Usurpación de funciones: Beller exige a Paz pronunciarse y pide investigar a Cerimedo por el mando de un grupo policial

Santa Cruz de la Sierra – Nadia Beller le exigió este sábado al presidente Rodrigo Paz que se pronuncie sobre Fernando Cerimedo y que aclare si el consultor argentino conservará atribuciones en el Gobierno. La abogada, baleada el 17 de agosto y dada de alta, planteó la pregunta que el mandatario no ha respondido públicamente. “¿Va a seguir Fernando con atribuciones en su gobierno?”, escribió en sus redes. Y fue más lejos: “no quiero pensar que va a consentir o que ve bien que su amigo y asesor personal haya querido matarme”.

La interpelación choca de frente con la versión que el Gobierno sostiene desde el atentado. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, el ministro de Obras, Públicas Mauricio Zamora y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo sostuvieron que Cerimedo no ocupa un cargo público, no cobra salario del Estado y ya no asesora a Paz.

Beller opone a esa versión un hecho que atribuye a la propia audiencia cautelar. Según ella, Cerimedo reconoció. ante el juez, que maneja un grupo de policías, y esos efectivos permanecerían en una casa de seguridad próxima al hotel donde la atacaron. “¿Es comandante? ¿Es ministro? ¿Qué espera el Ministerio Público para abrirle un proceso por usurpación de funciones? ¿Quién le dio esa autoridad?”, cuestionó.

El cuestionamiento llega un día después de que el juez Wilson Espada dispuso 180 días de detención preventiva para Cerimedo en el penal de Palmasola, por feminicidio en grado de tentativa y como presunto autor intelectual del ataque.

Espada rechazó los cuatro incidentes de nulidad de la defensa y admitió la pericia del teléfono para la cautelar. Cerimedo se declaró inocente y negó haber participado en el ataque. La afirmación sobre el mando del grupo policial es atribuida por Beller a lo dicho por Cerimedo en sala.

El silencio de Paz

Paz publicó el 18 de agosto, a las 22:11, un día después del ataque, su pronunciamiento sobre el atentado. Expresó solidaridad con Beller, dijo haber instruido una investigación transparente y pidió garantías para la víctima. No nombró a Cerimedo ni respondió a las acusaciones que Beller dirige contra su entorno íntimo.

Esas acusaciones apuntan a la primera dama, Vivi Urquidi, y a su familia. Beller sostiene que articulaban negocios en torno a la asignación de gasolina y diésel, y afirma haber filtrado un audio en el que Cerimedo conversa con Urquidi sobre el cobro de un boliviano por litro a cambio de otorgar cupos de distribución.

Extendió las acusaciones al comercio de oro y al manejo de las pólizas y corredores de seguros de las empresas estatales. Son denuncias de parte que no han sido establecidas como hechos por una investigación judicial.

Tres tramos en el celular

El desdoblamiento del celular de Cerimedo, ordenado por la fiscal Yolanda Aguilera, aportó elementos incorporados a la investigación. El 8 de agosto, Cerimedo pide a un contacto el número de la secretaria de alguien a quien llama “el tipo”. La respuesta anota “Cinthia secre”, que según el expediente correspondería a Cinthya Parra, una de las secretarias de Evo Morales.

El 13 de agosto, una anotación en la aplicación de notas del teléfono donde se plantea eliminar a Beller y se pregunta por alguien que pueda hacer el trabajo. La abogada de Cerimedo, Margarita Arce, sostiene que ese texto es una nota y no un chat. Es un monólogo, sin interlocutor.

El 17 de agosto, el seguimiento durante el ataque, según la reconstrucción difundida por la RED DTV, un interlocutor ubica a la víctima. Avisa que aún no ingresó, envía fotografías de la fachada y menciona a dos hombres en motocicleta. A las 20:54, en coincidencia con los disparos, escribe: “Hermano, en este momento le dispararon”. El mensaje fue enviado al teléfono de Cerimedo.

Un jefe policial señalado

Beller y Evo Morales identificaron a ese interlocutor, que figura con las iniciales ECG, como el teniente coronel Erick Correa González, jefe de Inteligencia de la FELCN. Morales afirmó que le informaba a Cerimedo minuto a minuto. Circularon imágenes del oficial en redes, y la RED DTV lo identificó de forma abierta.

Más de cinco días después, ni la Policía, ni el Ministerio de Gobierno, ni el Ejecutivo confirmaron, desmintieron o informaron alguna medida sobre el oficial. El contraste es con las Fuerzas Armadas, que ante el señalamiento a un exmilitar emitieron un comunicado para precisar que se había retirado en mayo y desligarse del caso. El vicepresidente Edmand Lara pidió que Correa sea citado a declarar.

Los mensajes fueron incorporados a la audiencia cautelar mediante la pericia del teléfono, admitida por el juez Wilson Espada para la cautelar. La autenticación forense de las conversaciones sigue en curso, y la Fiscalía deberá establecer el alcance de esas comunicaciones y el contexto en que se produjeron.

Usurpación de funciones

La denuncia sobre el grupo policial abre una línea jurídica distinta a la del feminicidio. La Constitución establece que la Policía Boliviana ejerce sus funciones bajo mando único, mientras que la legislación policial fija una estructura jerárquica para el ejercicio de la autoridad y el mando dentro de la institución.

El Código Penal, en su artículo 163 modificado por la Ley 1390, sanciona la usurpación de funciones cuando alguien ejerce funciones públicas sin nombramiento de autoridad competente, con agravación si se trata de funciones policiales.

La Ley Orgánica de la Policía reserva el mando a oficiales de carrera y exige ser boliviano de nacimiento incluso para el cargo de Comandante General, condición que Cerimedo, de nacionalidad argentina, no reúne.

Si la investigación establece que Cerimedo ejercía autoridad o impartía órdenes a policías sin contar con un cargo, nombramiento o habilitación legal, la Fiscalía deberá determinar quién le otorgó esas atribuciones, qué efectivos estaban bajo sus órdenes y si esos hechos se encuadran en el delito de usurpación de funciones.