Paz pide diálogo en medio de represión policial en Senkata y pedidos de renuncia de varios sectores
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El presidente Rodrigo Paz Pereira llamó la noche del martes a una «reconciliación» nacional para frenar una ola de protestas que asfixia a la ciudad de La Paz, en una jornada marcada por violentos operativos policiales en puntos estratégicos de El Alto que terminaron por incrementar el pedido de renuncia del mandatario entre los sectores movilizados.
La crisis social, que cumple su segunda semana con más de 70 bloqueos de carreteras, se agravó tras la intervención de la fuerza pública en las zonas de Río Seco y en las inmediaciones de la planta de hidrocarburos de Senkata.
Efectivos de la Policía Boliviana utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes y despejar las vías de acceso a La Paz, lo que desató enfrentamientos y una inmediata radicalización de las protestas.
En un mensaje televisado, Paz Pereira instó a los dirigentes a retomar el diálogo para dar «certidumbre hacia el futuro», mientras responsabilizaba a los bloqueos por el desabastecimiento de combustibles y el alza de precios.
El mandatario defendió su gestión citando exportaciones por 4.500 millones de dólares en el primer trimestre, pero su narrativa de estabilidad chocó con la realidad en las calles de El Alto y las carreteras del país.
El operativo policial en Senkata actuó como un catalizador para que organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos y la Federación de Campesinos Tupac Katari rechazaran cualquier acercamiento con el Ejecutivo.
«Ya no le creemos a este gobierno; no queremos diálogo, queremos su renuncia por su incapacidad», afirmaron voceros de los sectores sociales, quienes además denunciaron una supuesta coordinación entre el alto mando militar y policial para reprimir al pueblo.
La presión sobre el palacio de gobierno se intensificó con el avance de una marcha liderada por el expresidente Evo Morales, que partió desde Caracollo con destino a la sede de Gobierno.
Morales calificó la situación como una «rebelión» contra el sistema y acusó a la administración de Paz Pereira de intentar frenar el descontento mediante la criminalización de la protesta y la persecución judicial.
Al conflicto se sumaron sectores clave para la economía diaria. Las federaciones de choferes de La Paz y El Alto, junto al transporte libre de Cochabamba, confirmaron su integración a las medidas de presión ante la falta de respuestas sobre el suministro de combustible.
Asimismo, las cooperativas mineras de La Paz (Fedecomin) se declararon en estado de emergencia y anunciaron bloqueos a partir del jueves, tras denunciar que fueron «humillados» por el presidente al no asistir a una reunión previamente pactada.
Mientras el desabastecimiento se profundiza en el occidente boliviano, el Gobierno enfrenta un aislamiento creciente, con ministros calificando los bloqueos de «criminales» y legisladores de oposición sugiriendo la evaluación de un estado de excepción para retomar el control de las rutas nacionales.