Lara exige a Paz y a sus ministros «decir la verdad» y corregir el rumbo del país
Edmand Lara convirtió la verdad en una exigencia política dirigida al presidente Rodrigo Paz y a su gabinete.”Hoy desde la Casa de la Libertad hacemos un llamado firme al presidente y a sus ministros: tengan la valentía de decir la verdad, de reconocer sus errores y de corregir el rumbo del país”, afirmó durante la Sesión de Honor por los 201 años de la independencia.
Antes había advertido que “no se puede gobernar mintiendo, no se puede prometer y luego no cumplir, no se puede gobernar a espaldas del pueblo”, para concluir que “quien le miente al pueblo traiciona a la patria”. No fue una apelación abstracta a la honestidad, sino un cuestionamiento directo a la forma de gobernar.
La acusación fue precedida por una construcción simbólica. Lara invocó la determinación de Simón Bolívar, la resistencia de Bartolina Sisa, el coraje de Juana Azurduy de Padilla, la rebeldía de Túpac Katari y la valentía de Zárate Willka para enfrentar la injusticia, la corrupción y a quienes pretendan someter al pueblo.
Esa evocación desembocó en la frase que resume el sentido de su intervención: “Porque la patria no se sostiene con palabras vacías, la patria se sostiene con coraje, con verdad y con dignidad”. La historia dejó de ser un homenaje protocolar para convertirse en el fundamento moral de su reclamo.
Con ese marco, el vicepresidente presentó un diagnóstico crítico del país. “Hoy enfrentamos una crisis económica que golpea a las familias; hay escasez de combustibles que paraliza la producción, la corrupción le sigue robando el futuro al pueblo; el narcotráfico avanza y amenaza nuestra seguridad, y mientras tanto la inseguridad se ha desbordado”.
Añadió que en Bolivia, y “especialmente en Santa Cruz”, se pierden vidas todos los días “en las calles y dentro de los negocios”. Lara no acompañó esas afirmaciones con datos durante su discurso, pero utilizó ese diagnóstico para justificar su exigencia de que el Gobierno reconozca la realidad y rectifique el rumbo.
Aunque el vicepresidente no mencionó promesas específicas de Rodrigo Paz, su llamado a “no prometer y luego no cumplir” remite inevitablemente a algunos de los principales compromisos de campaña del actual mandatario.
Entre ellos, el cierre de la Aduana Nacional, luego de calificarla como un «nido de corruptos», y la implementación de la Agenda 50/50 como eje de la descentralización. La Aduana continúa funcionando y el acuerdo 50/50 fue suscrito recién nueve meses después del inicio del mandato. Ambos casos ayudan a contextualizar el alcance político del reclamo formulado por Lara.
El discurso también descendió a la coyuntura. Horas antes de la sesión, un incendio devastó parte de la feria Barrio Lindo, en Santa Cruz. Lara pidió al presidente no abandonar a los comerciantes porque «la solidaridad no basta». Más tarde, Rodrigo Paz anunció la intervención del Gobierno para atender la emergencia. Fue el único punto en el que ambos mensajes coincidieron alrededor de una respuesta inmediata a un hecho de actualidad.
La intervención del vicepresidente no terminó con la crítica. También incluyó una advertencia política e institucional. “Desde la Asamblea lo decimos con claridad, vamos a cumplir nuestro deber, vamos a fiscalizar, vamos a exigir, vamos a hacer el compromiso con el pueblo boliviano”. Con esa declaración trasladó su discurso del terreno ético al ámbito de la fiscalización política que corresponde al Legislativo.
Rodrigo Paz no respondió de manera directa a las críticas de su vicepresidente. Su intervención se concentró en exponer resultados de gestión, entre ellos la expulsión de 17 jefes de organizaciones criminales y la devolución de más de 940 millones de dólares a los depositantes.
Mientras Lara construyó un discurso orientado a exigir verdad, reconocimiento de errores y rectificación, Paz optó por defender su administración mediante un balance de logros.
La singularidad de la intervención de Lara no radica únicamente en la dureza de sus palabras, sino en el lugar desde donde fueron pronunciadas. No habló como un dirigente opositor, sino como el vicepresidente del Estado.
Su exigencia de «decir la verdad», reconocer errores y corregir el rumbo no estuvo dirigida a un gobierno ajeno, sino al presidente, a sus ministros y a la administración de la que él mismo forma parte.
Esa condición convierte su discurso en uno de los pronunciamientos políticos de la sesión de honor y deja planteada una interrogante: hasta dónde llegará la fiscalización que anunció y si sus palabras marcarán un cambio en la relación interna del Gobierno o quedarán como un llamado sin consecuencias políticas.