Defensoría y organizaciones alertan que bloqueos, violencia y desinformación agravan riesgo para democracia y derechos humanos
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La Defensoría del Pueblo de Bolivia y decenas de organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la actual escalada del conflicto social comenzó a afectar derechos fundamentales y a generar riesgos para la convivencia democrática, señalando bloqueos, hechos de violencia, discursos de confrontación y campañas de desinformación como factores que profundizan la crisis.
A través de un pronunciamiento conjunto, las instituciones sostuvieron que la situación dejó de limitarse a una disputa sectorial y empezó a tener impactos sobre derechos vinculados a salud, libre circulación, seguridad ciudadana y acceso a la información.
“La democracia es el pilar de nuestra convivencia. Ningún interés político, económico o sectorial puede justificar la vulneración de derechos humanos ni el debilitamiento de las instituciones democráticas”, señala el documento.
Entre los principales puntos observados, el pronunciamiento identifica bloqueos de carreteras que afectan abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y acceso oportuno a servicios de salud.
Según las organizaciones, estas medidas generan efectos directos sobre derechos económicos y sociales y afectan especialmente a poblaciones vulnerables.
El documento también cuestiona hechos de violencia registrados durante protestas y movilizaciones, incluyendo agresiones a periodistas, ataques contra funcionarios policiales, intentos de toma de instituciones y uso de explosivos.
Las instituciones señalaron que estas acciones exceden estándares internacionales sobre protesta pacífica y generan riesgos para la vida, integridad personal, libertad de prensa y seguridad ciudadana.
Otro de los puntos incorporados en la declaración es la preocupación por llamados públicos a desbloqueos violentos y discursos que incentivan odio y confrontación.
La advertencia aparece después de días marcados por amenazas cruzadas, llamados a represalias y enfrentamientos entre sectores movilizados y fuerzas de seguridad.
El pronunciamiento también expresa preocupación por actos de estigmatización y amedrentamiento contra organizaciones que acompañan demandas indígenas provenientes de Beni y Pando.
Asimismo, alerta sobre circulación de noticias falsas, amenazas y contenidos difundidos en redes sociales que —según el documento— amplifican prejuicios y profundizan la polarización.
“La violencia y la confrontación solo profundizan las heridas sociales. El camino debe ser el diálogo plural e inclusivo”, añade el texto.
La declaración surge en una de las semanas de mayor tensión política y social para el gobierno de Rodrigo Paz, marcada por operativos de desbloqueo, enfrentamientos entre policías y cooperativistas, denuncias de agresiones y crecientes llamados a una salida negociada del conflicto.
“La paz, la democracia y los derechos humanos no son negociables”, concluye el pronunciamiento.