Bolivia tocará fondo en 2027: ¿con qué dólares pagará los 1.900 millones del FMI?

Bolivia está por asumir una deuda de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y la pregunta que va más allá de aprobar el crédito es sencilla: con qué dólares lo pagará cuando toque devolverlo. El gas, que durante años trajo buena parte de esas divisas, ya no rinde como en su mejor época.

El escrutinio volvió esta semana sobre las condiciones del préstamo. El Gobierno envió a la Asamblea el proyecto de ley para aprobar el empréstito, pero no el paquete técnico completo, el que permite conocer las medidas que el país debe aplicar antes de recibir el dinero, las metas y los criterios con que se revisará el programa.

El Proyecto de Ley PL-723/25 aprueba 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, la moneda contable del Fondo, unos 1.900 millones de dólares. Es un monto alto: el 570 por ciento de la cuota de Bolivia en el organismo.

Cada desembolso se paga hasta en diez años, con cuatro años y medio de gracia antes de empezar a devolver el capital. La tasa base es del 3,479 por ciento, variable, y como el país pide mucho más que su cuota, se le suman recargos que la encarecen. Quien paga es el Tesoro General de la Nación, con recursos fiscales.

El préstamo llega cuando cae la producción de gas, bajan los ingresos por hidrocarburos y las reservas están débiles. Los 1.900 millones dan liquidez para aguantar, pero no resuelven el fondo: el país necesita nuevas fuentes de divisas para sostener sus pagos externos y, algún día, devolver este crédito.

Dólares exportados no llegan al Estado

La minería ocupa cada vez más un lugar preferente. Según el INE, en julio las exportaciones sumaron 1.421,3 millones de dólares, un 51 por ciento más que el mes anterior. Entre enero y julio, las ventas de plata subieron 172 por ciento y las de oro metálico 174 por ciento.

Hay un matiz que cambia la lectura. Se exporta más valor con menos volumen. En el primer semestre, algunos minerales registraron menores volúmenes de exportación pese al aumento del valor vendido, debido al alza de los precios internacionales. El flujo depende así de cotizaciones que Bolivia no controla. En mayo, con bloqueos, el oro exportado había caído 57 por ciento.

Conviene separar tres cosas que el debate mezcla: los dólares que genera una exportación, lo que el Estado recauda por impuestos y regalías, y las reservas del Banco Central. No todo dólar exportado llega a las cuentas públicas ni se vuelve reserva. Un exportador privado de oro suma divisas al país aunque pague pocos impuestos.

Una reserva no es un flujo

El litio y los nuevos pozos de gas están en la apuesta oficial, pero una reserva bajo tierra no es un flujo de dólares. Entre el recurso y la venta hay etapas: exploración, inversión, producción, procesamiento y comercialización. Un pozo en exploración no exporta hasta que produce. Contar esos dólares antes de que existan es contar con dinero que todavía no hay.

Sobre esos mismos sectores el programa promete cambios. El memorando plantea revisar las reglas tributarias y regulatorias de hidrocarburos y minería para atraer inversión privada y elevar la exploración, y quitar de a poco los topes a las exportaciones.

No hay, en lo que se conoce, ninguna cláusula que entregue el gas, el oro o el litio como garantía del préstamo. La discusión real es otra. Qué modelo se construye para generar esos dólares y cuánto del valor se queda en el país.

El ajuste viene con el crédito

Lo que ya se difundió muestra la magnitud del plan. El punto de partida es un déficit fiscal del 11 por ciento del PIB en 2025 y una deuda pública por encima del 80 por ciento. El Gobierno se compromete a recortar el déficit en torno a 8,5 puntos del PIB hasta 2029 y a dejar de financiarse con emisión del Banco Central.

El tipo de cambio irá hacia un régimen más flexible, el sistema financiero tendrá nuevas reglas de supervisión y las empresas estatales que pierden plata deberán reestructurarse. El Fondo revisará el cumplimiento cada tres meses, con una primera evaluación en diciembre de 2026.

El 2027, adiós subvención

El compromiso más sensible es el fin de la subvención a los combustibles. Los precios quedan congelados en 2026 y, desde enero de 2027, deberán cubrir su costo real, sin plata del Tesoro ni de las empresas estatales en el Presupuesto de ese año, con más ayuda social para amortiguar el golpe. El Gobierno defiende la medida como un sinceramiento de precios que abre la puerta a la importación privada.

La decisión toca directamente los dólares: Bolivia importa combustible y lo paga en divisas, así que gastar menos en subvención alivia la presión externa, aunque encarece la vida a los hogares y al aparato productivo.

El anticipo llegó en agosto, con el Decreto Supremo 5676, que subió el diésel a 18 bolivianos para los grandes consumidores y mantuvo 9,80 para el resto. Protestaron productores y transportistas, sectores productivos y logísticos vinculados a la actividad exportadora de los que el programa espera más divisas.

Aramayo en su laberinto

El manejo de esa medida mostró por qué pesa más el documento que las declaraciones. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo el 28 de agosto que el decreto del diésel era una condición del Fondo.

El 1 de septiembre lo negó: aclaró que para cerrar el acuerdo había que cumplir varias condiciones, pero que no existía una lista de exigencias específicas del organismo. El memorando sí compromete el fin de la subvención en 2027. Más allá de cómo se la llame, el Gobierno asumió ese compromiso dentro del programa.

¿Condición del FMI o decisión soberana?

La controversia sumó una arista constitucional. El exvocero presidencial de Luis Arce y analista político Jorge Richter sostuvo que los compromisos con el Fondo son inconstitucionales. Se apoya en el artículo 320 de la Constitución, que establece que el Estado no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre su política económica por parte de entidades multilaterales.

Que sean inconstitucionales es su interpretación, no un fallo, ningún tribunal se ha pronunciado. El Gobierno sostiene lo contrario, que son políticas decididas soberanamente por Bolivia. El propio memorando dice que las reformas no las impone nadie, y a la vez fija metas y revisiones del Fondo cada trimestre.

El punto abierto es jurídico: si los compromisos para acceder al dinero son los condicionamientos que el artículo 320 prohíbe o decisiones propias dentro de un acuerdo financiero. Eso no lo resuelve una declaración, sino el análisis del contenido.

Hay un dato que no depende de la interpretación, en junio, el propio Gobierno firmó con la Central Obrera Boliviana un acuerdo que cita el artículo 320 y promete cumplirlo. Meses después firmó un programa lleno de condiciones.

Tuto pide conocer todo

El 10 de septiembre, el jefe de la opositora Libre y expresidente Jorge Quiroga exigió publicar el acuerdo completo, no solo el anexo difundido. “Publiquen el acuerdo del FMI, no solo el anexo”, reclamó, y advirtió que esconder información termina mal.

El proyecto se apoya en el artículo 158 de la Constitución, que le da a la Asamblea el control del endeudamiento público y la aprobación de los créditos que comprometen las rentas del Estado. Algunas medidas previas ya figuran en el memorando, como la unificación cambiaria de junio de 2026, pero el paquete técnico completo todavía no es público.

El crédito compra tiempo

El acuerdo aún no rige. Necesita el voto de la Asamblea, el visto bueno del Directorio del FMI y el cumplimiento de las medidas previas. El entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el programa destrabaría más de 5.000 millones de dólares de otros organismos. Uno de ellos, la CAF, ya comprometió un marco de hasta 3.100 millones para 2025-2030, con el 15 por ciento, unos 465 millones, disponible en el corto plazo. Es financiamiento externo, no dólares nuevos ganados por las exportaciones.

El crédito compra tiempo y el ajuste ordena las cuentas. Lo que ninguno de los dos garantiza es que, cerrado el plazo, la economía genere las divisas para pagar esta deuda y las que ya carga, sin volver a pedir prestado.

El propio programa supone que la economía tocará fondo en 2027 y se recuperará desde 2028. De dónde saldrán los dólares que sostengan esa recuperación es, todavía, la pregunta sin responder.