Paz se autocondecora y la ley que invocó ordena retirarle la joya

El canciller Fernando Aramayo entregó el lunes al presidente Rodrigo Paz la medalla del Cóndor de los Andes en el Grado de Gran Collar invocando la Ley 1762, pero sin presentar los tres documentos que esa misma ley exige: la Resolución Suprema, el acta unánime del Consejo de excancilleres y la aprobación del Senado. El artículo 13 de la norma es inequívoco: quien ostente la joya sin haberla obtenido legalmente será amonestado públicamente y se le retirará.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, resumió el hecho con una frase: “El ministro de Relaciones Exteriores quiso hacerle un favor al presidente condecorándolo con el Cóndor de los Andes. Como por ley el presidente es quien otorga esta condecoración, ocurrió que, por culpa del ministro, se la dio a él mismo», escribió en redes sociales, agregando que el país necesita «pensar menos en condecoraciones y más en transformaciones”.

Lo que dice la ley

Durante la ceremonia realizada en la Cancillería, la disposición leída señaló: “Se procede a la entrega de la joya de condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el Grado de Gran Collar al presidente Rodrigo Paz Pereira en su condición de Gran Maestre de la Orden, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1762”.

Posteriormente, la propia Cancillería, la Agencia Boliviana de Información y otros medios estatales presentaron el acto como la entrega de “la máxima condecoración que otorga el Estado boliviano”, sin referirse a una investidura o a un acto protocolario inherente al ejercicio de la Presidencia.

Esa caracterización resulta relevante porque la Ley 1762 distingue entre la organización de la Orden y el procedimiento para conferir sus condecoraciones. El artículo 4 establece que el Presidente Constitucional ejerce la dignidad de Gran Maestre de la Orden. Sin embargo, los artículos 6 y 9 regulan el procedimiento para otorgar el grado de Gran Collar.

La concesión debe efectuarse mediante Resolución Suprema, previa decisión unánime del Consejo de la Orden, integrado por el canciller, el Director General de Ceremonial del Estado y los tres excancilleres de los tres últimos períodos constitucionales, y ese grado requiere además la aprobación del Senado Nacional. El gobierno no explicó por qué durante la ceremonia fundamentó la entrega exclusivamente en el artículo 4.

Revisadas las publicaciones oficiales de la Cancillería, la ABI y la Presidencia del Estado, además de la normativa vigente, no se encontraron publicadas la Resolución Suprema que respalde la entrega del Gran Collar, el acta de decisión unánime del Consejo de la Orden ni un registro de aprobación del Senado Nacional.

La consecuencia de ostentar la joya sin haberla obtenido legalmente está prevista en la propia norma. El artículo 13 de la Ley 1762 establece: “Las personas que ostentaren públicamente la joya de la Orden, sin haberla obtenido legalmente, de acuerdo a lo prescrito en la presente Ley, serán amonestados públicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y se les retirará la joya”. Es decir, el mismo ministerio que entregó la condecoración es el obligado por ley a retirarla.

Críticas al gobierno de Paz

El exdiputado Tomás Monasterios fue directo: “Las medallas no llenan los surtidores. No estabilizan la economía. No resuelven la crisis. La historia nunca recuerda a los gobiernos por las condecoraciones que recibieron. Los recuerda por los problemas que resolvieron”, escribió, agregando en tono irónico que “no le sorprendería que le entreguen la Copa del Mundo” al mandatario.

El senador José Manuel Ormachea afirmó que la Cancillería debería concentrar sus esfuerzos en esclarecer la muerte de ciudadanos bolivianos en el conflicto entre Rusia y Ucrania y exigió un informe oficial “de una vez totalmente justificado” sobre el reclutamiento, las circunstancias y las responsabilidades en esos casos, señalando que ya existe una investigación del Ministerio Público.

El asambleísta de Libre, Bertino Vargas, calificó la ceremonia de “desatino total” y sostuvo que el presidente vive “en una burbuja” mientras el país enfrenta problemas de abastecimiento y deterioro económico. La senadora Ana María Crispín señaló que el mandatario “tiene que ser consciente de si el premio es a méritos o es por un protocolo”. El expresidente Evo Morales criticó el acto y lo comparó con una “autoproclamación”, afirmando que el reconocimiento carecía de legitimidad política.

El gobierno responde

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, restó importancia a la polémica y sostuvo que “son cosas que no tienen que afectar a lo grande”. El ministro de Trabajo, Williams Bascope, descalificó las declaraciones de Morales, a quien calificó de “prófugo de la justicia”, y afirmó que sus opiniones “no deberían importar mucho”.

Ninguno de los ministros consultados respondió a los cuestionamientos sobre el procedimiento previsto en la Ley 1762 ni explicó si existieron la Resolución Suprema, la decisión unánime del Consejo de la Orden y la aprobación del Senado.

Hasta la fecha, la Cancillería no publicó la Resolución Suprema que respalda la entrega del Gran Collar, el acta de decisión unánime del Consejo de excancilleres y el registro de aprobación del Senado Nacional. Tampoco respondió a la pregunta de si el Ministerio de Relaciones Exteriores, en aplicación del artículo 13 de la Ley 1762, procederá a retirar la joya.