COB endurece presión contra Paz, sectores ya piden su renuncia y bloqueos dejan dos muertos y hospitales sin oxígeno
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La crisis social y política en Bolivia escaló este jueves después de que la Central Obrera Boliviana (COB) anunciara la continuidad de las movilizaciones y confirmara que sectores de base ya plantean el “desconocimiento” y la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de bloqueos que dejaron al menos dos fallecidos, hospitales con riesgo de desabastecimiento de oxígeno y nuevas caravanas de mineros movilizándose hacia La Paz.
La protesta, que comenzó semanas atrás con reclamos por incremento salarial, combustible, inflación y la Ley 1720, derivó ahora en una confrontación política abierta contra el Gobierno, mientras organizaciones sindicales, mineras, fabriles y alteñas advierten que las bases “rebasaron” a sus dirigentes y radicalizan las medidas de presión.
“Estamos en las calles por convicción y no por intereses económicos. Este presidente y sus ministros incapaces no han dado solución a los problemas del país”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
El dirigente sostuvo además que la protesta ya no se limita a demandas sectoriales y reconoció que en distintos puntos del país crece el pedido de alejamiento del mandatario.
“Aquí el pedido único es el alejamiento y la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales de este país”, declaró Argollo.
Desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el dirigente Andrés Paye acusó al Ejecutivo de haberse “olvidado del pueblo” y responsabilizó al Gobierno por la radicalización del conflicto.
“Las bases rebasan a los dirigentes”, afirmó Paye, quien además pidió a la Policía y a las Fuerzas Armadas “no irse contra el pueblo”.
El dirigente minero también cuestionó que el Gobierno impulse una confrontación con sectores movilizados y advirtió que una eventual intervención policial sería “otro error”.
“Gobierno va de un error a otro error (…) sería equivocado que reprima bloqueos”, sostuvo.
La tensión creció además en El Alto, donde la Central Obrera Regional de El Alto anunció su incorporación formal a las movilizaciones y anticipó pedidos de renuncia de ministros.
“Vamos a pedir renuncia de todos los ministros, por incapaces”, afirmó el dirigente Marcelo Mayta.
Mientras tanto, el impacto humanitario de los bloqueos comenzó a agravarse. La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó la muerte de una ciudadana de Belice y de un comunario de Guanay que no lograron recibir atención médica oportuna debido al cierre de rutas.
Según la autoridad, ambos pacientes perdieron horas críticas intentando esquivar bloqueos y tomar caminos alternos para llegar a centros de salud.
“Esperamos que no existan mayores muertes y que se normalice”, declaró Flores, quien además alertó que cuatro cisternas cargadas con oxígeno líquido permanecen retenidas en puntos de bloqueo.
La ministra también denunció que un niño perdió cuatro dedos de una mano tras manipular un artefacto explosivo lanzado en medio de las protestas en El Alto.
El Gobierno endureció su discurso contra las movilizaciones vinculadas al evismo. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció el ingreso de caravanas de mineros cooperativistas hacia La Paz y calificó la movilización como una “marcha VIP y lujosa de Evo”.
Según Zamora, grupos movilizados llegaron en caravanas de vehículos y camiones para reforzar protestas y bloqueos en El Alto y la sede de Gobierno. La radio cocalera RKC reportó el ingreso de al menos 150 vehículos con mineros cooperativistas durante la noche del miércoles.
Aunque el Gobierno promulgó la abrogación de la Ley 1720 —uno de los principales detonantes iniciales del conflicto— las movilizaciones no disminuyeron y comenzaron a transformarse en una protesta nacional más amplia contra la gestión de Paz, marcada por cuestionamientos económicos, crisis de abastecimiento y creciente desgaste político del Ejecutivo.