Gobierno libera uso de tarjetas en el exterior y elimina contrataciones directas en giro económico y administrativo
3 min. 
El Gobierno anunció la habilitación irrestricta del uso de tarjetas de crédito y débito para pagos en el exterior y aprobó la eliminación de 161 decretos que permitían contrataciones directas, en una serie de medidas orientadas a normalizar el sistema financiero y reformar la gestión pública bajo criterios de transparencia.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que desde este martes el sistema financiero nacional permitirá nuevamente transacciones internacionales con tarjetas, incluyendo compras en línea y pagos de servicios, al tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia.
La medida elimina restricciones previas y permitirá un uso irrestricto de tarjetas de crédito según la capacidad de pago del titular, mientras que las tarjetas de débito tendrán un mínimo habilitado de 500 dólares mensuales, ampliable por cada entidad financiera.
Según el Gobierno, la disposición beneficiará a más de 2,7 millones de usuarios y a más de ocho millones de tarjetas en circulación, incluyendo estudiantes, pacientes y usuarios de plataformas internacionales.
En paralelo, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 5600, que elimina más de 161 normas que permitían la contratación directa de bienes, obras y servicios en el Estado.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que este mecanismo se convirtió en muchos casos en “corrupción directa”, al permitir adjudicaciones sin licitación ni control.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que estos decretos habilitaban contratos millonarios sin competencia, acumulando más de 96 millones de dólares y 7.930 millones de bolivianos, además de 105 normas sin monto definido que podían aplicarse de forma discrecional.
La nueva norma establece que todas las contrataciones públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos, y dispone una revisión de las adjudicaciones realizadas en años anteriores para identificar posibles irregularidades.
“El nuevo decreto busca revertir esta práctica estructural y restablecer reglas claras: más competencia, mejores precios y mayor control ciudadano”, señala un boletín oficial.
El Gobierno también anunció que en un plazo de 30 días se reglamentará el proceso de auditoría y revisión de contratos previos.
Las autoridades enmarcaron estas decisiones como parte de un cambio de modelo. Paz calificó la medida como un “ataque directo a un sistema de corrupción” que, según afirmó, se consolidó durante dos décadas.