Iglesia, Defensoría y DDHH convocan al Gobierno y sectores sociales a diálogo tras jornada de violencia en La Paz

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias convocaron este martes al Gobierno y a organizaciones sociales a instalar una mesa de diálogo, en un intento por frenar la escalada del conflicto luego de la jornada de violencia registrada el lunes en el centro de La Paz.

La convocatoria surge un día después de enfrentamientos, saqueos, ataques a periodistas y daños a infraestructura pública durante movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz, hechos que profundizaron la tensión política y social en el país.

En un pronunciamiento conjunto, las tres instituciones expresaron su “honda preocupación” por el aumento de la conflictividad, los hechos violentos y las vulneraciones a derechos humanos registradas durante las protestas.

Las entidades señalaron que el escenario actual refleja una creciente “intransigencia” entre los actores involucrados y advirtieron que la situación “no debiera presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”.

“Instamos a vigorizar la fuerza del entendimiento frente al descontrol de las pasiones e invocamos a la fecundidad del diálogo frente a la presencia de la violencia”, señala el documento.

La convocatoria está dirigida al Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.

El pronunciamiento fue firmado por Giovanni Arana, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya y Virginia Ugarte.

Las instituciones señalaron que ahora esperan una respuesta de los convocados para coordinar fecha y hora del encuentro.

El llamado aparece en un momento particularmente delicado: la crisis ya dejó de expresarse únicamente mediante bloqueos y protestas sectoriales y comenzó a trasladarse hacia el centro político del país, con episodios de violencia urbana, fracturas políticas y crecientes llamados públicos a encontrar una salida negociada.

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