Denuncian más de 50 vuelos de ministro en 23 días y cuestionan origen de los recursos
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El exsecretario de Relaciones Internacionales de la CSUTCB, Omar D. Ramírez Nina, denunció que el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Mario Justiniano, habría realizado más de 50 vuelos en un periodo de 23 días, tanto nacionales como internacionales, con un costo estimado de 250.000 dólares, y cuestionó si ese gasto proviene de recursos públicos o del patrimonio personal de la autoridad.
Según Ramírez Nina, la aeronave habría operado con una frecuencia de entre tres y cinco vuelos diarios, con trayectos hacia Brasil y Paraguay, además de rutas internas, y un costo de hasta 6.000 dólares por vuelo, lo que equivale aproximadamente a 1,75 millones de bolivianos. Estas cifras corresponden a estimaciones que requieren verificación independiente.
Los registros de vuelo de la aeronave CP-3243 evidencian un ritmo de operación intenso entre Santa Cruz y La Paz, prácticamente a diario, junto con conexiones internacionales. Este patrón coincide, en varios casos, con actividades públicas, lo que abre interrogantes sobre el uso de la aeronave.
El ministro Justiniano ha señalado que la aeronave es de propiedad familiar y que no presta servicios al Estado, por lo que, según su versión, no implica gasto público.
En ese contexto, el economista Gonzalo Colque planteó cuestionamientos sobre la frecuencia y el uso de los vuelos: ¿cómo se explica una frecuencia tan alta de conexiones con la sede de gobierno?, ¿quiénes son los pasajeros, autoridades públicas o personas sin vínculo estatal?, ¿existe una separación clara entre actividades personales, funciones públicas y agendas oficiales?
Colque advirtió que los registros de vuelo no constituyen prueba de ilícitos, pero sí una señal de alerta sobre la necesidad de transparencia. “Cuando una aeronave vinculada a una autoridad mantiene este nivel de actividad, esclarecer su uso con respaldo documental no es opcional”, señaló.
Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Productivo no ha emitido una respuesta detallada sobre la procedencia de los recursos ni sobre la relación entre estos vuelos y las funciones oficiales.
El eje del cuestionamiento se mantiene abierto: si los desplazamientos corresponden a actividades privadas, su financiamiento debería ser plenamente aclarado; si están vinculados a funciones públicas, corresponde establecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.