El sector productivo rechaza el diésel a Bs 18, protesta y se moviliza pese al estado de excepción

Santa Cruz.- Cañeros, productores agropecuarios, avicultores y transportistas rechazaron el Decreto Supremo 5676, que fija un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores. Los sectores advirtieron que la medida elevará los costos de producción y anunciaron movilizaciones.

El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que el nuevo esquema alcanza solo a los grandes consumidores y apunta a reducir el contrabando y a facilitar la importación privada de combustible.

La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia exigió dejar sin efecto el decreto y reclamó un precio justo para el etanol, junto con el pago de la deuda pendiente por la compra del biocombustible.

También pidió liberar las exportaciones, aprobar una norma que facilite la importación de vehículos Flex Fuel con tecnología brasileña y destituir a la viceministra Tatiana Corina Gemio Patzi, a quien responsabiliza por daños al sector.

Movilización y protesta

El sector cañero cruceño llevó el rechazo a las puertas de YPFB. Encabezados por el dirigente Óscar Alberto Peña, los productores marcharon hasta la estatal y dejaron chala en sus accesos.

Peña recordó que, cuando se retiró antes la subvención al diésel, el sector produjo la mitad de lo proyectado por el alza de costos, y convocó para este martes a una asamblea nacional en el norte de Santa Cruz para definir nuevas medidas de presión.

La movilización se produjo pese al estado de excepción vigente desde el 20 de junio, que prohíbe los bloqueos de vías. En la provincia Ichilo, productores marcharon y bloquearon de forma esporádica la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, cuestionó que el decreto no fuera consensuado y señaló que el agro consume alrededor del 16% del diésel nacional, con el que produce los alimentos del país. Advirtió que el precio diferenciado incentiva la especulación y el mercado negro.

«Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa», afirmó.

Omar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, planteó el mismo reparo sobre el mercado negro. Dijo que habrá quienes obtengan el diésel al precio subsidiado y lo revendan hasta en Bs 18, y advirtió que los pequeños productores podrían abandonar la actividad.

El transporte pesado leyó el decreto como una afectación directa. Pedro Quispe sostuvo que quienes superen los volúmenes establecidos pagarán Bs 18 por litro y calificó la norma de «engaño». Juan Yujra recordó que un transportista requiere al menos 2.000 litros de diésel al mes.

Gobierno busca diálogo

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que los consumidores de menos de 120 litros no están alcanzados por el nuevo precio y pueden seguir cargando en los surtidores al valor anterior. El decreto, sin embargo, define como usuario directo a quien adquiere entre 120 y 5.000 litros mensuales para consumo propio, franja que incluye el consumo que describió Yujra.

Aramayo defendió el esquema en conferencia de prensa. Sostuvo que el precio de Bs 18 recae sobre segmentos que ya compraban el carburante por encima de ese valor, entre Bs 19 y Bs 25, en el mercado paralelo y de contrabando. «Este es un precio referencial, como hicimos con el dólar», dijo, y afirmó que fluctuará según el mercado internacional. Según el ministro, la apertura al precio internacional incentivará la importación privada y ampliará el número de proveedores.

El Gobierno justifica la medida por la diferencia entre el costo de importación y el precio de venta interno. Aramayo afirmó que el país compra caro y vende barato, y que ese diferencial consume recursos públicos y financia el contrabando. «Comprar caro y vender barato está haciendo que en vez de financiar escuelas, hospitales, usamos ese dinero para comprar diésel y venderlo en el mercado local», declaró.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que el decreto busca regularizar la provisión de diésel y eliminar las filas en los surtidores. Calificó la medida como un intento de sincerar el precio del combustible.

Rechazo opositor

Desde la oposición, la senadora Ana María Crispin, del PDC, calificó el incremento de «subida sorpresa» y cuestionó que se aprobara sin socialización. Tomasa Yarhui, jefa de bancada de Libre, sostuvo que el Gobierno no resolvió la crisis de combustibles «en nueve meses» y advirtió que el alza se trasladará a la canasta familiar.

Frente a los anuncios de protesta, Aramayo pidió recurrir al diálogo antes de las medidas de presión. «No amenacen con acciones, sentémonos a dialogar», dijo.

El Decreto Supremo 5676 deroga una disposición del Decreto Supremo 5644, de junio de 2026, y difiere a cero el gravamen arancelario para determinados derivados del petróleo hasta diciembre de 2027. El precio de Bs 18 rige como valor referencial inicial y se actualizará una vez aprobada su metodología de cálculo.

La Cámara Agropecuaria del Oriente convocó a un congreso extraordinario para definir las acciones del sector. Los demás gremios productivos mantienen sus cuestionamientos al decreto.