La ley que Paz y el “agro” celebraron y la marcha indígena enterró

El presidente intentó presentar la abrogación de la Ley 1720 como fruto del diálogo y el consenso. Pero la cronología del conflicto cuenta otra historia: una marcha indígena ignorada, presión social sostenida en las carreteras y las calles, y un Gobierno que terminó enterrando, en apenas 33 días, una norma que antes defendía como indispensable.

La Ley 1720 sobrevivió apenas 33 días. Promulgada el 10 de abril bajo la promesa de “empoderar al pequeño productor rural” y facilitar el acceso al crédito agropecuario, terminó abrogada el 13 de mayo después de semanas de marchas, vigilias, presión indígena y campesina que expusieron una de las contradicciones políticas más visibles del Gobierno de Rodrigo Paz.

La norma nació como una apuesta política del Ejecutivo junto a sectores agroindustriales y parlamentarios de Santa Cruz que defendían la flexibilización del uso productivo de la tierra bajo el argumento de impulsar el desarrollo rural.

Paz defendió la ley como una herramienta para “dar poder al sector rural” y aseguró que no afectaría tierras comunitarias ni áreas protegidas.

El entonces Proyecto de Ley 157 fue impulsado por el senador y agroindustrial Branko Marinkovic, quien lo presentó ante la Comisión de Tierras y Territorios bajo el argumento de la “libertad agraria”.

Durante el debate, Marinkovic resumió su postura con una frase que amplificó la polémica sobre el destino de las tierras: “Si un campesino me dice que quiere media parcela y me los voy a gastar en putas y en trago, que lo haga, es de él”.

Mientras el Gobierno hablaba de modernización productiva, organizaciones indígenas y campesinas advertían otra cosa, la ley abría espacios para mayor concentración de tierras y debilitaba garantías sobre territorios comunitarios y amazónicos. Ese choque terminó convirtiéndose en una crisis política.

La marcha desmontó el relato oficial

“Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”, afirmó el mandatario después de firmar la disposición que eliminó la norma, en un intento de instalar la idea de una salida dialogada.

Paz aseguró además que ahora corresponde construir “una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores”.

Mientras pronunciaba ese discurso en la Casa Grande del Pueblo, cientos de indígenas y campesinos provenientes de Beni y Pando seguían en vigilia alrededor de la Asamblea Legislativa tras casi un mes de caminata desde la Amazonía boliviana.

Su principal exigencia nunca fue atendida: querían reunirse directamente con Rodrigo Paz. Entre el 3 y el 6 de mayo, dirigentes indígenas repitieron públicamente al menos cinco veces que no aceptarían negociaciones con ministros ni viceministros.

“No queremos ni un ministro ni un viceministro, queremos su presencia”, insistían mientras ingresaban a La Paz después de recorrer centenares de kilómetros. La respuesta oficial fue otra: comisiones técnicas, reuniones parciales y negociaciones con sectores aliados.

El Gobierno nunca instaló un diálogo directo con el núcleo de la movilización; intentó administrar la protesta desde la periferia.

Incluso acuerdos alcanzados con organizaciones como la CSUTCB y algunos sectores de la CIDOB fueron desconocidos por los marchistas, que denunciaban “traición” y rechazaban pactos firmados sin su participación directa.

Ahí comenzó a fracturarse el relato oficial de una salida construida mediante diálogo. La cronología muestra que la ley no cayó primero por consenso, sino por presión social sostenida en carreteras, vigilias y desgaste político.

De “buena ley” a ley insostenible

La contradicción de Rodrigo Paz no fue solo política. También fue discursiva. Antes de la crisis, el presidente defendía la Ley 1720 como una herramienta necesaria para el desarrollo productivo y el acceso al crédito rural.

Más adelante, cuando la presión social comenzó a crecer, admitió que a la norma “le faltó socializarla”. Finalmente, tras abrogarla, prometió construir una nueva legislación “justa”, “equilibrada” y “con consensos”.

La secuencia es demasiado evidente para ser presentada como una simple evolución política. Primero el mandatario habló de una ley sólida y beneficiosa. Después reconoció problemas de diálogo. Finalmente terminó aceptando, de manera implícita, que la norma carecía de legitimidad social suficiente para sostenerse.

No fue solo un problema de comunicación. La crisis reveló un error de origen en la construcción política de la norma.

La frase más reveladora quizá no sea la abrogación en sí, sino la promesa posterior de construir una nueva ley “escuchando a todos los sectores”, porque esa promesa funciona también como admisión involuntaria de lo que la Ley 1720 nunca tuvo: consenso real.

La retirada del bloque oficialista

Durante semanas, sectores agroindustriales y parlamentarios cruceños defendieron la permanencia de la norma y presionaron para evitar su caída.

La ley representaba para ellos una oportunidad de ampliar márgenes de dinamización productiva y acceso a financiamiento rural, pero conforme crecían las movilizaciones y el conflicto escalaba hacia la Asamblea Legislativa, el respaldo político comenzó a erosionarse.

La vigilia indígena en La Paz convirtió el debate agrario en un problema nacional y elevó el costo político de sostener la norma. Varios sectores que inicialmente respaldaban la ley terminaron cediendo ante el desgaste social y el riesgo de profundizar el conflicto. También Rodrigo Paz.

La abrogación terminó pareciéndose menos a un acto de apertura política que a una retirada inevitable.

La carretera antes que el consenso

El Gobierno intenta ahora convertir la caída de la Ley 1720 en una historia de diálogo nacional, pero los hechos cuentan algo distinto. Primero hubo resistencia social. Después caminata. Luego vigilia, presión legislativa y finalmente retroceso político.

El consenso no fue el método que resolvió la crisis; fue la etiqueta que el Ejecutivo intentó ponerle a su retirada.

Ahí aparece probablemente la principal derrota política del Gobierno: no haber entendido a tiempo que en Bolivia la tierra no es solo un tema productivo o técnico, sino una memoria histórica cargada de conflicto, identidad y poder.

La Ley 1720 cayó porque nació sin legitimidad suficiente y porque el Gobierno confundió apoyo sectorial con consenso nacional.

La corta vida de la norma terminó convirtiéndose en un naufragio político para el Ejecutivo.

Rodrigo Paz terminó descubriendo algo que la política boliviana ya había enseñado muchas veces, la legitimidad no se decreta desde una oficina ni se construye únicamente con empresarios, parlamentarios o discursos de modernización.

La legitimidad se pone a prueba en la carretera. Y pocas derrotas políticas quedan tan expuestas como aquellas que obligan a un presidente a sepultar, en apenas un mes, una ley que días antes todavía defendía como necesaria.