Gobierno y gobernaciones acuerdan elaborar una ley para incorporar la coparticipación tributaria desde 2027
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Sucre – El Gobierno y los nueve gobernadores suscribieron este miércoles el Acuerdo N.º 001/2026 de la Agenda 50/50, que fija una hoja de ruta para fortalecer las autonomías departamentales y dispone la elaboración de una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, con el objetivo de viabilizar su aplicación a partir de la gestión fiscal 2027.
El documento también contempla medidas de alivio fiscal para las gobernaciones, la revisión del régimen competencial y una agenda de reformas legales e institucionales.
La firma se realizó en la Casa de la Libertad, en Sucre, tras las negociaciones iniciadas el martes entre equipos técnicos del Gobierno y de las nueve gobernaciones para definir los primeros acuerdos de la Agenda 50/50, una propuesta planteada por el binomio Paz-Lara durante la campaña electoral.
El acuerdo crea una mesa técnica especializada encargada de elaborar la propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales y prevé viabilizar su aplicación a partir de la gestión fiscal 2027, dentro de una implementación progresiva de la Agenda 50/50.
La mayor parte de sus disposiciones establece la evaluación, revisión o elaboración de mecanismos y reformas, más que su aplicación inmediata.
Actualmente, las gobernaciones no participan del régimen de coparticipación tributaria de los impuestos nacionales. Según el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, el acuerdo permitirá incorporar por primera vez a los gobiernos departamentales a ese esquema mediante una ley.
El documento fija 2027 como horizonte para la aplicación de esa norma, que aún debe ser elaborada y aprobada.
Además de la coparticipación, el acuerdo incorpora un conjunto de medidas orientadas a fortalecer las autonomías departamentales. Entre ellas figuran la ampliación de la autonomía tributaria y presupuestaria, la revisión de competencias y su financiamiento, nuevos criterios para la distribución de ingresos fiscales, mecanismos de alivio fiscal, fondos de compensación, alianzas público-privadas, financiamiento externo, transferencia progresiva de instituciones públicas y acciones para proteger el régimen autonómico.
El gobernador del Beni, Jesús Egüez, informó que también se acordó reformular el Presupuesto General del Estado para incorporar recursos destinados a las gobernaciones e iniciar un programa de alivio financiero. Sin embargo, el texto del acuerdo no menciona una reformulación presupuestaria.
Lo que sí establece es un cronograma de trabajo conjunto para evaluar e implementar medidas de alivio financiero, incluyendo mecanismos de reprogramación o diferimiento de obligaciones, en el marco de un Programa de Readecuación Financiera.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, afirmó que varios de los acuerdos deberán traducirse en proyectos de ley que serán remitidos a la Asamblea Legislativa. Añadió que la redistribución de recursos deberá acompañarse de mecanismos de evaluación para garantizar que los nuevos ingresos se destinen a inversión pública y generen resultados verificables.
El acuerdo también fija algunos plazos concretos. Dispone iniciar la modificación de la Ley N.º 154 de Clasificación y Definición de Impuestos, mediante un proyecto que deberá elaborarse en un plazo máximo de 90 días.
Asimismo, plantea modificar la Ley N.º 699 de Relacionamiento Internacional para ampliar las capacidades de los gobiernos departamentales en materia de financiamiento externo.
Velasco sostuvo que el acuerdo marca el inicio de un proceso gradual de implementación del modelo 50/50 y estimó que su desarrollo demandará aproximadamente cinco años. En sus redes sociales calificó la jornada como “un día histórico” porque, según afirmó, las gobernaciones pasarán a formar parte de la coparticipación tributaria.
Durante el acto, el presidente Rodrigo Paz calificó la firma como una jornada “refundacional” y sostuvo que el acuerdo busca fortalecer el desarrollo regional mediante un mayor protagonismo de los gobiernos subnacionales.
Estructura del acuerdo
El documento disponible organiza la Agenda 50/50 mediante una serie de ejes temáticos sobre autonomía tributaria, autonomía de gestión presupuestaria, competencias y financiamiento intergubernamental, criterios de distribución de ingresos fiscales, protección del régimen autonómico, alianzas público-privadas, financiamiento externo, fondos de compensación, transferencia de instituciones y alivio fiscal, entre otros.
La numeración del texto presenta una secuencia discontinua, pasa del numeral 5 al 7 y posteriormente del 9 al 11. En las páginas disponibles pueden identificarse once ejes temáticos, aunque la numeración llega hasta el 13.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían explicado esa diferencia, lo que ayuda a entender por qué distintas versiones oficiales mencionaron diez, once o trece puntos del acuerdo.
El documento establece además que los consensos alcanzados podrán materializarse mediante proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales, reformas reglamentarias, medidas administrativas u otros instrumentos jurídicos.
Definiciones pendientes
Aunque el acuerdo fija la hoja de ruta para elaborar la futura Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, todavía no define qué porcentaje de los ingresos tributarios corresponderá a las gobernaciones, qué impuestos integrarán el nuevo régimen, cómo se calculará la distribución entre departamentos ni cuál será el impacto fiscal sobre las finanzas del nivel central del Estado.
Tampoco precisa qué representa exactamente el objetivo 50/50 ni sobre qué universo de recursos públicos deberá calcularse. La sección «Sobre cómo llegar al 50/50» remite esos aspectos a una metodología que aún debe elaborarse y que deberá definir las fuentes de información, los criterios de evaluación y los indicadores para medir progresivamente el cumplimiento de la Agenda 50/50.
Esos elementos deberán desarrollarse durante el trabajo de la mesa técnica especializada y en la elaboración de la Ley Especial prevista por el propio acuerdo.