Fiscalía abre procesos por quema de la Wiphala, saqueos y daños tras jornada de violencia en La Paz

La Fiscalía Departamental de La Paz abrió investigaciones de oficio por la quema de una Wiphala, daños al Tribunal Departamental de Justicia y robos registrados durante la jornada de protestas y violencia del lunes en el centro paceño, mientras organizaciones campesinas y el Gobierno condenaron los hechos y exigieron identificar a los responsables.

El fiscal departamental Luis Carlos Torrez informó que se iniciaron procesos por presunto ultraje a símbolos nacionales tras la quema de la Wiphala y por daños a bienes públicos ocurridos durante las movilizaciones.

“El Ministerio Público ha dado inicio de oficio contra los autores por el delito de ultraje a los símbolos nacionales”, afirmó Torrez.

La autoridad agregó que también se abrieron investigaciones por los daños ocasionados al Palacio de Justicia bajo los presuntos delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.

Las pesquisas incluyen además robos denunciados en el centro comercial de la calle Mercado, el edificio Ugarte y puestos de venta cercanos al Órgano Judicial.

“El Ministerio Público no está en contra de las marchas; está en contra de aquellas personas que se filtran en las marchas y hacen daño a la ciudadanía”, sostuvo Torrez, quien añadió que la Fiscalía realizará seguimiento de imágenes difundidas en redes sociales y material periodístico para identificar a los responsables.

Los hechos ocurrieron tras una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y policías, saqueos, ataques a periodistas y daños a infraestructura pública y privada, luego del descenso hacia la sede de Gobierno de movilizaciones vinculadas a la denominada “Marcha por la vida y para salvar Bolivia”, impulsada por sectores afines a Evo Morales y posteriormente confluidas con otros grupos movilizados.

La quema de la Wiphala abrió además una nueva tensión política y simbólica. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) emitió un pronunciamiento público en el que rechazó los hechos y afirmó que la Wiphala constituye un símbolo reconocido por la Constitución y una expresión histórica de los pueblos indígenas originarios.

“Ningún ataque contra la Wiphala ni contra la dignidad del indígena originario campesino quedará en silencio ni impune”, señaló la organización.

La entidad exigió identificar y sancionar a los responsables y convocó movilizaciones nacionales en defensa del símbolo patrio.

En paralelo, el Gobierno de Rodrigo Paz difundió un comunicado oficial condenando la quema de la Wiphala ocurrida tras una movilización de respaldo al mandatario desarrollada en La Paz.

“La Wiphala es un símbolo patrio reconocido por el Estado boliviano y representa parte de la identidad, historia y diversidad del país”, señala el documento oficial.

El comunicado agregó que ninguna diferencia política o coyuntural justifica actos de agravio contra símbolos nacionales y rechazó expresiones de intolerancia o violencia.

La coincidencia entre las investigaciones judiciales, el pronunciamiento campesino y la reacción oficial muestra cómo una jornada que comenzó con protestas y enfrentamientos derivó también en una disputa por símbolos e identidades, ampliando el alcance político del conflicto.