Senado aprueba ley de estados de excepción en medio de la crisis y la envía a Diputados
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El Senado aprobó anoche la ley que reglamenta los estados de excepción y remitió la norma a la Cámara de Diputados para su tratamiento final, en medio de la crisis por los bloqueos y mientras el Gobierno impulsa su rápida aprobación.
La votación se produjo tras varias horas de debate y después de que los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de la Presidencia, José Luis Lupo; y de Defensa, Ernesto Justiniano, comparecieran ante la Comisión de Constitución para explicar los alcances de la propuesta y solicitar respaldo legislativo.
La aprobación se produce en un contexto de creciente tensión política y social, con más de un mes de bloqueos en distintas regiones del país y mientras el Gobierno sostiene que necesita un marco normativo actualizado para enfrentar situaciones extraordinarias previstas en la Constitución.
Gobierno impulsa aprobación
Durante el tratamiento legislativo, los ministros respaldaron abiertamente la iniciativa. Consultados por legisladores sobre si el Ejecutivo solicitaba formalmente la aprobación de la norma, las tres autoridades respondieron afirmativamente, dejando en claro el interés gubernamental en acelerar su tratamiento legislativo.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el estado de excepción constituye una herramienta prevista por la Constitución Política del Estado y sostuvo que seguirá siendo una medida de último recurso mientras el Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo con los sectores movilizados.
“La democracia en Bolivia no se negocia, se defiende”, señaló la autoridad al referirse a la crisis que atraviesa el país.
Qué establece la ley
La norma regula los procedimientos para la declaratoria de estados de excepción y establece que cualquier medida de esta naturaleza deberá aprobarse mediante decreto supremo fundamentado, especificando el alcance territorial, la duración, las medidas extraordinarias autorizadas y las instituciones responsables de su ejecución.
El proyecto fija una vigencia máxima de hasta 90 días y establece que cualquier ampliación deberá contar con autorización de la Asamblea Legislativa.
También regula la participación de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en escenarios de excepción, definiendo competencias, limitaciones y mecanismos de control.
Entre las disposiciones incorporadas se establece que las fuerzas de seguridad no podrán realizar detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales ni uso indiscriminado de la fuerza durante la vigencia de estas medidas.
Asimismo, la propuesta contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones de control de disturbios civiles únicamente cuando la Policía haya sido superada y no existan otros medios efectivos para restablecer el orden.
Observaciones constitucionales
El proyecto no estuvo exento de cuestionamientos. Un análisis jurídico difundido durante el debate advirtió que el límite de 90 días establecido en la propuesta podría entrar en conflicto con el artículo 138 de la Constitución, que vincula la duración del estado de excepción a la permanencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su declaratoria y al control posterior de la Asamblea Legislativa.
La observación surgió después de que el Ejecutivo retirara una primera versión del proyecto y presentara un nuevo texto para su tratamiento en el Senado.
Críticas de la oposición
La oposición cuestionó tanto el contenido como la velocidad con la que la norma avanzó en la Asamblea Legislativa.
La senadora Bertha Gutiérrez, del PDC, criticó el tratamiento acelerado del proyecto y sostuvo que otras iniciativas permanecen semanas sin ser consideradas por el Legislativo.
Legisladores de Alianza Popular y del bloque Pro Bolivia expresaron además preocupación por posibles excesos en el uso de la fuerza y por el alcance de algunas atribuciones previstas durante situaciones excepcionales.
El diputado Rolando Pacheco afirmó que su bancada mantiene observaciones a varios artículos del proyecto y advirtió que no respaldará la norma mientras no se introduzcan modificaciones.
Por su parte, la diputada Patricia Patiño sostuvo que su bloque no apoyará ninguna medida que derive en enfrentamientos entre bolivianos y expresó su rechazo a una eventual declaratoria de estado de excepción en el actual contexto político.
Pasa a Diputados
La norma fue remitida a la Cámara de Diputados, que deberá decidir en las próximas horas si aprueba, modifica o rechaza el proyecto.
Si obtiene el respaldo de esa instancia legislativa, la ley quedará lista para su promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz, dotando al Ejecutivo de un marco regulatorio específico para la aplicación de estados de excepción previstos en la Constitución.