Gobierno y COB firman un acuerdo de pacificación tras 50 días de conflicto

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) suscribieron este viernes un acuerdo para la pacificación del país, encaminar soluciones a la conflictividad social y contribuir al levantamiento de las medidas de presión que por 50 días afectaron el transporte, el abastecimiento de combustibles y alimentos, la atención médica y diversas actividades económicas en distintas regiones del país.

El acuerdo fue suscrito por el presidente Rodrigo Paz y el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una etapa de reconciliación, acuerdos estructurales y participación de los sectores sociales.

Argollo, anunció el levantamiento inmediato de las medidas de presión a nivel nacional y exhortó a las organizaciones campesinas de las 20 provincias a sumarse al diálogo y a los esfuerzos de pacificación . «A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito», afirmó Argollo al concluir la mesa de diálogo instalada en la Casa Grande del Pueblo.

El dirigente pidió disculpas a la población por los perjuicios ocasionados durante las movilizaciones y afirmó que las medidas asumidas permitieron visibilizar demandas de distintos sectores. Argollo explicó que el Gobierno tiene plazo de 90 días para cumplir con los compromisos; caso contrario, «el pueblo lo juzgará».

El conflicto, que comenzó el 1 de mayo con la declaratoria de paro general, se agudizó con bloqueos de caminos que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Argollo argumentó que se acercó al Gobierno al ver la necesidad de pacificar el país: «No nos podíamos permitir como compañeros trabajadores, campesinos, obreros enfrentarnos entre bolivianos» . Lamentó que las movilizaciones se empezaron a «ensuciar» con temas políticos y advirtió que el objetivo era evitar que se llegara a un estado de excepción. Negó ser un traidor y señaló que se debe cuidar a las bases.

El presidente Rodrigo Paz ponderó el diálogo como mecanismo para el acuerdo y expresó su reconocimiento a la población que atravesó los momentos difíciles .

Resumen del acuerdo

El acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB contempla los siguientes capítulos:

Derechos Humanos, Garantías y Pacificación: El Gobierno se compromete a no apoyar ni promover ninguna norma que criminalice la protesta, no realizar persecución política, judicial y mediática contra dirigentes movilizados, y reconoce el rol histórico de la COB garantizando el respeto a su estructura orgánica y fuero sindical. Se conformó una comisión legal para gestionar la liberación de detenidos y revisión de procesos en conflictos. El Gobierno rechaza toda forma de racismo, discriminación o estigmatización.

Cumplimiento de Compromisos y Control Social: El Gobierno ratifica su compromiso de cumplir el programa de gobierno presentado en campaña electoral y la normativa electoral vigente, promoviendo mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y los compromisos asumidos.

Soberanía Económica: El Gobierno ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados en perjuicio del Estado. Reafirma el compromiso con la defensa de empresas públicas y garantías jurídicas para el sector productivo minero. Sobre el financiamiento externo, el Gobierno transparentará toda negociación o crédito con organismos internacionales y se impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos.

Transparencia: El Gobierno no permitirá la injerencia extranjera. Apoyará la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso «narco maderas» y brindará cooperación en el caso «narco maletas», donde ya existe una comisión investigadora.

Política de Hidrocarburos: El Gobierno garantizará el abastecimiento de combustibles, presentará un informe sobre el resarcimiento por daños ocasionados por la «gasolina basura» y realizará una auditoría técnica/financiera externa independiente. Se instalará una mesa técnica con sectores afectados para verificar la calidad del combustible y los daños reportados.

Socialización Legislativa: El Gobierno promoverá mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, respetando las competencias del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. En el caso de medidas que afecten a pueblos indígenas, se aplicarán mecanismos de consulta conforme a la Constitución.

Canasta Familiar: El Gobierno impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo. Se conformará una comisión técnica para la revisión de la Ley N° 065 de Pensiones y mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la COB.

Medio Ambiente: El Gobierno convocará a una mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental. Se compromete a no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas y ratifica una política exterior basada en la paz, soberanía e independencia nacional.

Reacciones

En las primeras reacciones al acuerdo, Samuel Doria Medina, uno de los aliados del gobierno, escribió en su cuenta de X que «rl gobierno y la Central Obrera Boliviana firmaron un acuerdo que saca a la entidad matriz de los trabajadores del conflicto, a cambio de la ratificación de Rodrigo Paz de que hará un gobierno de centro, sin privatizaciones y con participación de los sectores populares en las políticas públicas. Bolivia comienza a respirar con alivio, porque la solución de una pesadilla de 50 días se avisora muy cerca».

Pero desde los sectores ligados a las grandes empresas, Mauricio Ríos García, escribió también en X: «El gobierno no ha firmado un acuerdo de pacificación con la COB. Ha negociado la ley. Ha entregado funciones exclusivas y esenciales del Estado —revisión de leyes, control de procesos judiciales, definición de política energética, distribución de recursos y plazos de cumplimiento— a la mafia sindical». Agregó que el acuerdo es «nefasto para el conjunto de la ciudadanía» y que «el gobierno de Paz ha cedido al chantaje y la extorsión», afirmando que «ha ganado la ‘democracia participativa’ de los dinamitazos en las calles sobre la representativa del Legislativo».