Paz niega poder a Cerimedo, que lo ejerció hasta el ataque a Beller

El presidente Rodrigo Paz reconoció que “este señor Fernando Cerimedo” trabajó en su campaña de segunda vuelta y al inicio de su Gobierno. Sin embargo, dijo que nunca hubo un contrato ni una relación de trabajo directa porque “no hay asesores principales”. Intentó alejarse del argentino porque, según afirmó, jamás tuvo autorización para representar al Estado ni a su familia.

La versión presidencial contrasta con declaraciones anteriores del propio Paz, con las afirmaciones posteriores de Cerimedo y con los testimonios de funcionarios que formaron parte de su Gobierno.

El mensaje de Paz, plantea preguntas sobre el alcance de esa relación. Si Cerimedo no tenía una función formal ni una relación de trabajo directa, ¿qué papel desempeñaba alrededor de la Presidencia y qué acceso tenía a funcionarios e información estatal? ¿Trabajó gratis, sin contrato y sin funciones específicas durante nueve meses?

Una de las situaciones que pone esas preguntas sobre la mesa ocurrió el lunes 17 de agosto. Mientras dos sicarios disparaban tres veces contra Nadia Beller a la salida de un hotel en Santa Cruz, un contacto guardado en el teléfono de Cerimedo con las siglas “ECG” le escribía en tiempo real: “En este momento le dispararon”, dice uno de los mensajes registrados alrededor de las 20:54, según el peritaje del IDIF incorporado a la causa.

Beller identificó a “ECG” como Erick Correa González, a quien señaló como jefe de inteligencia de la FELCN. Evo Morales sostuvo la misma identificación. Esa atribución todavía debe ser confirmada por la investigación. Lo que consta en el material pericial difundido es el intercambio entre Cerimedo y el contacto registrado como “ECG” inmediatamente después del ataque.

Contacto durante el ataque

La relevancia de ese intercambio está en la naturaleza de la información que recibió Cerimedo mientras se producía el ataque. La FELCN depende del Ministerio de Gobierno. Si “ECG” corresponde a un funcionario de inteligencia de esa fuerza, quedaría por establecer por qué un consultor que, según Paz, no tenía una relación de trabajo directa con el Gobierno mantenía ese canal de comunicación y qué información recibía a través de él.

El contenido del peritaje también registra una publicación previa al ataque en la que se habla de Beller y de la posibilidad de “eliminarla”. Esos mensajes forman parte de la investigación y fueron utilizados por la Fiscalía para sustentar la imputación.

El juez Wilson Espada dispuso 180 días de detención preventiva en Palmasola y trató a Cerimedo como probable autor de la tentativa de feminicidio, luego de rechazar el pedido de la defensa de anular el peritaje del teléfono.

La discusión sobre Cerimedo, por tanto, ya no se limita a determinar si tuvo o no un cargo dentro del Ejecutivo. El caso plantea también cómo se relacionaba con funcionarios públicos y qué acceso tenía a información vinculada con hechos que afectaban directamente a Beller.

De profesor a señor

La relación entre Paz y Cerimedo ya había generado una disputa durante la campaña electoral. El 6 de octubre de 2025 circularon imágenes de ambos en un restaurante. Paz reaccionó denunciando que él y su familia estaban siendo espiados y explicó la presencia del argentino diciendo que era profesor de su hija Catalina. Cuando se le preguntó si Cerimedo era su asesor, respondió que no.

Después de las elecciones, Cerimedo ofreció una versión diferente. El 21 de octubre, entrevistado por un medio argentino, reconoció que había asesorado la campaña de Paz. Más tarde habló públicamente de su participación en la estrategia electoral y se atribuyó haber derrotado a Jaime Durán Barba, estratega de Jorge Quiroga. En mayo de 2026, en una emisora argentina, se presentó directamente como “asesor personal del Presidente”.

La contradicción acompañó a Cerimedo hasta la Presidencia. Mientras Paz había negado durante la campaña que fuera su asesor, el argentino comenzó posteriormente a identificarse como asesor del mandatario. El Gobierno terminó reconociendo que había colaborado con Paz, aunque intentó diferenciar esa colaboración de la existencia de un cargo oficial.

La propia descripción de Paz en su mensaje del miércoles introduce un cambio respecto de aquella negativa. El presidente ya no dice que el profesor de su hija no tuvo relación con él, afirma que el “ese señor Cerimedo” trabajó en la segunda vuelta y que “no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del gobierno”.

Cerimedo dentro del Gobierno

La discusión pasó entonces de la campaña a la naturaleza de la relación que mantuvo con el Ejecutivo. Siete meses después del inicio de la gestión de Paz, en julio de 2026, durante el paro de la COB, el entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, describió a Cerimedo como asesor externo de Paz y dijo que trabajaba directamente con el presidente.

Lupo sostuvo que no era funcionario estatal ni tenía una oficina dentro de la estructura pública, lo definió como asesor “externo” y más tarde aceptó llamarlo “satélite”, y admitió que no sabía quién pagaba sus servicios.

Otros funcionarios utilizaron términos distintos para describirlo. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, reconoció su participación en la estrategia comunicacional del Gobierno, aunque dijo que no dependía de su ministerio y que desconocía quién cubría sus honorarios. Lupo, Espinoza, Aramayo y Zamora reconocieron su presencia alrededor del Gobierno y su participación en asuntos de comunicación, sin coincidir en la manera de definir su función.

El vocero José Luis Gálvez también negó que Cerimedo tuviera un cargo formal, pero reconoció que continuó colaborando en “temas concretos de comunicación”. Esa admisión es relevante porque Gálvez llegó al cargo hace tres meses, cuando Cerimedo ya llevaba meses vinculado al entorno presidencial.

En un programa de televisión, Gálvez además elogió a Cerimedo como un “excelente comunicador” y profesional, reconoció que fue enviado a hablar con el argentino para conocer lo que se había hecho en materia de comunicación. El dato muestra que, aunque el Gobierno negara la existencia de un cargo oficial, Cerimedo seguía siendo una referencia para funcionarios de la administración.

A esas descripciones se suma una más, la de la máxima autoridad de la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se refirió a Cerimedo como “asesor del presidente” al confirmar la imputación por tentativa de feminicidio.

Las versiones de Lara

El vicepresidente Edmand Lara describió una relación todavía más directa. Afirmó que vio a Cerimedo dar órdenes e instrucciones a ministros y sostuvo que el argentino participó en dos reuniones de gabinete, las dos únicas a las que a él, segundo cargo del Estado, le permitieron entrar. También dijo que tenía un despacho cerca del presidencial en el Palacio de Gobierno y desafió a Paz a un careo.

La afirmación de Lara contradice directamente la caracterización que Paz hace de Cerimedo. El presidente habla de un colaborador sin relación de trabajo directa y sin autorización para representar al Estado. El vicepresidente describe a una persona que impartía instrucciones a ministros y participaba en reuniones del gabinete.

La defensa de Cerimedo rechazó las acusaciones de Lara y anunció acciones contra el vicepresidente. La versión de Lara, por tanto, debe considerarse un testimonio que requiere corroboración independiente. Su valor para la controversia está en que procede de un integrante del propio Ejecutivo y se refiere a hechos ocurridos dentro de la estructura gubernamental.

A esa versión se suman otros registros. Beller sostuvo, en una entrevista con el canal argentino TN, que Cerimedo tenía una oficina en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, al lado del despacho presidencial.

El periodista Juan Carlos Arana relató lo mismo en una entrevista con un medio argentino. Fuentes citadas por Cabildeo Digital agregaron que ministros y hasta el presidente del Senado, Diego Ávila, debían pasar por Cerimedo para acceder a Paz, y que Lupo llegó a reclamar por una influencia que, a su juicio, lo había convertido en un “virtual jefe de Gobierno”.

El 26 de agosto, Beller difundió chats, ubicaciones y fotografías que, según sostuvo, colocan a Cerimedo en espacios del Gobierno al menos hasta julio, entre ellos una oficina, la residencia presidencial y el llamado “comando”. El Gobierno niega la existencia de la oficina. Esos elementos deben contrastarse con los registros oficiales de las reuniones y con quienes estuvieron presentes.

El cargo que el Gobierno niega

Las diferencias sobre la función de Cerimedo también aparecen en la documentación encontrada durante los allanamientos. Entre las tarjetas atribuidas al consultor figura la denominación “asesor principal” del presidente. El Gobierno negó que ese cargo existiera y Gálvez sostuvo que el Estado no había emitido esas tarjetas.

La existencia de una tarjeta no demuestra por sí sola que Cerimedo tuviera autoridad institucional. Sí establece una diferencia entre la forma en que se presentaba el consultor y la estructura formal que reconoce el Gobierno.

El problema es que la ausencia de un cargo formal no responde por sí sola a qué hacía Cerimedo. Las declaraciones de funcionarios lo ubican en asuntos de comunicación, otros registros lo vinculan con procesos normativos, Lara afirma que daba instrucciones a ministros, el fiscal general lo llamó asesor del presidente y el teléfono peritado contiene comunicaciones con un contacto que Beller identifica como jefe de inteligencia.

Frente a esas acusaciones, Paz introdujo una distinción: “el escándalo no es una prueba”. La frase opera como defensa ante lo que se dijo sobre su entorno. La detención de Cerimedo, en cambio, se apoya en el peritaje del teléfono que un juez validó.

La pregunta del financiamiento

El dinero introduce otra diferencia. La defensa de Cerimedo sostuvo que una consultoría financiada por la CAF estaba vinculada con su asesoría al presidente. La CAF negó esa relación el 19 de agosto.

El desmentido elimina esa explicación concreta, pero deja abierta la cuestión de bajo qué modalidad trabajaba Cerimedo alrededor del Ejecutivo y quién financiaba esa actividad. Ni Lupo ni Zamora supieron precisar quién le pagaba. La respuesta tampoco aparece en la afirmación presidencial de que “nunca hubo un contrato”.

La cuestión es especialmente relevante porque el Gobierno y la defensa del argentino utilizan categorías distintas para describir la relación. Un vínculo puede no constituir un contrato laboral con el Estado y, aun así, implicar una consultoría, una asesoría externa o algún otro mecanismo de prestación de servicios. Para determinarlo ya no hacen falta documentos.