Cerimedo: el poder de un asesor sin cargo

Rodrigo Paz reconoció que Fernando Cerimedo colaboró con él durante la campaña de 2025 y el inicio de su gobierno, pero negó que tuviera un cargo, un contrato o autorización para representar al Gobierno. Ese marco contrasta con un hecho que el argentino admitió ante la Fiscalía: en diciembre de 2025 participó junto con Nadia Beller en modificaciones al Decreto Supremo 5515, norma que habilita al presidente a ejercer funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentra fuera del país.

Ante la Fiscalía, Cerimedo reconoció que participó en la redacción y modificación del Decreto Supremo 5515. Bolivia Verifica señaló además que el consultor habría intervenido, como asesor externo, en la redacción y modificación de al menos otros documentos normativos vinculados a decisiones del Ejecutivo.

La relevancia de esa admisión está en el hecho concreto, Cerimedo reconoce haber intervenido en la elaboración de una norma estatal pese a que, según la versión oficial, no tenía un cargo dentro de la estructura del Gobierno.

Un asesor externo puede aconsejar a un presidente. Pero participar en la elaboración o modificación de una norma estatal plantea una pregunta distinta: ¿cuál era exactamente la función que Cerimedo cumplía dentro del entorno presidencial y hasta dónde llegaba su intervención?

La versión oficial no es una sola

Dentro del propio Gobierno, la definición del papel de Cerimedo varió. El entonces ministro de la Presidencia José Luis Lupo reconoció públicamente que el argentino asesoraba a Paz. El vicepresidente Edmand Lara lo describió como “asesor personal” del mandatario. El vocero presidencial José Luis Gálvez, en cambio, lo definió como un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña y sostuvo que posteriormente siguió colaborando en “temas concretos de comunicación”.

Gálvez también afirmó que Cerimedo no tenía cargo ni remuneración estatal. Paz sostuvo que nunca hubo un contrato y que el consultor jamás estuvo autorizado para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia.

La discusión, por tanto, no se reduce a cómo se denominaba a Cerimedo. El punto que debe aclararse es qué hacía efectivamente mientras mantenía acceso directo al presidente y a funcionarios del Ejecutivo.

Comunicación directa hasta junio

Las capturas del teléfono de Cerimedo, tomadas entre el 17 de abril y el 4 de junio de 2026 en distintos dispositivos, muestran un contacto rotulado “Rodrigo Paz Privado” fijado en la parte superior de la lista de chats, por encima de todos los demás.

Fijar un chat es una acción manual del usuario. Junto a ese contacto se registra una llamada el 17 de abril, una reacción con un emoji el 4 de junio y un mensaje que anticipa un encuentro para la mañana siguiente: “manana 8am estoy en l aofi”.

El registro no se limita al presidente. Alcanza a miembros del gabinete, actores políticos y personas vinculadas a instituciones públicas. La agenda que exhiben las capturas se extiende a ámbitos que exceden la comunicación política: combustible, defensa y control financiero.

El mapa de contactos

Fernando Aramayo, hoy ministro de la Presidencia y entonces canciller, figura con un mensaje del 4 de junio: “Gracias Bro y la próxima avísame porque…”. Aramayo asumió el Ministerio de la Presidencia el 3 de agosto; al momento del intercambio ya integraba el gabinete de Paz.

Aparece también Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz y aliado de Paz, designado embajador en Paraguay con aprobación del Senado el 13 de agosto. En la captura del 28 de abril, la vista previa de su chat dice: “Lo de mañana lo suspendo”. Una fuente del Ejecutivo, citada por la prensa, atribuyó a Camacho peso político por controlar un grupo parlamentario afín al Gobierno.

La lista incluye además un contacto rotulado “Ing. Ernesto Justiniano Zar”. Ernesto Justiniano asumió como ministro de Defensa el 2 de junio de 2026. La relación personal entre su esposa y el entorno familiar de un empresario vinculado al ilegal transporte de oro a Dubái fue señalada por Beller en sus denuncias y forma parte de otra línea de investigación.

A ellos se suman operadores con función identificable. Sebastián Daroca aparece rotulado con una referencia a YPFB, junto a la vista previa “como va”. Minutos después, en la misma lista, aparece un mensaje sobre cisternas: “La de cisternas que hable con Mercu…”.

Un contacto figura como “Barboza UiF”, cuyo sufijo remite a la Unidad de Investigaciones Financieras. También aparecen chats de comunicación política como “Piso 22 (ex vocería)” y “Voceros de guerra”.

Las capturas muestran esos contactos y mensajes, pero no permiten afirmar por sí solas que las conversaciones sobre YPFB y cisternas estén relacionadas entre sí. La proximidad temporal es un dato, la existencia de un vínculo entre ambos asuntos debe establecerse con el contenido de las conversaciones y otros documentos.

Instrucción, respuesta inmediata

Uno de los intercambios aporta un elemento distinto al simple registro de contactos. En una conversación identificada como “Piso 22 (ex vocería)”, después de una indicación de Cerimedo, el interlocutor responde: “Perfecto Fer lo hacemos inmediatamente”.

La respuesta muestra que, al menos en ese intercambio, una indicación de Cerimedo fue recibida por su interlocutor como una acción que debía ejecutarse de inmediato.

El contenido permite avanzar un paso respecto de la simple existencia de una comunicación, aunque todavía es necesario establecer con precisión qué instrucción impartió Cerimedo, quién estaba detrás del contacto y qué acción se realizó posteriormente. El dato, sin embargo, introduce una pregunta concreta sobre la naturaleza de su relación con quienes integraban o habían integrado la estructura de comunicación del Gobierno.

Operación que cruza fronteras

El material también expone una red que excede Bolivia. Figuran el analista financiero argentino Darío Epstein, la encuestadora DATUM, el grupo “Defensores del Perú” con mención a Panamericana TV, y una agenda hondureña con Radio Globo y Carlos Díaz Rosillo.

Una de las capturas, tomada en un dispositivo distinto y en modo avión, prescinde de la agenda boliviana y concentra contactos de consultoría electoral de Honduras y Argentina. El único contacto que permanece fijado en los distintos dispositivos es el rotulado como Paz.

Las capturas muestran comunicación directa y recurrente con una red que incluye al presidente, miembros del gabinete, actores políticos y operadores vinculados a distintas áreas del Estado. Uno de los intercambios muestra además una respuesta inmediata a una indicación de Cerimedo.

Eso no permite afirmar, por sí solo, que Cerimedo controlara una institución o determinara las decisiones del Gobierno. Pero sí permite distinguir entre una simple lista de contactos y conversaciones en las que aparece una relación funcional que debe ser examinada.

Las preguntas que quedan abiertas son verificables: qué se hablaba con cada interlocutor, quién iniciaba las comunicaciones, qué documentos recibía y enviaba Cerimedo, qué instrucciones impartía y si esas instrucciones eran ejecutadas. También corresponde determinar si sus conversaciones precedieron a decisiones estatales concretas.

La acusación de Beller

Las capturas fueron publicadas por Nadia Beller en su cuenta de Facebook. Beller es parte en el proceso: sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto de 2026, por el que acusa a Cerimedo, imputado por tentativa de feminicidio, y difundió el material como parte de sus denuncias.

En una entrevista posterior al atentado, Beller afirmó que Cerimedo participó en reuniones de gabinete y tuvo intervención en asuntos como combustible, tierras, oro y seguros. En esa misma declaración sostuvo: “aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”.

La frase expresa la interpretación de Beller sobre el papel del consultor. Su condición de parte interesada obliga a distinguir esa acusación de los hechos que pueden ser corroborados documentalmente. Pero su denuncia constituye una de las líneas de esta investigación porque algunas de sus afirmaciones pueden contrastarse con registros, declaraciones y documentos.

La pregunta

El Gobierno sostiene que Cerimedo no tuvo cargo, contrato ni autorización para representar al Ejecutivo y que su colaboración se concentró en la campaña y en asuntos concretos de comunicación.

El propio Cerimedo, sin embargo, reconoció ante la Fiscalía su participación en la modificación del Decreto Supremo 5515, mientras que las capturas de su teléfono muestran comunicación con el presidente, miembros del gabinete, actores políticos y contactos vinculados a distintas áreas estatales.

La evidencia disponible establece una diferencia entre la función formal que el Gobierno atribuye a Cerimedo y las actividades que él mismo reconoce y que aparecen registradas en su teléfono.

La cuestión, entonces, no es solamente a quién conocía Cerimedo. Es qué hacía dentro del poder una persona que, formalmente, no tenía cargo, contrato ni función estatal.