Cheque en Blanco para el FMI: El proyecto de ley que el Gobierno quiere que la Asamblea apruebe a ciegas

El proyecto de ley que el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el 28 de agosto para autorizar un crédito de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) es la punta del iceberg de un acuerdo que compromete el futuro económico de Bolivia. El documento confirma la gravedad de la crisis y los términos financieros del préstamo, pero su principal implicancia es revelar la enorme opacidad que envuelve el núcleo del acuerdo: el programa de reformas.

Esa opacidad ya tiene una primera consecuencia conocida: el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció que el incremento del 84% en el precio del diésel para grandes compras es un «condicionamiento» del FMI para desembolsar el crédito, una medida que ya desató protestas de productores y alcaldes. El Ejecutivo pide al Legislativo aprobar el empréstito sin haber hecho público el memorándum de entendimiento que especifica las metas fiscales, cambiarias y de precios que Bolivia deberá cumplir, lo que, según analistas y opositores, constituye un «cheque en blanco» que vulnera el artículo 158 de la Constitución, que exige que la Asamblea conozca y fiscalice las condiciones de los créditos públicos.

De «no iré al FMI» a «aprueben a ciegas»

Durante la campaña electoral de 2025, Rodrigo Paz fue categórico en su rechazo a recurrir al FMI. En el debate presidencial del 12 de octubre de 2025, afirmó: «Una cosa está muy clara: yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12.000 millones de dólares». En una entrevista con EFE, el entonces candidato aseguró que su prioridad sería «ordenar la casa» sin acudir al organismo, pues consideraba que eso implicaría «meter una carga de deuda extraordinaria al país». Su lema de campaña era «Cuando la plata no se roba, alcanza».

Once meses después, el 28 de agosto de 2026, el presidente Paz remitió a la Asamblea el proyecto de ley que autoriza el crédito del FMI. El giro es total: de descartar el endeudamiento externo a solicitar al Legislativo la aprobación de un programa de reformas cuyos detalles no han sido revelados.

El ahora renunciado ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, intentó matizar aquellas declaraciones asegurando que Paz «no dijo que no acudiría al FMI», sino que «primero ordenamos la casa, luego vemos» y que su gobierno no acudiría al organismo «en primera instancia». La oposición ha calificado esta defensa como una justificación inconsistente.

Sin cronograma, sin metas, sin cláusulas: el proyecto que la Asamblea no puede fiscalizar

El proyecto de ley remitido al Congreso consta de un artículo único. En él se aprueba el empréstito y se autoriza al Ministerio de Economía a formalizar los actos necesarios. El anexo del proyecto detalla las condiciones financieras: tasa de interés anual del 3,479% (sujeta a variación según la cotización del DEG), plazo de repago de hasta 10 años y período de gracia de 4 años y 6 meses. Pero no incluye el cronograma de desembolsos, las metas trimestrales, las cláusulas de incumplimiento ni, fundamentalmente, las reformas que Bolivia deberá implementar.

El proyecto de ley, en su exposición de motivos, reconoce que Bolivia enfrenta «desequilibrios fiscales y externos», déficits fiscales persistentes, reducción de ingresos y exportaciones de hidrocarburos, disminución de la liquidez de las reservas internacionales, restricciones en la disponibilidad de divisas y presiones inflacionarias. Y establece que el crédito está destinado a «respaldar el programa integral de reformas económicas». Pero no especifica cuáles son esas reformas.

El diésel como punta de lanza: una condición del FMI

La opacidad del acuerdo comenzó a resquebrajarse el 2 de septiembre, cuando el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció públicamente que el incremento del 84% en el precio del diésel para grandes compras —una medida que ya desató protestas de transportistas, productores y alcaldes— es una condición del FMI.

El decreto 4966, vigente desde el 15 de agosto, eliminó el subsidio para quienes adquieran más de 250 litros diarios, elevando el precio de Bs 3,72 a Bs 7,86 por litro para ese segmento. Yáñez, presidente de la Asociación de Alcaldes de Bolivia, calificó la medida como un ajuste «en contra de los municipios» porque encarecerá el transporte de alimentos, desechos y materiales de construcción. La Federación de la Micro y Pequeña Empresa también expresó su rechazo.

El reconocimiento del ministro Aramayo confirma que las condiciones del FMI no son declaraciones genéricas, sino medidas concretas con impacto directo en la población. Y deja abierta la pregunta: ¿qué otras condiciones similares están ocultas en el memorándum de entendimiento que el Gobierno no ha hecho público?

El escándalo Cerimedo y la falta de transparencia

El proyecto de ley fue remitido a la Asamblea en medio de un escándalo político que sacude al Gobierno. El 18 de agosto, Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, fue detenido en Santa Cruz y enviado a prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio. Cerimedo, un consultor político argentino que también asesoró al presidente Javier Milei, enfrenta dos causas judiciales en Bolivia. La Justicia ratificó su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

El escándalo ha salpicado al presidente Paz y a su esposa, María Elena Urquidi. La oposición ha vinculado explícitamente el caso Cerimedo con la falta de transparencia del acuerdo con el FMI. El economista Gonzalo Colque ha señalado que el escándalo irrumpe «en un momento particularmente delicado» para el presidente, cuando el gobierno enfrenta una economía en emergencia, una Asamblea fragmentada y una conflictividad social creciente.

La coincidencia temporal es llamativa: el escándalo estalló el 18 de agosto y el proyecto de ley fue remitido el 28 de agosto. Fuentes periodísticas indican que la «Ley de Inversiones para convencer al FMI del desembolso rápido se ha trancado» en medio de la crisis política.

La oposición exige transparencia

El líder de la oposición, Jorge «Tuto» Quiroga, ha condicionado su respaldo al proyecto de ley a la publicación íntegra del acuerdo con el FMI. Quiroga exige que el Gobierno publique «el acuerdo técnico de una vez, con los anexos, con las condiciones técnicas, porque si no se van a enredar». El exmandatario ha demandado la publicación inmediata del contenido del acuerdo, incluyendo las «acciones previas» y los eventuales «compromisos debajo de la mesa».

Quiroga también ha pedido a Paz que admita haber mentido durante la campaña electoral, cuando prometió no acudir al FMI. «Publique, transparencia», ha insistido el líder opositor.

Un proyecto que vulnera la Constitución

El artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la instancia encargada de aprobar los créditos públicos y de fiscalizar su ejecución. En su parágrafo I, numeral 3, señala que es competencia de la Asamblea «aprobar, modificar o improbar el presupuesto general del Estado», y en los numerales 8 y 10 establece que debe aprobar los «empréstitos y las garantías» que contrate el Estado.

Según normas legales vigentes, como el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional no solo tiene la facultad, sino la obligación constitucional de conocer y evaluar las condiciones del crédito antes de aprobarlo. Un proyecto de ley que omite el programa de reformas al que está vinculado el crédito vulnera el espíritu y la letra de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El proyecto de ley remitido por el Ejecutivo no cumple con este requisito. Al omitir el programa de reformas, el Gobierno está pidiendo al Legislativo que apruebe un crédito sin la información necesaria para evaluarlo. Esto, según los analistas, constituye una vulneración del principio de reserva de ley y de la función fiscalizadora de la Asamblea.