Rodrigo Paz abroga Ley 1720 tras movilización indígena
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El presidente Rodrigo Paz promulgó el miércoles la abrogación de la Ley 1720, una controvertida norma agraria que estuvo vigente poco más de un mes y que cayó tras semanas de marchas indígenas, vigilias y presión social contra una legislación impulsada inicialmente por el Gobierno con respaldo de sectores agroindustriales cruceños.
La decisión dejó sin efecto una ley promulgada el 10 de abril por Paz durante un acto con sectores vinculados al agronegocio y parlamentarios afines a la producción agroindustrial de Santa Cruz, quienes defendían la norma como un mecanismo para ampliar el acceso al crédito y modernizar el uso productivo de la tierra.
Organizaciones indígenas y campesinas de Beni y Pando denunciaron que la Ley 1720 abría la puerta a la mercantilización de la tierra y favorecía la concentración de propiedades rurales. Las protestas derivaron en una marcha de varias semanas hacia La Paz y en una vigilia permanente en inmediaciones de la Asamblea Legislativa mientras el Congreso debatía la abrogación.
“Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”, dijo Paz tras firmar la disposición sin haber conversado con indígenas y campesinos movilizados.
Dirigentes de la movilización indígena sostuvieron durante las protestas que el Gobierno nunca instaló una mesa directa con los marchistas que llegaron desde la Amazonía boliviana y rechazaron acuerdos parciales alcanzados con otros sectores campesinos.
“Con nosotros no hay ningún acuerdo”, declaró días atrás Carmelo Arce, representante de los movilizados, quien afirmó que las organizaciones permanecerían en las calles hasta la anulación definitiva de la norma.
La marcha indígena y campesina ingresó a La Paz tras más de tres semanas de recorrido desde Beni y Pando, en medio de bloqueos y movilizaciones que elevaron la presión política sobre el Ejecutivo y el Legislativo.
Aunque inicialmente sectores agroindustriales y cívicos cruceños advirtieron que retirarían su respaldo al Gobierno si la ley era anulada, varios actores terminaron cediendo ante el deterioro del conflicto y el creciente costo político de mantener la norma.
Paz afirmó que la abrogación abre ahora una etapa de construcción de una nueva legislación agraria “con consensos” y participación de todos los sectores.
La rápida caída de la Ley 1720 reabrió el debate sobre la propiedad de la tierra en Bolivia, un tema históricamente sensible y ligado a disputas entre comunidades indígenas, campesinos y sectores empresariales del agro.