Orden de aprehensión contra Medinaceli traslada a la justicia el caso de la «gasolina basura»
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La Fiscalía ordenó la aprehensión del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli dentro de la investigación por el caso de la “gasolina basura”. La medida coincidió con la difusión de 11 páginas del informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados, que reúnen observaciones sobre los controles de calidad y las decisiones administrativas adoptadas durante la crisis de abastecimiento.
Es el primer avance procesal conocido de un caso que comenzó con denuncias de conductores, transportistas y mecánicos por presuntas fallas atribuidas a la calidad del combustible. No se conoce aún la resolución fiscal que fundamenta la medida ni los elementos de convicción reunidos por el Ministerio Público, que investiga a Medinaceli por presuntas irregularidades en la importación y comercialización de combustibles.
Hasta ahora, la información conocida proviene de dos fuentes claramente diferenciadas. Por un lado, once páginas del informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados, difundidas por el periodista Jhon Arandia y revisadas por este medio, permiten verificar documentación técnica y administrativa.
Por otro, las declaraciones del diputado Carlos Alarcón atribuyen responsabilidades individuales y anticipan conclusiones que, según afirmó, serán remitidas al pleno de la Cámara de Diputados. Ese extremo no podrá corroborarse hasta conocerse el informe completo, al que este medio no tuvo acceso.
Los análisis de laboratorio
La comisión incorporó resultados de laboratorio sobre muestras obtenidas en plantas de almacenamiento y estaciones de servicio. Varias registraron concentraciones de gomas por encima de los límites normativos y, en algunos casos, niveles de etanol fuera de especificación.
El documento también observa los certificados de calidad presentados durante la importación. Señala parámetros técnicos ausentes y cuestiona algunos procedimientos de control previos a la distribución. Lo difundido no vincula esos resultados con los daños mecánicos denunciados por los usuarios ni mide el alcance nacional del problema.
El precintado de los tanques
Entre los hechos documentados en las páginas revisadas destaca el precintado de cinco tanques de almacenamiento por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Posteriormente, una resolución ministerial autorizó su desprecintado para garantizar el abastecimiento. Hasta ahí llega lo verificable en los documentos conocidos.
Que Medinaceli hubiera firmado esa resolución y que la decisión permitiera distribuir combustible antes de concluir el control de calidad lo sostuvo el diputado Carlos Alarcón, quien afirmó que esa fue una de las conclusiones de la comisión.
Otros nombres
Alarcón atribuyó también presuntas responsabilidades al exministro Alejandro Gallardo y a las gestiones de los expresidentes de YPFB Armin Dorgathen y Yussef Akly. Según el legislador, dos decretos supremos habrían flexibilizado los requisitos para la internación de combustibles y la investigación también examina decisiones adoptadas dentro de YPFB.
La fundamentación de esas atribuciones y el grado de participación individual de cada autoridad no figuran en las siete páginas difundidas.
Los contratos
Otro apartado compara contratos de importación suscritos por YPFB con distintos proveedores. Los cuadros muestran diferencias en los “premios” pagados sobre el precio internacional en operaciones con empresas como Trafigura y Botrading, que la comisión incorpora como indicio de un eventual perjuicio económico.
Sin embargo, esas diferencias, por sí solas, no demuestran la existencia de un sobreprecio. Para llegar a esa conclusión sería necesaria una evaluación económica que compare las condiciones de mercado, logística y contratación de cada operación.
Las páginas revisadas tampoco incluyen una auditoría financiera ni una pericia que permita cuantificar un eventual daño al Estado.
El caso entra en la etapa judicial
La orden de aprehensión traslada la investigación del terreno legislativo al judicial. Corresponderá ahora al Ministerio Público sustentar la medida con pruebas y establecer si las decisiones observadas configuran delitos, y si la responsabilidad alcanza solo al exministro o también a otras exautoridades y a particulares vinculados con la importación, el control y la distribución de combustibles.
El informe legislativo abrió una línea de investigación. Ahora será la Fiscalía la que deba demostrar si los hechos documentados y los indicios reunidos constituyen prueba suficiente para establecer responsabilidades penales individuales.