Evo plantea elecciones en 90 días por “falta de gobernabilidad”, pero la Constitución no prevé esa causal
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La Paz.- El expresidente Evo Morales afirmó que la falta de gobernabilidad y la actual conflictividad social en Bolivia deberían derivar en una convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días. Sin embargo, esa interpretación no coincide con los mecanismos previstos por la Constitución Política del Estado.
La declaración fue realizada después del arribo a La Paz de la denominada “Marcha por la vida y para salvar Bolivia”, una movilización impulsada por sectores afines a Morales que partió desde Caracollo en medio de una creciente crisis política y social.
La marcha posteriormente confluyó con otras movilizaciones de sectores alteños, campesinos y grupos identificados con los ponchos rojos, en una jornada que derivó en enfrentamientos con la Policía, saqueos, daños a infraestructura pública y privada, ataques a periodistas y otros episodios de violencia registrados en el centro paceño.
Morales cuestionó la conducción política del Gobierno y afirmó: “Es un presidente por accidente, un presidente sin estructura política, un presidente sin programa”.
La afirmación corresponde a una valoración política del exmandatario. Rodrigo Paz fue elegido en segunda vuelta con aproximadamente el 54,5% de los votos frente al 45,5% obtenido por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, en el primer balotaje presidencial aplicado en Bolivia.
Morales sostuvo además que la relación entre el presidente y el vicepresidente refleja una crisis institucional. “No se puede creer cómo con su vicepresidente no se habla, no se saluda y, por decreto constitucional, quita atribuciones al vicepresidente. No hay gobernabilidad”, afirmó.
El exmandatario aseguró que la salida a la actual crisis pasa por una renovación anticipada del poder político. “Por Constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflictos como estos, en tres meses hay convocatoria a elecciones”, declaró.
La Constitución sí contempla elecciones en un plazo máximo de 90 días, pero bajo circunstancias específicas distintas a las mencionadas por Morales.
El principal artículo relacionado es el Artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que regula la sucesión presidencial. La norma establece que, ante impedimento o ausencia definitiva del Presidente, asume el Vicepresidente; posteriormente el presidente del Senado y luego el presidente de Diputados. Solo en este último caso corresponde convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días.
La disposición señala:
“En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”. Sin embargo, el texto constitucional no establece que conflictos sociales, protestas o una valoración política sobre “falta de gobernabilidad” activen automáticamente elecciones generales. Tampoco existe una causal constitucional expresa denominada “ingobernabilidad”.
Morales también sostuvo que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia repetida durante décadas. “Cuando era diputado me expulsaron acusándome de narcotraficante, asesino, terrorista”, afirmó.
El exmandatario hizo referencia a episodios políticos ocurridos durante el conflicto cocalero de finales de los años noventa e inicios de los 2000, cuando enfrentó acusaciones y señalamientos públicos vinculados a presuntos nexos con actividades ilícitas y conflictos sociales.
Morales sostuvo que esas denuncias respondieron a una persecución política dirigida contra dirigentes cocaleros e indígenas.
En distintos momentos fue investigado y señalado públicamente por adversarios políticos; sin embargo, varias de esas acusaciones históricas no derivaron en sentencias condenatorias ni en pruebas judiciales concluyentes que acreditaran vínculos con actividades de narcotráfico.
Su situación judicial actual, es distinta. Morales enfrenta una orden de aprehensión vigente y una declaratoria de rebeldía ratificada por un tribunal de Tarija dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas, luego de no presentarse a una audiencia de juicio oral. El exmandatario rechaza esa acusación y sostiene que se trata de un caso de persecución política.
La precisión jurídica adquiere relevancia porque la propuesta de Morales surge en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por protestas, violencia callejera y creciente presión política. En ese contexto, la discusión dejó de centrarse únicamente en la crisis social y comenzó a extenderse hacia posibles salidas institucionales.