Bases de la COB y la Túpac Katari decidirán si aceptan dialogar tras anulación de órdenes de aprehensión

La posibilidad de abrir una negociación entre el Gobierno y los sectores movilizados quedó en manos de las bases de la Central Obrera Boliviana (COB), la Túpac Katari y los Ponchos Rojos, que este sábado definirán si aceptan dialogar con el Ejecutivo después de que la Justicia dejara sin efecto las órdenes de aprehensión contra Mario Argollo y Vicente Salazar, dos de los principales dirigentes del movimiento de protesta.

La resolución judicial eliminó una de las principales exigencias planteadas por los movilizados para avanzar en conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, la decisión no cerró el conflicto ni garantizó un acuerdo inmediato.

El fallo, conocido este viernes, dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra Argollo, secretario general de la COB, y Salazar, ejecutivo de la Túpac Katari, aunque dispuso que el Ministerio Público continúe con las investigaciones y garantice el acceso a los actuados del proceso.

Horas después de conocerse la resolución, la COB convocó a un ampliado nacional de emergencia para este sábado en la ciudad de El Alto. La reunión congregará a las 20 provincias Túpac Katari, organizaciones vecinales, sectores campesinos, transporte, magisterio y otras organizaciones sociales para analizar la coyuntura y definir nuevas medidas.

Salazar confirmó que existe una invitación oficial al diálogo, pero aclaró que la decisión será asumida por las bases y no por la dirigencia nacional.

“Hoy hemos entrado en un análisis y todos van a bajar a sus bases, en las cuales se van a tomar otras determinaciones”, afirmó.

El dirigente sostuvo que persiste malestar por las aprehensiones, procesos judiciales y operativos policiales registrados durante las movilizaciones.

“El pueblo realmente está enojado. Hoy estamos firmes, sigue la lucha”, agregó.

Gobierno mantiene abierta la negociación

La anulación de las órdenes se produjo mientras el vicepresidente Edman Lara impulsaba contactos con organizaciones movilizadas para instalar una mesa de diálogo.

Lara reveló que consultó al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sobre una de las principales demandas de la COB: el incremento salarial.

Según el vicepresidente, el ministro respondió que la posibilidad sigue abierta.

“No está cerrado, se le puede dar el incremento salarial, pero en la medida de lo que la economía le permita”, afirmó Lara al citar la respuesta de Lupo.

También sostuvo que las demandas de la Túpac Katari pueden ser discutidas y pidió garantías para los dirigentes movilizados.

“Si están pidiendo garantías para que no se los aprenda a sus dirigentes, denles las garantías”, señaló.

Las declaraciones reforzaron la línea de negociación promovida por Lara, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, en momentos en que el conflicto se aproxima a los 30 días.

Cuestionan estrategia

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que el Gobierno no ha mostrado una “ruta de diálogo y consenso” para resolver la crisis y cuestionó la coexistencia de llamados a negociar con acciones judiciales contra dirigentes movilizados. “Llaman a dialogar y emiten órdenes de aprehensión”, sostuvo.

Quiroga valoró la actitud asumida por Lara en las conversaciones, pero pidió al Ejecutivo definir una posición clara frente al conflicto. “Defina con quién dialogar y a quién aplica la ley”, afirmó.

También sugirió que la Iglesia Católica participe activamente en los esfuerzos de mediación.

Desde Santa Cruz, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, interpretó la decisión judicial como una concesión realizada para facilitar las negociaciones. “El Estado se ha puesto de rodillas”, afirmó.

Zambrana sostuvo que la resolución debilita el Estado de derecho y cuestionó la falta de resultados del Gobierno tras casi un mes de conflicto. “Hoy estamos ante un Estado fallido”, señaló.

Decisión pasa a las bases

Durante semanas, los sectores movilizados reclamaron garantías para sus dirigentes como condición para avanzar en una negociación. La anulación de las órdenes de aprehensión elimina ese obstáculo, pero traslada la decisión a las organizaciones de base.

La respuesta que adopten este sábado la COB, la Túpac Katari y los Ponchos Rojos determinará si el conflicto ingresa a una etapa de negociación o si las movilizaciones continúan pese a que una de las principales demandas planteadas por los dirigentes ya fue atendida.

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