Diputados aprueba ley de excepción entre advertencias por uso de la fuerza
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La Cámara de Diputados sancionó este domingo la Ley de Regulación de Estados de Excepción y la remitió al Ejecutivo para su promulgación, en medio de advertencias de legisladores y organismos de derechos humanos sobre disposiciones vinculadas al uso de la fuerza por policías y militares.
La aprobación otorga al Gobierno el marco legal previsto por la Constitución para regular un eventual estado de excepción en medio de la crisis generada por semanas de bloqueos, problemas de abastecimiento y enfrentamientos en distintas regiones del país.
El alcance de la ley
La norma fue aprobada por más de dos tercios de los legisladores presentes y quedó a la espera de la promulgación presidencial. El Gobierno había sostenido en los últimos días que el país enfrenta circunstancias extraordinarias que justifican contar con mecanismos legales específicos para responder a la crisis.
El texto establece que el estado de excepción solo podrá ser declarado mediante decreto supremo ante situaciones de conmoción interna, amenaza a la seguridad del Estado, agresión externa o desastres de gran magnitud. Su duración máxima será de 90 días, con posibilidad de ampliación solo con autorización legislativa.
Críticas por artículo 26
La principal controversia durante el debate legislativo se centró en el artículo 26, referido a las actuaciones de policías y militares durante la vigencia de un estado de excepción. La disposición establece que esas actuaciones gozarán de presunción de legalidad.
El presidente de la Comisión de Constitución, Juan Del Granado, había expresado reparos sobre ese punto durante el tratamiento en comisión.
Ya en el pleno, legisladores opositores advirtieron que la redacción podría abrir espacios de impunidad frente a eventuales excesos cometidos por agentes estatales en operativos de control del orden público.
La diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, pidió su eliminación. “Los que vayan a matar con arma de fuego no pueden ser impunes”, dijo, al calificar la disposición como “una barbaridad” y una “carta blanca para enlutar Bolivia”.
Su colega Sandra Rivero, del PDC, sostuvo que el artículo “está hecho para que las Fuerzas Armadas y la Policía salgan; los cubre por completo” y solicitó su supresión total.
La bancada oficialista rechazó esas observaciones y afirmó que la norma no elimina responsabilidades penales, civiles o administrativas, sino que establece garantías jurídicas para actuaciones realizadas dentro del marco constitucional y legal.
La advertencia de la CIDH
Mientras la Asamblea debatía la ley, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que cualquier estado de excepción debe cumplir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y control institucional.
La CIDH señaló además que las restricciones extraordinarias de derechos deben mantenerse dentro de los límites establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos y estar sujetas a supervisión judicial.
El organismo reiteró su preocupación por la escalada de conflictividad social en Bolivia y llamó al Estado y a la sociedad a priorizar el diálogo.
Tensiones en el oficialismo
El debate también dejó expuestas diferencias dentro del bloque gubernamental. El diputado Edwin Valda, del PDC, cuestionó al presidente Rodrigo Paz por haberse alejado de los sectores que lo llevaron al poder. “Olvidarte de ellos fue tu peor error”, afirmó.
Su colega Manolo Rojas reconoció fallas del Gobierno y pidió disculpas a la población. “Hay errores, me disculpo ante el pueblo boliviano”, dijo, aunque defendió la necesidad de aprobar la norma.
Otros legisladores oficialistas también expresaron reparos sobre el manejo de la crisis y la relación del Ejecutivo con los sectores movilizados.
En contraste, la oposición anunció que seguirá observando la aplicación de la ley y advirtió que acudirá a mecanismos constitucionales e instancias internacionales si considera que la normativa es usada para restringir derechos más allá de los límites establecidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Lo que viene
Con la sanción legislativa, el presidente Paz cuenta ya con el marco legal para declarar un estado de excepción si decide hacerlo. La decisión quedará ahora en manos del Ejecutivo, bajo la presión de los bloqueos, las críticas por el uso potencial de la fuerza y el escrutinio de organismos internacionales.