La mitad que Rodrigo Paz eligió no ver

Un comunicado se define tanto por lo que dice como por lo que calla, y el de Rodrigo Paz sobre el ataque a Nadia Beller calla lo esencial.

Beller sobrevivió a tres disparos y, desde la cama de un hospital, no denunció solo a sus agresores. Nombró al Presidente, a su esposa (Vivi Urquidi) y a la familia de ella en presuntos negociados con la gasolina, el diésel, el oro y los seguros del Estado.

Sostuvo que la Policía no la protegería porque, según su denuncia, su expareja, el asesor presidencial Fernando Cerimedo, la maneja, y afirmó que él controla un grupo de élite destinado a un operativo contra Evo Morales. Textualmente afirmó: el Gobierno es «el principal interesado en callarme».

A eso responde Paz con una promesa e instrucción que las autoridades investiguen de forma «profunda, transparente y exhaustiva». El problema está a la vista. Las autoridades que ofrece son la misma Policía que la denunciante describe como capturada.

El comunicado no explica quién conducirá la investigación, cómo se garantizará su independencia, ni si los funcionarios que Beller mencionó se apartarán mientras dure el proceso.

Lo más elocuente es el silencio. En cuatro párrafos, Paz no menciona la denuncia de corrupción que lo alcanza a él, a su esposa y a la familia de Urquidi. No la niega ni la responde. Tampoco nombra a Cerimedo, su asesor, aprehendido en el caso.

Todo queda reducido a «los hechos de violencia» y «lo sucedido», fórmulas que recortan el episodio a los disparos y dejan fuera la acusación que lo rodea. Reconocer una mitad del hecho es una forma de declarar inexistente la otra.

El lenguaje acompaña ese recorte. «Los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados» despersonaliza un ataque dirigido y lo convierte en un fenómeno ambiental, algo que ocurre sin autores.

«Consternados por lo que está ocurriendo», ubica al Gobierno como espectador afectado, no como parte señalada y denunciada. Se trata del profesor de su hija, de su asesor de campaña electoral y asesor personal presidencial. Es la posición más cómoda lamentar desde afuera un problema del que, según la denunciante, se es protagonista.

El cierre lo confirma. «La verdad debe estar por encima de todo», «que se haga justicia», «sin excepciones». Cuanto más concreta la acusación, más genérica la respuesta. Son frases con las que nadie puede discrepar, y por eso no comprometen a nada medible. No hay plazo. No hay garantía verificable. Hay una invocación a la justicia que evita, con cuidado, el único dato que la haría creíble.

Cabe la defensa. Es una reacción rápida, y un gobierno no está obligado a autoincriminarse en un texto de solidaridad. No responder línea por línea una denuncia que aún no presentó pruebas puede ser prudencia procesal antes que encubrimiento.

La objeción es justa y conviene sostenerla, pero deja intacto el punto entre autoincriminarse e ignorar el problema hay un territorio amplio, el de garantizar que los señalados no controlen ni la investigación ni la protección de la víctima. Ese territorio quedó vacío.

Beller pidió protección de la CIDH porque no confía en el Estado que hoy promete cuidarla. El comunicado del Presidente, sin proponérselo, le da la razón, responde como si el Estado fuera el árbitro del caso, cuando la denuncia lo coloca entre las partes.

La independencia no se demuestra con la palabra independencia. Se demuestra cuando la investigación puede avanzar también hacia el poder que la ordena.