Auditen DTV, pero también la compra del Audi

Después de cuatro días de declaraciones contradictorias sobre el precio, el pago de impuestos y el no registro del Audi en sus declaraciones juradas, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, usó el sello de su despacho, en un comunicado, para anunciar que investigará a la RED DTV por el cobro de Bs3 millones al Estado antes de autorizar cualquier desembolso.

Como máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Economía, Espinoza debe velar por la legalidad y el respaldo de los pagos que comprometen recursos públicos. Revisar un contrato o disponer las verificaciones que correspondan no constituye, por sí solo, una represalia. El problema está en qué momento y dentro de qué respuesta decidió hacerlo.

La controversia comenzó el 11 de agosto, cuando DTV difundió el documento de transferencia de un Audi Q4 e-tron modelo 2025, en el que figura un valor de Bs50.000. Ese mismo día, horas después, Espinoza respondió que el precio real era Bs350.000, una diferencia de Bs300.000, y atribuyó el registro del monto menor a la tramitadora que gestionó la transferencia.

La explicación cambió dos días después, el 13 de agosto, el ministro dejó de responsabilizar a la tramitadora y adjudicó el error a la notaría. En «Que No Me Pierda», de Red Uno, sostuvo que pagó los Bs350.000 con recursos de la venta de una camioneta y otros fondos personales, y reconoció que el documento con Bs50.000 contenía un error.

Sobre el financiamiento también variaron sus versiones, primero mencionó un crédito bancario y luego negó haberlo dicho, para hablar de un crédito directo de la persona que le vendió el Audi eléctrico.

La cuestión no termina en quién escribió la cifra equivocada. Espinoza era el comprador, participó en la operación y suscribió la documentación. Si el precio efectivo fue Bs350.000, debe explicar por qué firmó un papel que registra Bs50.000 y qué documentos acreditan el origen y la trazabilidad de esos recursos.

Audi desaparecido

El 29 de junio de 2026 Espinoza presentó su Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR). Registró Bs9.367 en activos y cero deudas. El Audi, adquirido el 30 de abril, no figuraba entre los bienes declarados, según la documentación difundida sobre el caso.

La siguiente declaración tiene fecha de presentación 13 de agosto. El extracto de la Contraloría registra un bien, Bs9.367 en activos, Bs75.000 en pasivos y Bs148.753 en rentas recibidas.

Entre una y otra declaración pasaron 45 días. La rectificación llegó dos días después de que DTV difundiera la documentación del Audi y el mismo día en que el ministro emitió su comunicado contra las publicaciones del medio y anunció la revisión de los pagos que reclama la red televisiva.

La secuencia no demuestra por sí sola que la investigación haya provocado la rectificación. Sí permite fijar los hechos. La declaración de junio no registraba el vehículo ni pasivos. El 11 de agosto DTV publicó los documentos y el 13 de agosto llegó la declaración rectificada.

Hay una precisión que conviene subrayar, porque desarma una lectura fácil. La rectificación no muestra Bs350.000 en activos. Mantiene los activos en Bs9.367, los mismos de junio, y suma Bs75.000 en pasivos. Ese único bien de Bs9.367 tampoco puede ser el Audi, el propio ministro lo valúa en Bs350.000.

El vehículo no aparece, ni antes ni después. Nada de esto resuelve la diferencia entre los Bs50.000 del documento de transferencia y los Bs350.000 que el ministro dice haber pagado.

La casa, no el audi

El 13 de agosto, después de esas declaraciones y de la supuesta rectificación, Espinoza emitió un comunicado de once párrafos. El texto abre con la filmación de su vehículo en un domicilio particular. El ministro sostiene que la presencia de un automóvil en un lugar no acredita la propiedad del inmueble y que esa titularidad se verifica en registros públicos.

El argumento puede ser correcto. No responde la pregunta que originó el caso. Saber de quién es el domicilio no explica por qué el documento que Espinoza firmó registra Bs50.000 si él sostiene que pagó Bs350.000.

El comunicado habla, además, de una «nueva acusación patrimonial» y de cuestionamientos «hacia aspectos personales y familiares». Conviene medir esa descripción contra las versiones publicadas.

La investigación no empezó con la filmación frente a una casa. Inició con un documento de transferencia y su contraste con las declaraciones juradas del ministro. La dimensión familiar tampoco está en la cobertura. La introduce él en el texto.

Espinoza reclama que el periodismo se sustente en información contrastada y documentos verificables. La exigencia es razonable, y por eso la pregunta central sigue siendo documental, qué documento demuestra los Bs350.000 y qué explica los Bs50.000 que figuran en el papel que él suscribió.

El giro hacia DTV

El cambio de asunto aparece después. Espinoza señala que Junior Arias mantuvo numerosos contratos con el Estado durante el gobierno de Luis Arce y que ese medio le reclama al Estado un cobro pendiente por unos Bs3 millones, derivado de esas contrataciones.

Como máxima autoridad ejecutiva agrega que debe verificar la legalidad de esas contrataciones y la procedencia del monto reclamado antes de autorizar cualquier desembolso. Esa facultad no está en discusión. Si DTV reclama dinero al Estado, el contrato puede y debe revisarse.

El punto está en la introducción. El ministro publica el reclamo con tres palabras que aparecen justo después de describir las investigaciones sobre su patrimonio. «En este contexto…». Y «en resguardo de la transparencia», ofrece un dato que no aclara nada sobre el Audi ni de sus bienes no declarados.

Tener contratos con el Estado no prueba una irregularidad ni desacredita la investigación o información de un periodista. Para saber si DTV debe cobrar esos Bs3 millones habrá que mirar el contrato, los respaldos y el procedimiento administrativo.

Espinoza se adelanta y niega que la revisión «no constituye una represalia», pero una negación no basta. Un solo dato lo probaría, la fecha en que empezó a revisar esos contratos, y no la dio. Si fuera anterior a la investigación del Audi, la habría mostrado. No lo hizo.

Una auditoría que se iniciará recién después de la denuncia de la compra del Audi es una advertencia. Quien fiscaliza al poder puede terminar fiscalizado. No hace falta leerle la intención, basta entender el mensaje amenazante del ministro.

Y la historia de Espinoza perseguido porque el Estado no le paga a DTV no la escribió la prensa. La escribió él. Su comunicado metió la deuda del medio dentro de su defensa patrimonial para victimizarse, y en el mismo texto negó que una cosa tuviera que ver con la otra. Eso ya es una reacción a la investigación de su patrimonio, la niegue o no.

La misma vara

Espinoza pide información contrastada y documentos verificables. Entonces apliquemos esa exigencia a los dos asuntos que él mismo unió, el reclamo de DTV y la compra de su Audi.

Si DTV debe cobrar Bs3 millones, que lo demuestren el contrato y el expediente administrativo. Si no debe cobrarlos, que lo demuestre la revisión técnica y jurídica.

Y si Espinoza pagó Bs350.000 por el Audi, que lo demuestren los documentos de la operación, el respaldo de la venta de la camioneta, el contrato del crédito si lo hubo, el comprobante del pago y la explicación de cómo llegaron los Bs50.000 al papel que firmó, quién los consignó y cuándo se corrigió. Rectificar la declaración no explica la compra.

La pregunta intacta

El comunicado no aporta ninguna explicación documental sobre la diferencia entre los Bs50.000 del documento de transferencia y los Bs350.000 que el ministro afirma haber pagado.

Entre el 29 de junio y el 13 de agosto, lo único que se movió en su patrimonio fue esa deuda, y llegó después de que el caso se hiciera público.

Falta la otra parte de la historia, los documentos que permitan reconstruir la compra y explicar la diferencia de Bs300.000 entre el papel firmado y el precio que el ministro reconoce.

Un eventual problema en los contratos de DTV no volvería falsa la investigación sobre el Audi. Una eventual irregularidad en la compra del Audi tampoco le daría a DTV derecho a cobrar Bs3 millones. Son dos historias distintas, y ninguna responde por la otra.

Espinoza debe auditar DTV, pero la auditoría de un reclamo de Bs3 millones no explica por qué el documento que él firmó registra Bs50.000 si sostiene que pagó Bs350.000. Entonces, auditen DTV, pero también la compra del Audi de Espinoza.