Gobierno pide rigor en el debate salarial, pero no abre los datos del gasto en sueldos
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Un cruce de cifras entre el economista Gonzalo Colque y el Ministerio de Economía sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 desplazó el debate más allá del monto del gasto salarial hacia una pregunta de fondo: ¿Qué tan verificables son los datos que el propio Estado pone a disposición de la población?.
Según el análisis de Colque, el presupuesto de sueldos y salarios para diez ministerios y la Vicepresidencia pasaría de 709 millones de bolivianos ejecutados en 2025 a 995 millones presupuestados para 2026, un aumento cercano al 40%. El economista sostiene que esa cifra aparece agregada y sin desglose por cartera, lo que impide identificar su composición.
El Ministerio de Economía rechazó esa lectura y la calificó de “errónea” y “falsa”, al argumentar que compara ejecución con programación y omite la totalidad de la gestión anterior. Afirmó además que el gasto en personal se reducirá en el marco de una política de ajuste y optimización del Estado.
Sin embargo, el ministerio no difundió un cuadro comparativo desagregado de sueldos y salarios 2025–2026 por ministerio que permita contrastar ambas afirmaciones, según la información pública disponible.
Un dato en disputa
La divergencia descansa en dos planos: la base de comparación y el nivel de detalle. Mientras Colque contrasta ejecución 2025 con presupuesto 2026, el Gobierno sostiene que la comparación válida debe hacerse entre magnitudes homogéneas. Pero sin series completas y comparables, el desacuerdo no puede resolverse.
En términos prácticos, el punto crítico no es solo cuánto cambia el gasto, sino cómo está compuesto, cuánto responde a creación de ítems, cuánto a reestructuración institucional y cuánto a variaciones salariales. Ese nivel de desagregación no está disponible de forma accesible.
Sin desglose, sin verificación
La Ley del PGE 2026, en su versión pública, no permite reconstruir una comparación directa y detallada del gasto en sueldos por ministerio frente a la ejecución de 2025. Ese vacío deja el debate en un terreno declarativo.
Sin esos datos:
- no es posible establecer si la masa salarial aumenta, disminuye o se redistribuye;
- no se puede aislar el efecto de nuevas funciones o cierres de entidades;
- no se puede verificar si la estimación del 40% es un error metodológico o una señal de alerta.
En síntesis: sin datos desagregados, no hay verificación.
De la técnica a la transparencia
El Ministerio ha llamado a un análisis “responsable” del presupuesto. En estándares de rendición de cuentas, esa exigencia es recíproca, desmentir implica también mostrar la evidencia que permita a terceros comprobar el desmentido.
El gasto en salarios públicos, en un contexto de ajuste y restricciones fiscales, es un indicador sensible de la coherencia entre discurso y política. Por ello, la ausencia de detalle no es neutra: limita la capacidad de escrutinio.
Preguntas abiertas
Mientras no se publique el desglose completo, el eje del debate seguirá desplazado:
- ¿La masa salarial del Ejecutivo aumenta o disminuye en 2026?
- ¿Qué proporción corresponde a nuevos cargos, reordenamientos o ajustes?
- ¿Por qué no se presenta el detalle que permitiría validar la afirmación oficial de reducción del gasto?
La controversia no gira solo en torno a una cifra, sino a la posibilidad de probarla. Y, por ahora, ese margen de comprobación permanece restringido.