Desarrollo estratégico y empresa públicas

La experiencia asiática demuestra que el Estado, a través de empresas públicas eficientes y bien gobernadas, puede liderar transformaciones económicas exitosas y sostenibles

Durante los últimos 50 años, los países asiáticos han desarrollado su economía mediante el aprovechamiento de sus recursos en sectores estratégicos y su correspondiente industrialización a través de empresas públicas, siendo el Estado el principal articulador político económico para este fin. Esto ha permitido que China, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Malasia, entre los mas destacados, muestren un crecimiento de su Producto interno Bruto (PIB) entre 105 y 575 veces desde el inicio de sus reformas, situándolos entre las economías modernas en tecnología, energías, finanzas con un modelo de estabilidad y diversificación de mercados.

De acuerdo a información publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de China al 2025 alcanzó a USD19.63 billones, Corea del Sur a USD1.87 billones, Taiwan USD920.05 miles de millones, Singapur USD603.87 miles de millones y Malasia USD472.19 miles de millones. Si bien es una referencia numérica, esta estuvo impulsada principalmente por sectores estratégicos como la manufactura tecnológica y avanzada, telecomunicaciones, electrónica y productos ópticos.

La transición por la que pasaron estos países, estuvo acompañada por una planificación en la que no únicamente fue participe el principio de propiedad estatal; sino más bien, le dieron mucha relevancia a una administración eficiente, gobierno corporativo y la gestión de mercados principalmente para la exportación de bienes y servicios de manera gradual y selectiva. Los resultados son bastante visibles porque sus empresas públicas trascendieron a través de los 5 continentes, generando alianzas estratégicas a través de corporaciones, filiales y subsidiarias.

Esto deja en claro que la participación del Estado en la economía es estratégica, puesto que aporta una dinámica desde el ámbito regulatorio, político y operativo. En el caso boliviano, el camino está marcado; sin embargo, existen muchas aristas que deben ser superadas, siendo las principales los niveles de corrupción en algunas empresas que fueron utilizadas para fines personales y partidarios durante los últimos años o por el proceso de privatización con las que se enajenaron importantes industrias en la década de los 90’s.

De acuerdo a Jean Tirole, premio Nóbel de Economía 2014, considera que la privatización de Empresas Públicas puede constituirse o transformarse en monopolio privado con peores consecuencias para el bienestar. Germán Coloma, economista argentino, señaló que las reformas de privatización en Latinoamérica fallaron en muchos casos por la debilidad institucional regulatoria, enfatizando que el abuso monopólico es contraproducente para el bienestar y el propio desarrollo de la economía como un derecho común.

La conclusión a la que llegan ambos economistas en relación a las empresas públicas, es que su importancia radica en las fallas de mercado y que se debe diseñar un marco regulatorio efectivo que permita resolver el problema del “agente – principal” o dilema de agencia, el cual radica en alinear los incentivos de los directivos (agente) con los objetivos de la institución (principal), reduciendo al mismo tiempo las asimetrías de información y la interferencia política.

Para Bolivia, este camino esta avanzado hasta cierto punto, se cuentan empresas públicas en sectores estratégicos como Hidrocarburos, Minería, Energías, Transporte, Telecomunicaciones, Logística, Agroindustria y otros, las cuales deberían ser aprovechadas considerando el alto costo que representó para el Estado el de constituirlas.

El principal reto es el de establecer un marco regulatorio que permita impulsar el rol estratégico de las empresas públicas, a través de flexibilizaciones en aspectos burocráticos como la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y todos los subsistemas que la rigen principalmente el Decreto Supremo Nº 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Asimismo, es necesario reforzar las entidades de Regulación Sectorial y darles un rol protagónico donde no sean únicamente fiscalizadoras de cumplimiento sectorial, sino mas bien establezcan lineamientos y ejerzan una supervisión integral a la institución pública. Por otra parte, es necesario realizar una modificación a la Ley Nº 466 de la Empresa Pública, en la cual tiene que resolverse el problema de agencia y establecer lineamientos concretos para la dirección estratégica en el ámbito empresarial y conformar una entidad que lidere la toma de decisiones y promueva la eficiencia, establezca incentivos y promueva la meritocracia y la especialización sectorial, con una fuerte estructura de inteligencia de la información y una equipo capacitado para el relacionamiento internacional y de mercados.

Las Empresas Públicas son un instrumento que el Estado tienen para promover el desarrollo, equilibrar el mercado, generar bienestar, y principalmente son agentes que permiten afrontar crisis en los diferentes sectores económicos garantizando la soberanía alimentaria y energética.

Bolivia necesita un nuevo modelo de gestión de las Empresas Públicas que promuevan la rentabilidad, la productividad con una visión de expansión internacional, sin dejar de lado la articulación con el sector privado, que de manera conjunta y con un marco regulatorio adecuado, la sinergia generada permitirá un impulso económico importante.