Morales denuncia amenazas del asesor de Rodrigo y la intervención de EE.UU.

El expresidente Evo Morales denunció la existencia de una campaña internacional y digital orientada a terminar con su vida o privarlo de libertad, exponiendo publicaciones del asesor de comunicación del gobierno, el argentino Fernando Cerimedo, y una serie de advertencias militares emitidas desde los Estados Unidos.

En dos entrevistas concedidas a medios de prensa argentinos, el líder cocalero identificó a Cerimedo como el operador político enviado por el presidente de Argentina, Javier Milei, para dirigir la estrategia del actual gobierno de Rodrigo Paz.

Morales leyó textualmente mensajes publicados por Cerimedo en redes sociales los días 14 de mayo: «a fuerza de plata del narco, movilización, Evo narcopedófilo, tic-tac, tienes días contados, te van a matar», y el 9 de junio: «tic-tac, narcopedófilo, narcoterrorista»; siempre bajo la consigna «tic-tac».

El ex mandatario afirmó que estos pronunciamientos constituyen una amenaza directa que le advierte que tiene «los días contados», sirviendo como preparación de la opinión pública para justificar un ataque coordinado en el Trópico de Cochabamba.

Esta presión digital se complementa, según Morales, con un alineamiento de la administración estadounidense para sostener al presidente Rodrigo Paz. Hizo referencia a declaraciones del 7 de mayo de Donald Trump, quien ofreció a gobiernos aliados el envío de «un misil directo al líder narco más importante».

El el 13 de junio Donald Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez confirman que Estados Unidos mató con un misil. en Venezuela. a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, “en una operación conjunta con fuerzas venezolanas”.

Ese mismo día, el asesor personal de Rodrigo Paz publicó en X: “Por un momentito pensé que era ahí. Donde esta el narco terrorista. Pero, puede pasar” con un video de la explosión en la que murió “Niño Guerrero”.

Según el líder cocalero, los comunicados oficiales del Secretario de Estado del 20 de mayo y del Secretario de Guerra del 5 de junio, donde Washington ratificó que no permitirá el derrocamiento de Paz debido a los contratos energéticos y mineros de explotación de recursos que el actual Ejecutivo ha suscrito con capitales norteamericanos.

Alternativas de negociación

La revisión cruzada de las entrevistas de Evo Morales expone una marcada dualidad en su discurso sobre la resolución del conflicto social y el cerco a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro.

El 18 de mayo, en el programa “Siempre es Hoy” conducido por Daniel Tognetti, el exmandatario delineó los puntos precisos para abrir una mesa de negociación y enfrentar la crisis social que ya suma 45 días de bloqueos exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz.

Morales sostuvo que el presidente debía retirar los diez proyectos de ley de ajuste estructural y asumir compromisos explícitos: no modificar la Constitución salvo mediante referéndum, no privatizar la luz, el agua, los servicios básicos ni los recursos naturales, y cumplir con sus compromisos electorales.

En este último punto, recordó que se había prometido austeridad con sueldos de 10.000 bolivianos para presidente y vicepresidente, pero que estos están en 22.000 o 25.000 bolivianos. Además, denunció que la renta vitalicia de los expresidentes, que debía eliminarse, fue elevada de 27.000 a 33.000 bolivianos, beneficiando incluso al padre del mandatario, Jaime Paz Zamora.

Esa postura de solución, colisionó, el 10 de junio, al ser consultado de forma insistente por el periodista Juan Cruz Castiñeiras sobre si la única salida al conflicto es la renuncia obligatoria de Rodrigo Paz.

Morales pidió a Castiñeiras que lo dejara hablar, pese a que el periodista no lo interrumpió. Ante la cuarta reiteración de la pregunta, el expresidente dio por terminada la comunicación de forma abrupta acusando interrupciones.

Proceso por trata y tráfico

Finalmente, Morales complementó su situación jurídica respecto a la orden de captura por presunta trata y tráfico de personas radicada en Tarija, calificándola como un proceso penal simulado y montado originalmente en el año 2024 por el entorno de Luis Arce para forzar su inhabilitación electoral.

El exmandatario fundamentó la ilegalidad de la causa revelando que la supuesta víctima presentó un memorial ante el juez de sentencia el pasado 5 de mayo desmentido la existencia de cualquier delito y solicitando el archivo de obrados.

Morales argumentó que, bajo la norma universal de que «si no hay víctima, no hay delito», el caso debió cerrarse, denunciando que el actual sistema judicial prefiere mantener el mandamiento de aprehensión para forzarlo a salir del Trópico de Cochabamba, donde afirma encontrarse cercado por un contingente gubernamental de 600 policías y 200 militares.

El líder político afirmó que tras su salida de la presidencia, el propio Luis Arce lo buscó para manifestarle su disposición de levantar y retirar la demanda penal tras asegurar que fue obligado a interponerla mediante un suboficial en servicio activo, lo que para la defensa de Morales ratifica la instrumentalización política de la justicia ordinaria en Bolivia.