Indígenas llegan a La Paz tras 28 días de marcha y exigen reunión con Paz; el Gobierno aún no responde

Cientos de indígenas amazónicos llegaron este lunes a la sede de Gobierno tras una caminata de 28 días y más de 1.000 kilómetros desde el norte del país, con un pedido único y directo, ser recibidos por el presidente Rodrigo Paz para discutir la ley de tierras que, según afirman, pone en riesgo sus territorios.

Los manifestantes, provenientes principalmente de Pando y Beni, señalaron que no buscan intermediarios ni mesas técnicas, sino una reunión directa con el mandatario para plantear la anulación de la norma promulgada en abril.

“Queremos hablar con el presidente. No queremos que otros decidan por nosotros”, dijo María Parada, agricultora de la provincia Moxos, tras su llegada a La Paz.

La marcha partió desde la localidad de Porvenir, población del norte de Bolivia a 22 metros sobre el nivel de mar, y fue sumando participantes a lo largo del recorrido, en condiciones que incluyeron caminatas prolongadas, pernocte en escuelas y noches a la intemperie, hasta alcanzar los más de 3.600 metros de altitud de la ciudad de La Paz.

El punto de conflicto es una ley que permite reclasificar pequeñas propiedades agrarias como medianas para facilitar el acceso a crédito. Los indígenas sostienen que esa medida abre la posibilidad de pérdida de tierras ancestrales en favor de actores externos.

“El presidente quiere que seamos esclavizados por los empresarios”, afirmó otra manifestante, Marina Parapaibo, al referirse a la norma.

Pese a la llegada de la marcha y a la insistencia en un diálogo directo, hasta el momento el Gobierno no ha confirmado una reunión con el presidente ni ha emitido una respuesta oficial específica a esa solicitud.

El Ejecutivo ha defendido previamente la ley, señalando que el cambio de categoría de la tierra es voluntario y que no implica riesgo de despojo.

La movilización indígena se instala así en La Paz en un escenario de creciente presión social, donde distintos sectores demandan respuestas directas del Gobierno, en medio de cuestionamientos a su capacidad de interlocución.

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