Iglesia insiste en diálogo, la COB ratifica protestas y exige renuncia de Rodrigo Paz

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo reiteraron este domingo su llamado urgente a instalar una mesa de diálogo para superar la crisis que atraviesa Bolivia, mientras organizaciones reunidas en el ampliado nacional de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB) ratificaron la continuidad de las medidas de presión y mantuvieron como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El contraste entre ambas posiciones se produjo después de que la Vicepresidencia suspendiera la reunión nacional de diálogo prevista para este domingo en La Paz, argumentando la necesidad de generar condiciones para una participación amplia y efectiva de los sectores convocados. La nueva fecha será comunicada posteriormente, según el comunicado oficial.

En un pronunciamiento conjunto, la Iglesia y la Defensoría insistieron en que la concertación sigue siendo la única vía para enfrentar una crisis que ya supera los 31 días.

“El diálogo sincero, empático y constructivo constituye la única vía legítima y eficaz para la resolución de los problemas que nos aquejan”, señalaron ambas instituciones.

También exhortaron a las partes a abandonar posiciones rígidas y advirtieron sobre los riesgos de una escalada del conflicto.

“Cerrarse a la concertación solo profundiza el sufrimiento de la población” y “la violencia solo genera más violencia”, afirmaron.

COB ratifica movilizaciones

Mientras los facilitadores insistían en abrir espacios de entendimiento, dirigentes sindicales, campesinos, vecinales y representantes de organizaciones sociales participaron en el ampliado nacional convocado por la COB en instalaciones de la Federación de Fabriles de La Paz.

El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, asistió al encuentro acompañado por dirigentes y personal de seguridad.

Tras varias horas de deliberación, el ampliado resolvió mantener las medidas de presión en distintos puntos del país y ratificar las determinaciones asumidas previamente por las organizaciones movilizadas.

El secretario de Conflictos de la CSUTCB, Severo Marca, aseguró que las decisiones continúan dependiendo de las bases y afirmó que los representantes actúan únicamente como portavoces de esas determinaciones.

“Nosotros no conocemos ninguna invitación. Todo va a estar siempre sujeto a lo que decidan nuestros hermanos de base; la lucha continúa compañeros”, declaró.

Marca sostuvo además que la posición expresada en distintos puntos de bloqueo mantiene una misma demanda política.

“De momento la posición es firme de que el Gobierno tiene que dar un paso al costado”, afirmó.

Una evaluación similar realizó el exejecutivo de la COB Jaime Solares, quien informó que representantes llegados desde diferentes regiones respaldaron la continuidad de las movilizaciones.

“Ya no quieren diálogo, no quieren nada. El único pedido que tiene ahora el pueblo es que el presidente tiene que irse”, sostuvo.

Solares informó además que el ampliado aprobó la habilitación de corredores humanitarios para garantizar el paso de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos destinados a hospitales y situaciones de emergencia.

Denuncias de amedrentamiento

Durante la reunión también surgieron denuncias sobre presiones contra dirigentes y sectores movilizados.

Roger Suntura, representante de las 20 Fejuve provinciales, afirmó que las órdenes de aprehensión denunciadas por las organizaciones no lograron frenar las protestas.

“Nos han amedrentado con órdenes de aprehensión; más sin embargo, el bloque popular, la gente trabajadora y la gente humilde está más unida que nunca”, señaló.

El dirigente sostuvo que las demandas iniciales fueron cambiando con el paso de las semanas.

“Al principio era una petición simple. Hoy en día se ha convertido en una lucha de clases”, afirmó.

Impacto económico

Mientras continúan las diferencias sobre una salida al conflicto, la Cámara Nacional de Comercio cuestionó la continuidad de los bloqueos y lamentó el fracaso de los intentos de diálogo para resolver una crisis que afecta al país desde hace más de un mes.

La entidad advirtió que la interrupción del libre tránsito, las dificultades para el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, así como los hechos de violencia registrados en las últimas semanas, representan una amenaza para la estabilidad económica, la seguridad ciudadana y la paz social.

La organización empresarial exigió al Estado garantizar el libre tránsito, restablecer el orden e investigar las responsabilidades derivadas de los perjuicios ocasionados por el conflicto.

Los efectos de la crisis también comenzaron a reflejarse en los mercados paceños. Este domingo se registraron largas filas de compradores en Villa Fátima para adquirir huevos, mientras el precio del maple fluctuaba entre 40 y 60 bolivianos durante la jornada. Vecinos consultados señalaron que algunos debieron esperar más de una hora para conseguir el producto.

A 31 días del inicio de las protestas, el diálogo promovido por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia permanece sin fecha, mientras los sectores movilizados ratifican la continuidad de las medidas de presión y las advertencias sobre el impacto económico y social del conflicto comienzan a multiplicarse.