Bolivia amanece con 42 bloqueos bajo estado de excepción pese a acuerdo entre Gobierno y COB
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Bolivia amaneció este sábado con 42 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos pese al acuerdo de pacificación firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), mientras el presidente Rodrigo Paz puso en vigencia el Estado de Excepción tras 50 días de conflicto que dejaron 14 muertos, 37 heridos y pérdidas económicas estimadas en hasta 2.500 millones de dólares.
Los bloqueos se concentran principalmente en La Paz y Cochabamba, con 16 puntos en cada departamento; Oruro reporta siete, Santa Cruz dos y Potosí uno. La persistencia de las medidas de presión contradice el anuncio de la COB de levantar sus movilizaciones y confirma que sectores campesinos y afines al evismo mantienen la protesta y ordenaron masificar los cortes de ruta.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB no fue acatado por organizaciones campesinas de La Paz ni por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que instruyeron mantener y ampliar las medidas de presión. La decisión limitó el alcance práctico del entendimiento alcanzado con la dirigencia sindical y mantuvo activos los principales focos de conflicto en las carreteras del país.
Paz declaró el estado de excepción en la madrugada del día 51 del conflicto y ordenó operativos para liberar las carreteras. Según el mensaje difundido por la oficina presidencial, la medida busca garantizar la libre circulación, recuperar el abastecimiento y proteger el acceso de la población a alimentos, combustible, medicamentos y otros servicios esenciales.
El mandatario sostuvo que durante semanas su Gobierno priorizó el diálogo antes que la confrontación, pero que la continuidad de los bloqueos obligó a recurrir a una herramienta excepcional para restablecer el orden. “Hemos tomado la decisión de declarar el Estado de excepción en todo el territorio nacional”, dijo en su mensaje.
Muertos y heridos
La crisis social dejó además un saldo humanitario severo. La Defensoría del Pueblo informó que hasta el 15 de junio se contabilizaban 14 fallecidos por los bloqueos, entre ellos al menos dos menores de 12 años. En su reporte preliminar al 2 de junio, el organismo registró 37 heridos, una cifra que no incluye automáticamente otros episodios locales posteriores sin una consolidación oficial nacional.
Entre los casos más dolorosos figura el de un niño que murió cuando una ambulancia no pudo avanzar desde Llallagua por los bloqueos, y el de una niña con cáncer que falleció tras no lograr llegar a su tratamiento en La Paz. En respuesta, la Fuerza Aérea Boliviana activó vuelos solidarios para trasladar pacientes oncológicos y reforzar el envío de medicamentos e insumos médicos.
Pérdidas económicas
El impacto económico también es profundo. La Cámara Nacional de Industrias calculó daños acumulados de hasta 2.500 millones de dólares al 11 de junio, mientras el IBCE había estimado antes pérdidas superiores a 500 millones de dólares. Otros sectores reportaron cifras igualmente elevadas: Anapo habló de entre 3 y 4 millones de dólares por día, el sector avícola calculó perjuicios de 8 millones de bolivianos diarios y la CNI advirtió sobre más de 1.000 camiones con alimentos retenidos.
La parálisis golpeó con especial fuerza a La Paz, donde se registraron escasez de oxígeno medicinal, falta de productos en mercados, filas en surtidores y dificultades en el ingreso de alimentos desde otras regiones. También quedaron afectados transportistas, comerciantes y productores, con unos 5.000 choferes de carga atrapados por los bloqueos, según reportes de junio.
La tensión política subió de tono cuando Paz acusó a sectores vinculados al Chapare de haber transformado la protesta en una estrategia de desestabilización contra un gobierno democráticamente elegido. También anunció una comisión especial para el departamento de La Paz y convocó a un acuerdo nacional con autoridades, universidades, sectores productivos y organizaciones sociales.
La declaratoria de estado de excepción deberá ser revisada por la Asamblea Legislativa en las próximas 72 horas.
El Gobierno aseguró que la medida se aplicará dentro de los límites constitucionales y que no busca suspender derechos fundamentales, sino restablecer la normalidad en un país que, pese al acuerdo con la COB, sigue paralizado en varias de sus principales rutas.