Policía española sostiene que zapatero cobró 200.000 euros por gestiones en favor de grupo gloria en Bolivia
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Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española sostiene que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros por realizar gestiones ante autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, según documentación a la que tuvieron acceso EFE y otros medios españoles.
El informe, fechado el 22 de junio y remitido a la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Plus Ultra, concluye que Zapatero habría participado en una «dinámica de intermediación e influencias» orientada a favorecer los intereses del grupo empresarial en Bolivia, «empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta».
Según la investigación policial, los pagos fueron canalizados a través de la sociedad peruana Focus Social Research SAC mediante tres transferencias: una de 100.000 euros efectuada el 2 de julio de 2024 y otras dos de 50.000 euros realizadas el 20 y el 24 de junio de 2025.
La UDEF sostiene que las transferencias fueron justificadas mediante contratos de consultoría que, a juicio de los investigadores, no guardaban relación con la actividad declarada de la empresa y habrían sido utilizados para amparar los pagos.
La investigación policial también hace referencia al cobro de una dieta de 10.000 euros diarios, además de gastos asociados a viajes, aunque no se pudo verificar de manera independiente esos extremos.
La investigación se refiere a actuaciones relacionadas con el litigio que enfrenta a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), filial boliviana del Grupo Gloria, con el Estado boliviano. Soboce fue condenada al pago de aproximadamente 107 millones de dólares por competencia desleal, aunque una sala constitucional de La Paz dejó sin efecto temporalmente esa resolución en mayo de 2025 mientras continúan las acciones judiciales en Bolivia.
Los contactos de Zapatero
Según la UDEF, Zapatero mantuvo contactos con autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, el exministro de Justicia César Siles y representantes de la Procuraduría General del Estado, con el propósito de respaldar los intereses del grupo empresarial peruano.
Como parte de los indicios recopilados, el informe policial incorpora comunicaciones atribuidas a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente.
En uno de los mensajes citados por la Policía se lee: «Buenos días Fabiola, me indica el pdte. Zapatero que me enviarás el contacto del procurador y también me avisarás cuando el Presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor».
El informe policial no atribuye de forma directa a Zapatero la decisión adoptada posteriormente por la justicia boliviana ni establece una relación causal entre sus supuestas gestiones y las resoluciones emitidas por los tribunales del país sudamericano.
Un segundo informe remitido a la Audiencia Nacional sostiene además que Zapatero utilizó recursos de la embajada de España en Bolivia para desarrollar actividades vinculadas a su agenda privada.
Según el documento policial, el expresidente «utilizó toda la infraestructura oficial del Estado español en Bolivia para dar soporte a una agenda que combinaba actos institucionales con intereses empresariales privados no declarados a la Embajada».
La documentación forma parte de la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el denominado caso Plus Ultra.
La semana pasada, el magistrado acordó citar como investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente y administradoras de la sociedad Whathefav SL, así como a Gertrudis Alcázar, dentro de las pesquisas abiertas en el caso.
Fuentes del entorno de Zapatero rechazaron las conclusiones policiales y defendieron que las actividades desarrolladas por el expresidente correspondieron a trabajos de consultoría «completamente legales» y sin relación con hechos delictivos.
Asimismo, cuestionaron lo que califican como una investigación de carácter prospectivo sobre la actividad profesional del exmandatario.
No se pudo verificar de manera independiente las conclusiones contenidas en los informes policiales ni obtener comentarios inmediatos de representantes del Grupo Gloria, del expresidente Luis Arce o de autoridades bolivianas mencionadas en la investigación.