Acuerdo con cooperativistas revela compromisos sobre explosivos, abrogación de reserva fiscal y espacios en COMIBOL y CNS
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El contenido del acta difundida cuatro días después de las negociaciones entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) revela compromisos relacionados con explosivos, áreas mineras, representación institucional y participación en entidades estatales, aspectos que no habían sido detallados públicamente por el Ejecutivo.
Tras una reunión de casi 12 horas, el Gobierno informó únicamente que se habían alcanzado “varios acuerdos” sobre temas como combustibles, explosivos y transporte, pero no publicó el contenido íntegro del documento ni precisó el alcance de los compromisos asumidos con el sector.
En los días posteriores comenzaron a circular publicaciones y versiones sobre supuestos beneficios extraordinarios para cooperativistas mineros, entre ellos combustible subvencionado, provisión ilimitada de explosivos y un presunto perdón de obligaciones vinculadas a la Caja Nacional de Salud (CNS). Las versiones fueron posteriormente rechazadas por autoridades gubernamentales.
En medio de esa controversia, el periodista John Arandia denunció la reutilización fuera de contexto de fragmentos antiguos de su programa La Tertulia de Fides, para sostener publicaciones que atribuían a negociaciones recientes acuerdos vinculados al combustible subvencionado.
“El video es real, mas presentarlo así es una mentira”. “Ese es un convenio que firmó Luis Arce en abril de 2025 (…) no tiene nada que ver con algo recientemente firmado”, afirmó Arandia
Acta de la negocación
Posteriormente, el mismo periodista difundió el acta correspondiente a la reunión del 14 de mayo entre autoridades y cooperativistas, documento que permitió conocer medidas específicas asumidas durante el encuentro.
Entre los puntos figura la aplicación inmediata de la Resolución Ministerial N.º 195, mediante la cual el Ministerio de Defensa autoriza incrementos en volúmenes de material explosivo y modificaciones relacionadas con servicios de escolta militar.
El acuerdo también establece la abrogación del Decreto Supremo 5615, que declaró reserva fiscal el sector de Chuquiuta y Pocoata, además de procesos de liberación y priorización de nuevas áreas mineras en coordinación con Fencomin.
Asimismo, incorpora la emisión de certificados de compatibilidad de uso de suelo como instrumento técnico operativo para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, en el marco del artículo 220 de la Ley 535.
El documento incorpora además compromisos institucionales. Entre ellos figura la restitución de dos directores dentro de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el reconocimiento de Fencomin como única federación nacional del movimiento cooperativo minero y medidas relacionadas con su representación.
Uno de los puntos más sensibles involucra a la Caja Nacional de Salud. El acta establece que, mientras se tramiten modificaciones legales, Fencomin contará con representación mediante un cargo estratégico dentro de la institución.
La medida surge días después de la emisión del Decreto Supremo 5618, que instruye la incorporación de aportes de cooperativas mineras a la contabilidad de la CNS y deja sin efecto fiscalizaciones realizadas entre 2016 y 2025, medidas cuya interpretación generó posiciones distintas respecto a sus efectos sobre obligaciones acumuladas del sector.
Dirigentes cooperativistas rechazaron que esas disposiciones representen una condonación.“No nos condonan nada a nosotros, no nos perdonan nada”, afirmó Josué Caricari.
Las páginas difundidas hasta el momento tampoco muestran referencias explícitas a combustible subvencionado ni a provisión ilimitada de explosivos, dos de los puntos rechazados posteriormente por autoridades gubernamentales.
La difusión del acuerdo desplazó el debate desde las versiones iniciales hacia otra interrogante: por qué los detalles del documento comenzaron a conocerse fuera de canales oficiales y no mediante una publicación íntegra realizada por el Ejecutivo.