Defensa de Marset denuncia vulneración de derechos y niega declaración en EE.UU.

Montevideo.- El abogado Santiago Moratorio denunció que los derechos de su cliente, el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fueron vulnerados al ser expulsado DE Bolivia a Estados Unidos y negó que haya declarado ante autoridades de ese país, como afirmó el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. “En ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración”, dijo.

Moratorio sostuvo que la captura y posterior expulsión de Marset, ejecutadas en la madrugada del viernes por la Policía boliviana, se realizaron sin respetar garantías como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Según explicó, el operativo se desarrolló entre las 02:00 y las primeras horas de la mañana, tras lo cual el ciudadano uruguayo fue trasladado a Estados Unidos y entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El abogado afirmó que la actuación de las autoridades vulneró el artículo 37 de la Ley Migratoria boliviana, que establece un plazo mínimo de 15 días hábiles para que un extranjero pueda ejercer su defensa antes de ser expulsado.

“En ese horario, ¿qué tipo de defensa pudo haber tenido nuestro defendido?”, cuestionó. También advirtió que no se habría garantizado el derecho a impugnar la resolución, previsto en la normativa boliviana.

Marset enfrenta en Estados Unidos cargos por conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico y compareció el lunes ante un juez magistrado en una audiencia preliminar que, según su defensa, duró pocos minutos.

Moratorio indicó que en esa comparecencia su cliente no prestó declaración y solo confirmó que está en proceso de contratar a su equipo legal definitivo.

El acusado permanece detenido en Alexandria, Virginia, a la espera de una nueva audiencia prevista para el viernes 20 de marzo.

El abogado presentó además al equipo jurídico que asumirá la defensa, integrado por Rodrigo da Silva, Michael Padula y Jean Rossy, quienes acompañan el proceso en Estados Unidos.

Por su parte, autoridades bolivianas sostienen que la expulsión se realizó en el marco de la normativa vigente, que permite retirar del país a personas con procesos penales en el exterior.