Gobierno anula procesos de la CNS contra cooperativas mineras por más de Bs 95 millones en plena escalada de protestas
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El gobierno de Rodrigo Paz dejó sin efecto procesos coactivos y fiscalizaciones impulsados por la Caja Nacional de Salud (CNS) contra federaciones de cooperativas mineras auríferas del norte paceño, en una decisión que beneficia obligaciones acumuladas por más de Bs 95 millones y que surge en medio de crecientes movilizaciones sociales y mineras contra el Ejecutivo.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5618, que dispone anular notas de cargo emitidas contra la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman L.P. R.L.) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco R.L.) correspondientes a las gestiones 2016 a 2025.
La norma también deja sin efecto las fiscalizaciones realizadas a los seguros delegados de ambas organizaciones durante ese mismo periodo.
Además, instruye a la CNS incorporar en su contabilidad institucional los aportes realizados por ambas federaciones entre 2013 y 2016, mientras el Ministerio de Salud deberá reglamentar la aplicación del decreto en un plazo de 90 días.
Aunque el decreto no menciona explícitamente un monto global, dirigentes y documentos vinculados al proceso señalan que las obligaciones y observaciones acumuladas superarían los Bs 95 millones.
La decisión aparece en un momento políticamente sensible para el Gobierno, marcado por bloqueos, marchas y protestas impulsadas por sectores mineros, campesinos y sindicales que exigen soluciones económicas e incluso la renuncia presidencial.
Durante las últimas horas, caravanas de cooperativistas mineros llegaron a El Alto y La Paz para reforzar movilizaciones, mientras dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia endurecieron su discurso contra el Ejecutivo.
El dirigente minero Andrés Paye afirmó que las bases consideran que el Gobierno “se olvidó del pueblo” y advirtió que los sectores movilizados ya plantean el desconocimiento del mandatario.
En ese contexto, la anulación de procesos millonarios contra cooperativas auríferas podría abrir cuestionamientos políticos sobre un posible intento del Ejecutivo de reducir tensiones con sectores mineros en medio de la crisis social.
Hasta el momento, el Gobierno no explicó públicamente los criterios técnicos y jurídicos que sustentan la decisión ni el impacto económico que tendrá sobre la Caja Nacional de Salud.