembre.
Agregó que Lizárraga le pidió abandonar la defensa por sus hijas porque tenía miedo. La versión sobre el contenido de esa conversación proviene de Lizárraga y no ha sido confirmada por Céspedes ni por la Presidencia.
Vega dijo que en un primer momento no quiso apartarse porque no tenía una instrucción directa de su cliente. Camino al penal de Chonchocoro, otra abogada le avisó que Cerimedo ya no quería sus servicios y que además pretendía retirar las acciones legales presentadas en su favor.
La confirmación llegó en una audiencia de acción de libertad. Vega contó que pidió al juez verificar el dato con el propio detenido, para no dejar la defensa sin que Cerimedo se lo dijera. El detenido, conectado a la audiencia, respondió que ya no quería contar con sus servicios.
Según relató Vega, el juez continuó la actuación pese a que Cerimedo no tenía abogado y posteriormente suspendió la audiencia para notificar a un defensor, una situación que el abogado calificó de irregular.
Entre las acciones que su cliente pidió retirar, Vega mencionó dos acciones de libertad, un incidente de nulidad de imputación, otro por los allanamientos y solicitudes de cambio de jurisdicción y de ejecución penal. Sostuvo que el pedido de retirarlas le fue comunicado a través de la abogada Margarita Arce.
El abogado vinculó estos hechos con dos fechas. El 4 de septiembre anunció que había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos audios y capturas de pantalla que, según él, respaldan la inocencia de Cerimedo. El 8 de septiembre se reunió con él en Chonchocoro, donde preparaban una declaración y una solicitud para que pudiera dar una entrevista a la prensa.
Durante una audiencia por videollamada, agregó, Cerimedo le escribió que las acciones de defensa podían estar complicando su situación. “No sé si esto está complicándome más”, fue el mensaje que, según Vega, quedó registrado en la pantalla.
En un encuentro posterior, la mañana del día de la entrevista, Cerimedo le habría confirmado que fue presionado y le pidió disculpas. Vega afirmó que a su cliente le advirtieron que no saldría de Chonchocoro hiciera lo que hiciera. Consultado sobre quién transmitió esa advertencia, respondió que Cerimedo mencionó a policías y guardias del penal, sin identificar a nadie. Dijo que no observó lesiones físicas, pero que lo vio “muy asustado” y aislado, y que considera que su seguridad podría estar en riesgo.
Vega vinculó su salida con un ataque contra él y contra Lizárraga difundido por medios que, según afirmó, están vinculados a grupos empresariales. Esas publicaciones recuperaron una sentencia de 2024 que condenó a la exministra por enriquecimiento ilícito, en un proceso por el manejo de dinero de una empresa que él administraba.
El abogado afirmó que fue investigado por los mismos hechos y sobreseído, y que la difusión, que llegó a nombrar a su hijo, busca restarle credibilidad. La entrevistadora le planteó que el propósito sería relacionarlo con el proceso de su exesposa para desacreditar su defensa, y Vega respondió que así lo entiende.
Para Vega, la secuencia responde a un intento coordinado de apartarlo y sacar el caso de los medios, que atribuye al Gobierno. Ubicó su origen el 4 de septiembre, cuando anunció que había presentado ante la CIDH audios y capturas de pantalla que, según él, respaldan la inocencia de Cerimedo. No difundió ese material en la entrevista.
El abogado planteó también la hipótesis de una negociación para que Cerimedo deje de presentar acciones. La sustentó con un caso de 2014 en el que, según dijo, a un detenido le ofrecieron detención domiciliaria a cambio de 30.000 dólares y de que él dejara la defensa.
Meses después, contó, ese cliente le dijo que pagó y no salió. Vega aclaró que ese antecedente es la base de su lectura y que no presentó pruebas de una negociación equivalente en el caso Cerimedo.
Sobre la defensa, precisó que oficialmente ya no atenderá los casos de Cerimedo mientras no se aclare la situación, aunque mantiene con él un acuerdo de lealtad. Recordó que había solicitado que Rodrigo Paz declarara en el proceso por enriquecimiento ilícito y que la Fiscalía no respondió a ese pedido.
Vega dijo que teme que le imputen hechos falsos y que responderá a cualquier ataque. Afirmó además que continuará hablando públicamente de aquello que Cerimedo le haya autorizado. Hasta el cierre de esta nota, ni la secretaria privada de la Presidencia ni el Gobierno se habían referido a sus afirmaciones.