Ministro Aramayo pide pruebas del caso Audi que empezó con un documento

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, salió en defensa del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, cuestionado por la compra de un Audi Q4 e-tron. Pidió que «se deje de hacer escarnio público del prestigio de las personas sin pruebas», recordó que existen mecanismos institucionales para esclarecer cualquier denuncia.

Aramayo afirmó que Espinoza «ha presentado ya todos los descargos», pero cerró con una posición de cautela: el Gobierno no puede tomar decisiones «sin tener claridad sobre la documentación y los justificativos».

La frase sobre la falta de pruebas choca con el origen del caso. La controversia no empezó con una versión periodística. Empezó con un documento. El 11 de agosto, Red DTV difundió la Escritura Pública 1685/2026, del 30 de abril, en la que consta un valor de Bs50.000 para el vehículo.

Las contradicciones

Ese documento lleva la firma del propio Espinoza. El ministro sostiene que el precio real fue Bs350.000 y atribuye la cifra menor a un error del trámite. Entre una y otra quedan Bs300.000 que deben ser explicados y respaldados documentalmente.

El pedido de acudir a los canales institucionales ya tiene una vía abierta. El vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia penal el 12 de agosto por las presuntas irregularidades en la valoración notarial y en la declaración de bienes. La vía institucional que Aramayo reclama ya está en curso, y la abrió el segundo funcionario del Estado.

El punto más frágil es el de los descargos. Aramayo los da por completos. El descargo central sobre el patrimonio se apoya en una afirmación del propio Espinoza que ya incorporó el Audi y la deuda a su Declaración Jurada mediante una rectificación.

El extracto de la Contraloría de esa misma fecha, el 13 de agosto, dice otra cosa. La rectificación sumó Bs75.000 en pasivos y mantuvo los activos en Bs9.367, el mismo bien y el mismo monto de la declaración de junio.

El vehículo no aparece entre los bienes. El descargo que Aramayo da por presentado no aparece respaldado, en ese punto, por el documento oficial.

Un detalle refuerza la distancia entre lo dicho y lo registrado. Ese único bien declarado, valuado en Bs9.367, no corresponde al Audi, porque el propio ministro fija su precio en Bs350.000. Un vehículo de ese valor no figura en su declaración jurada, ni antes ni después de la corrección.

Aclaraciones no aclaradas

El texto de Aramayo comparte una grieta con el comunicado que defiende. El comunicado sostiene que la declaración «se encuentra actualizada» y a la vez que se corrigió «mediante la rectificación respectiva».

Una rectificación supone que antes faltaba algo. Aramayo, por su lado, afirma que falta claridad sobre la documentación y en la misma intervención da los descargos por completos. Si están completos, debería haber claridad. Si no la hay, los descargos no están completos. Cada texto sostiene las dos cosas.

Aramayo enmarcó su intervención como una defensa de las instituciones y del debido proceso, una posición legítima para un ministro de la Presidencia. El reparo aparece cuando esa defensa adopta como ciertos los descargos de la parte investigada y presenta como escarnio sin pruebas un caso que nació de un documento firmado y que ya tiene una denuncia penal en curso.

Mientras el extracto de la Contraloría no registre el vehículo, y mientras no se identifiquen y puedan verificarse los documentos que acrediten el precio, el crédito y los tributos, la frase de que Espinoza «ya presentó todos los descargos» describe una situación que los documentos todavía no respaldan.