Morales niega buscar la renuncia de Paz, pero sectores evistas exigen su salida y elecciones en 90 días
El expresidente Evo Morales negó este martes que su organización política esté impulsando la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, dirigentes y sectores movilizados afines al evismo exigen públicamente la salida del mandatario y una convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días.
“Nuestro movimiento político, Evo Pueblo, no está pidiendo ninguna renuncia, sino que se atiendan las demandas. Evidentemente, algunos sectores están en una marcha pacífica, no en corte de caminos; que quede claro”, afirmó Morales durante una entrevista con Red América Latina.
Las declaraciones contrastan con otras afirmaciones realizadas por el propio exmandatario, quien sostuvo recientemente que la falta de gobernabilidad y la actual conflictividad social deberían derivar en una convocatoria electoral anticipada.
“Por Constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflictos como estos, en tres meses hay convocatoria a elecciones”, declaró Morales.
Esa interpretación no coincide plenamente con los mecanismos previstos por la Constitución Política del Estado. El Artículo 169 de la Constitución Política del Estado establece elecciones en un plazo de hasta 90 días únicamente en escenarios específicos de sucesión presidencial por ausencia definitiva o impedimento, y no por una valoración política de “falta de gobernabilidad”.
La contradicción también aparece en el discurso de dirigentes movilizados. El secretario general de las 16 provincias de Cochabamba, Nelson Virreyra, advirtió durante una concentración en El Alto que el presidente debía renunciar y convocar elecciones.
“Le estamos dando una salida pacífica: vas a salir por la puerta, por donde has entrado; caso contrario, vas a salir por el techo con la rebelión del pueblo, con la convulsión social”, afirmó.
Sectores afines a Morales que mantienen bloqueos también demandaron la salida del mandatario mientras las protestas afectan principalmente el abastecimiento de alimentos, combustibles y la circulación hacia La Paz.
La denominada “Marcha por la vida y para salvar Bolivia” partió el 12 de mayo desde Caracollo con demandas económicas y políticas. La movilización llegó a El Alto y posteriormente confluyó con otros sectores movilizados, entre ellos organizaciones alteñas, grupos campesinos y sectores identificados con los ponchos rojos.
La movilización descendió posteriormente a la sede de Gobierno y derivó en una jornada marcada por enfrentamientos con la Policía, saqueos, daños a infraestructura pública y privada, ataques a periodistas y otros episodios de violencia registrados en el centro paceño.
Durante la entrevista, Morales sostuvo que las movilizaciones responden a demandas vinculadas al rechazo de supuestos procesos de privatización, respeto a la Constitución, defensa del carácter plurinacional del Estado y temas económicos y salariales.
El contexto político de las declaraciones coincide además con la situación judicial que enfrenta el exmandatario. Morales mantiene una orden de aprehensión vigente y una declaratoria de rebeldía ratificada por un tribunal de Tarija dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas, luego de no presentarse a una audiencia de juicio oral. El exmandatario rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.
El proceso se mantiene paralizado hasta que Morales comparezca voluntariamente o sea aprehendido, según resoluciones judiciales emitidas en ese caso. Ese escenario acompaña una etapa en la que el exmandatario volvió a asumir un rol activo en las movilizaciones y en el debate sobre una eventual salida política a la crisis.