Califican rebaja salarial de Paz de “demagógica” y cuestionan alcance real del ajuste estatal
3 min. 
La decisión del presidente Rodrigo Paz de reducir en 50% su salario y el de sus ministros generó cuestionamientos desde analistas, opositores y especialistas, quienes sostienen que la medida tiene un efecto más simbólico y político que impacto real sobre la crisis económica que atraviesa el país.
Paz afirmó que pasará de percibir Bs 22.000 a aproximadamente Bs 11.000 mensuales y defendió la medida como una señal de austeridad en medio de la conflictividad social y económica.
“Voy a ganar 11.000 bolivianos”, sostuvo el mandatario, quien además comparó su nuevo salario con ingresos de algunos dirigentes sindicales en comisión. “Quisiera yo estar en comisión sindical, algunos (…) ganan 40.000 bolivianos”, declaró.
El presidente aclaró que el ajuste no busca provocar una reducción generalizada de salarios en el aparato estatal y advirtió que una disminución mayor podría dificultar la permanencia de personal técnico y autoridades especializadas dentro del Gobierno.
“Si les pagas poco se van al sector privado”, afirmó. Sin embargo, no mencionó que él y los ministros tienen viáticos, transporte gratuito y otros beneficios que no tienen los empleados públicos que no ocupan cargos jerárquicos.
Críticas por medidas “simbólicas”
El analista político Vladimir Peña cuestionó duramente el anuncio y sostuvo que el recorte responde más a una estrategia política para reducir presión social que a una solución estructural frente a la crisis económica.
“La gente quiere un gobierno más eficiente, que deje de gastar en propaganda y en empresas que no funcionan”, señaló Peña.
El analista sostuvo además que el país necesita reformas fiscales sostenibles y no medidas coyunturales destinadas a producir impacto mediático. “Las medidas demagógicas y populistas son efímeras, se las lleva el viento”, afirmó.
Falta de plan económico
Desde la oposición, el diputado Rafael López, de la alianza Libre, afirmó que la reducción salarial no resolverá la crisis económica ni la creciente conflictividad política y social.
Según López, antes de aplicar ajustes simbólicos el Gobierno debería presentar una política económica integral y definir el Presupuesto General del Estado.
“Para solucionar la crisis económica primero necesitamos inversión y para tener inversión necesitamos seguridad jurídica”, sostuvo el legislador.
Surgen dudas sobre alcance legal del ajuste
La criminóloga Gabriela Reyes cuestionó además si la reducción salarial anunciada por el Ejecutivo alcanzará también a gobernaciones, alcaldías y órganos legislativos subnacionales, tomando en cuenta que el Presupuesto General del Estado vigente establece que ninguna autoridad puede percibir un salario superior al del presidente.
“El PGE 2025 establece que nadie gana más que el presidente”, escribió Reyes, quien pidió aclarar si la medida fue consensuada con las entidades territoriales autónomas o si requerirá modificaciones legislativas posteriores.