La Fiscalía imputa a Medinaceli por 88 indicios que no detalla, mientras decenas de denunciados siguen sin proceso

El Ministerio Público imputó al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli y pidió su detención preventiva por el caso gasolina basura. Dice tener 88 indicios en su contra, pero no revela cuáles. En el mismo caso se busca a Daniela Durán del área jurídica de YPFB que tiene orden de aprehensión, pero nadie la encuentra, y decenas de funcionarios denunciados por otras vías que siguen sin proceso.

El fiscal Aldo Mesa aseguró que la comisión de fiscales sustentó la aprehensión en 88 elementos indiciarios. “La decisión de la Comisión de Fiscales emerge precisamente del análisis minucioso de los 88 elementos indiciarios que se han colectado, donde se puede establecer respecto a la existencia del hecho y la probabilidad de autoría que se identifica en relación a este ciudadano”, afirmó en conferencia de prensa.

Consultado varias veces sobre qué contienen esos elementos y qué hecho concreto se atribuye al exministro, respondió que se expondrán en el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar y luego ante el juez. Hasta ahora, la Fiscalía no ha hecho públicos esos elementos indiciarios.

Medinaceli fue aprehendido el 28 de julio en la zona Sur de La Paz, un día después de que una comisión legislativa entregara un informe final que atribuyó presuntas responsabilidades a exautoridades y recomendó llevar el caso a la vía penal. La imputación es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La resolución fiscal “resuelve imputar formalmente a Sergio Mauricio Medinaceli Monroy” y argumenta que existen “suficientes indicios” y “riesgos procesales”.

El fiscal general Roger Mariaca Montenegro anticipó que la audiencia de medidas cautelares se realizaría al día siguiente. “Será el juez cautelar quien considere si esta persona se defiende o no en libertad”, dijo. Esta jornada Medinaceli cumple su tercer día de aprehensión.

El alcance de la investigación empezó a generar reparos en el propio Legislativo. La diputada Ximena Arispe, que preside la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados, cuestionó por qué la Fiscalía no actuó con el mismo peso en las demás denuncias.

“La preocupación es por qué el Ministerio Público no ha actuado (igual en otras denuncias), porque actualmente el Ministerio de Hidrocarburos ha emitido una denuncia contra 26 funcionarios. La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) también ha emitido denuncias e informes de presuntos responsables”, señaló.

La comisión que preside elaboró un informe con diez presuntos responsables, aunque ese documento todavía debe ser tratado por el pleno.

Frente a esos números, Mesa sostuvo que la investigación no se limita al exministro y que el caso se amplía conforme aparecen nuevos elementos. Afirmó que hay cinco personas sometidas a medidas cautelares. No precisó quiénes son ni por qué esos cinco y no los 26 denunciados por el Ministerio de Hidrocarburos, los mencionados por la ANH o los diez del informe legislativo.

Una de las personas buscadas no aparece. La Fiscalía y la Unidad Anticorrupción allanaron las oficinas de YPFB Andina en busca de Daniela Durán, luego allanaron su domicilio en la Radial 17 y medio, donde tampoco la ubicaron.

Secuestraron documentación considerada relevante. “Estamos ejecutando la misma a efectos de dar con su paradero”, afirmó el fiscal Luis Alberto Hurtado, quien explicó que el delito se originó en La Paz y que las diligencias en Santa Cruz se ejecutan en cooperación entre ambas fiscalías departamentales. La Policía mantiene operativos de inteligencia para dar con ella.

El caso también dejó una lectura económica. El experto en hidrocarburos Carlos Delius advirtió que la imagen de la aprehensión puede afectar la percepción de los inversionistas. “Mauricio es un profesional y es la persona que estuvo y está aún a cargo de elaborar la nueva ley de hidrocarburos”.

“Esta es una pésima señal hacia el mundo, él es la cara de la nueva onda que se quiere armar con los hidrocarburos y eso pasa necesariamente por atraer inversión. Imágenes como esta hacen mucho daño a la credibilidad del país”, afirmó.

El Gobierno se movió en dos direcciones a la vez. Evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación y al mismo tiempo respaldó la trayectoria del exministro.

El vocero presidencial José Luis Gálvez lo calificó como “un profesional de alto nivel”, expresó confianza en que colaborará con la justicia y remarcó que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes.

También reconoció el costo humano de la escena. “Nos duele verlo enmanillado, pero es lo que correspondía conforme a la ley; no es un abuso, sino el procedimiento que se sigue en estos casos. Nuestra total solidaridad, en el sentido humano, con el ministro Medinaceli”, dijo.

En la misma línea pidió que la investigación alcance a todos los que aplicaban los controles de calidad del combustible. “Quien las aplica debería estar también citado para explicar lo sucedido”, manifestó.

El pedido del Gobierno coincide con el planteamiento de Arispe en un punto: ambos sostienen que la investigación debe alcanzar a todas las personas que pudieran tener responsabilidades en el caso.

Por ahora, la Fiscalía tiene un imputado con detención preventiva solicitada, una funcionaria del área jurídica de YPFB con orden de aprehensión que aún no ha sido ubicada, 88 elementos indiciarios cuyo contenido no ha sido expuesto públicamente y decenas de funcionarios denunciados en otras actuaciones que todavía no registran medidas procesales conocidas.