Paz promulga ley de excepción, vincula bloqueos al «narcoterrorismo» y legitima a grupos civiles de choque
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El presidente Rodrigo Paz promulgó la ley de estados de excepción y ordenó la intervención militar y policial de los bloqueos, en un discurso de confrontación que acusó de «narcoterrorismo» a los sectores sociales que exigen su renuncia y legitimó la participación de grupos civiles de choque.
La norma dota al Ejecutivo del marco legal definitivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en las carreteras, pero amenaza con profundizar la crisis política al evidenciar el doble estándar del Gobierno frente a la violencia armada y la pacificación.
Durante el acto de promulgación de la Ley 1740, Paz instruyó el lunes al Alto Mando ejecutar «el plan que ya hemos diseñado» contra el cerco a La Paz, acusando directamente a facciones campesinas y cocaleras leales al expresidente Evo Morales de operar como francotiradores profesionales.
Aunque la norma se promulga bajo el marco legal de orden público, el discurso la convierte en una declaración de confrontación. Paz usó el acto de promulgación de una norma técnica para lanzar acusaciones directas contra el expresidente Evo Morales, sin nombrarlo, y vincular los bloqueos al narcotráfico, politizando así el acto jurídico.
«Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo (…). Pero a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados», amenazó el mandatario, combinando la retórica de negociación con una declaración de guerra política.
El mensaje borrado y San Julián
El discurso presidencial expuso severas fricciones narrativas respecto al reciente operativo de desbloqueo en el municipio cruceño de San Julián, donde actuaron miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo del Comité Cívico pro Santa Cruz.
Paz reprochó a las autoridades que cuestionaron los choques entre civiles y justificó la intervención de los unionistas: «Me sorprende que se preocupen más porque haya habido confrontación entre civiles y no por los ataques de fuerzas del narcoterrorismo con armas de fuego», afirmó el presidente.
Sin embargo, el Jefe de Estado omitió que él mismo publicó un mensaje en video, luego retirado, en el que llamó a que “toda la sociedad boliviana” se movilice “junto a nuestras Fuerzas Armadas, junto a nuestra policía” para “desbloquear el país”, “defender la democracia”, la “institucionalidad” y la Constitución.
El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó después que el video fue publicado sin revisión final, pero sostuvo que “el sentido es ese”, es decir, convocar a respaldar a las fuerzas del orden para restablecer los derechos afectados por grupos violentos.
Convocatoria y violencia
Dos días después, cadenas de televisión transmitieron en vivo cómo decenas de autobuses trasladaron a miembros de la UJC hasta el frente del conflicto en San Julián. Las imágenes mostraron a los civiles recibiendo petardos y explosivos ante la mirada de las tropas policiales, e incluso captaron el momento en que uno de ellos preguntaba a gritos: «¿Quién quiere bazuquear?».
La participación de civiles unionistas junto a policías y militares en el fallido desbloqueo abre, además, un serio cuestionamiento jurídico. La Constitución Política del Estado asigna la defensa de la sociedad y la conservación del orden público a la Policía, bajo mando único, sin que en las fuentes revisadas aparezca una habilitación expresa para incorporar civiles en operativos de restablecimiento del orden.
En este contexto, la afirmación de Paz de que la Policía acudió al operativo «sin armas de reglamento» resulta tensionada por las imágenes y denuncias surgidas tras el operativo.
El alcalde de San Julián, Juan Carlos Vaca, cuestionó la intervención y legisladores del PDC denunciaron la actuación de civiles en el terreno, mientras investigaciones periodísticas reportaron imágenes de un policía apuntando con un arma de fuego desde una vagoneta con matrícula irregular o clonada.
El alcance de la ley
La Ley 1740 regula la declaración de los estados de excepción, pero su promulgación no significa que Bolivia se encuentre ya bajo esa figura. Para que eso ocurra, el Ejecutivo debe aprobar un decreto supremo con motivación, delimitación territorial, duración, facultades conferidas, medidas extraordinarias autorizadas e identificación de las instituciones encargadas de ejecutar la medida.
La norma fija una vigencia máxima de 90 días y prevé control legislativo, por lo que funciona como marco jurídico para una eventual aplicación futura, no como declaratoria automática.
Medidas económicas de contención
En paralelo a la inminente militarización, el Ejecutivo lanzó un paquete económico de emergencia buscando desactivar el malestar en los sectores no radicalizados y aislar a las organizaciones sociales movilizadas.
Paz anunció la firma de tres decretos simultáneos: una reprogramación nacional de deudas bancarias, la inyección de un fondo de garantías de 1.000 millones de bolivianos para créditos al transporte, y la reducción del 50% de su salario y el de su gabinete.
Los recursos derivados del recorte salarial al Ejecutivo serán destinados a un fondo para pacientes con cáncer y enfermedades renales, una medida de alto impacto social que, sin embargo, quedó eclipsada por el tono bélico de la jornada.
El calvario de la ciudadanía
Mientras la retórica de Paz y la intransigencia de los bloqueadores se mantienen inamovibles, el peso de la crisis recae sobre los habitantes de La Paz y El Alto. A casi 40 días de encierro, el desabastecimiento, la carestía y la angustia cotidiana han dejado de ser variables políticas para convertirse en el calvario de millones.
En este escenario, el Estado ha optado por el despliegue militar antes que por el alivio humanitario, dejando a la ciudadanía atrapada en un callejón sin salida donde ni el Gobierno ni los sectores movilizados parecen dispuestos a ceder un solo milímetro en favor de la estabilidad social.