Cinco horas de enfrentamientos, saqueos y ataques marcan jornada de violencia en La Paz; Gobierno paga Bs 110 millones en bono policial
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Una jornada de más de cinco horas de enfrentamientos entre manifestantes y policías dejó escenas de violencia, saqueos, ataques a periodistas, daños a infraestructura pública y vehículos incendiados este lunes en el centro de La Paz, mientras el Gobierno inició el pago de Bs 110 millones destinados a un bono extraordinario para efectivos policiales desplegados en medio de la crisis.
Las protestas reunieron a mineros, campesinos, fabriles, sectores afiliados a la COB y grupos vinculados a la denominada “Marcha por la Vida”, impulsada por sectores afines a Evo Morales, que descendieron desde El Alto hacia el centro paceño para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los primeros enfrentamientos comenzaron cuando grupos movilizados intentaron avanzar hacia Plaza Murillo y fueron contenidos con gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieron con piedras, petardos y cachorros de dinamita, ampliando los choques a varios puntos del centro de la ciudad.
La violencia se extendió por calles Mercado, Comercio, Potosí, Colón y la avenida Camacho, donde se reportaron daños a oficinas públicas, ataques a infraestructura y saqueos en negocios.
Uno de los hechos más graves ocurrió cuando grupos movilizados ingresaron a instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia, donde, según reportes periodísticos, sustrajeron y arrojaron mobiliario, documentos y objetos hacia la vía pública. También se denunciaron daños en oficinas de la Fiscalía y estaciones de Mi Teleférico.
Otro episodio de alta tensión se registró en el edificio Ugarte, ubicado entre la avenida Camacho y la calle Mercado, donde funcionan oficinas de entidades financieras y comercios privados. Según reportes desde el lugar, grupos de manifestantes arrancaron puertas de ingreso mientras se escuchaban gritos de “ahora sí guerra civil” durante intentos de ingreso a negocios cercanos. También se denunciaron robos en tiendas, ópticas y otros establecimientos comerciales del sector.
Vehículos policiales estacionados cerca de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen fueron incendiados mientras grupos movilizados intentaban avanzar hacia instalaciones policiales para exigir la liberación de personas arrestadas.
La jornada también dejó agresiones contra trabajadores de prensa. Equipos periodísticos denunciaron ataques mientras realizaban cobertura y un comunicador resultó herido por fragmentos de explosivos durante los disturbios.
En paralelo a los enfrentamientos, el Gobierno inició el pago del denominado “Reconocimiento Económico al Esfuerzo”, un beneficio extraordinario destinado al personal operativo de la Policía Boliviana.
Según reportes oficiales y comprobantes difundidos por efectivos, el desembolso alcanza Bs 110 millones y busca reconocer labores vinculadas al mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana en escenarios de alta conflictividad.
La coincidencia temporal entre el pago extraordinario y el despliegue policial durante una de las jornadas más violentas de las últimas semanas añadió un nuevo elemento al debate político sobre el rol de las fuerzas de seguridad en medio de la crisis.
En medio de los disturbios, Morales acusó al Gobierno de responder a la crisis mediante persecución y represión y sostuvo que existe una estrategia de criminalización contra dirigentes y sectores movilizados.
Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara volvió a marcar distancia con el manejo oficial del conflicto y reiteró su pedido de instalar una mesa de diálogo, cuestionando el uso de policías como primera línea frente a protestas sociales y criticando a ministros que —según dijo previamente— “se esconden detrás de la Policía”.
La jornada también derivó en suspensión de operaciones de líneas del teleférico, cierre temporal de agencias bancarias y nuevas órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y sociales investigados por hechos vinculados a bloqueos y movilizaciones.
La crisis dejó una señal difícil de ignorar: la confrontación ya no se limita a carreteras o puntos aislados de bloqueo. Alcanzó el centro político y financiero del país y elevó el nivel de violencia a uno de los episodios más intensos de las últimas semanas.